Coronavirus en tiempos de dictadura

El jueves pasado Confidencial reveló un Protocolo de respuesta al coronavirus elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa), en el que se describen algunas de las medidas internas que ha adoptado el Gobierno para responder a la pandemia del covid-19.

En el protocolo oficial del Minsa, que hasta ese momento era mantenido en secreto, el Gobierno proyecta que en seis meses el coronavirus contagiará a 32 500 personas en Nicaragua y producirá 813 muertos. Sin embargo, a pesar de la gravedad de esa advertencia, el Ministerio de Salud no ha diseñado una verdadera estrategia de prevención basada en campañas de información hacia la población y medidas básicas para evitar la propagación del virus, como el establecimiento de cuarentenas o restricciones para los viajeros procedentes de países en los que se ha desatado la epidemia.

Por el contrario, lo que prevalece en nuestras máximas autoridades es una actitud secretista y negacionista, que antepone el delirio de poder de los gobernantes y su urgencia económica recaudatoria, frente al derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos. Solo así se explica que a pesar de las recomendaciones de la Organizacion Mundial de la Salud de evitar aglomeraciones, la vicepresidenta Rosario Murillo haya convocado el sábado en Managua a una manifestación masiva del partido FSLN y los servidores públicos, financiada con los recursos del Estado. Fue una especie de caminata y carnaval, con música y baile incluido, bajo el eufemístico título de “Amor en tiempos de covid-19” en el que participaron decenas de miles de personas: hombres y mujeres, adultos mayores, y niños, para rendir culto a la personalidad del caudillo, ante el elocuente silencio del enviado especial de la OPS que 24 horas antes elogiaba la preparación de nuestro sistema de salud.

Después de la represión que asesinó a más de 300 personas que protestaron en 2018 y tras la imposición de un estado policial, que ha conculcado el derecho de reunión, la libertad de movilización, la libertad de prensa y de expresión, creíamos que ya habíamos visto todo en materia del desprecio a los derechos ciudadanos y el aferramiento al poder de Ortega y Murillo, ante el surgimiento de una nueva mayoría política Azul y Blanco que demanda un cambio político democrático. Pero ahora el régimen está poniendo en riesgo la salud de todos, especialmente de los más pobres, incluyendo a sus mismos partidarios. Estamos ante un acto de irresponsabilidad extrema, que algunos atribuyen al estado de salud mental de la pareja presidencial, aunque la locura nunca puede ser un atenuante para la comisión de crímenes de Estado.

En realidad, Nicaragua está viviendo los efectos impredecibles de la crisis política terminal de una dictadura: el desgobierno y la ausencia del gobernante solamente son el síntoma de la enfermedad. Como en 1979, durante la crisis del somocismo hace 41 años, estamos gobernados por un ausente, que no solo es responsable de crímenes de lesa humanidad, sino que con su indolencia está conspirando con ventaja y alevosía contra de la salud de toda la población.

La irracionalidad del régimen que se resiste a declarar una emergencia para prevenir el coronavirus, ha generado toda clase de conjeturas sobre cuáles son sus objetivos ulteriores. Uno de las más plausibles es que Ortega quiere evitar a toda costa que se vea afectado el nivel agregado de consumo y la supuesta normalidad económica que hay en el país. La prioridad de este régimen que se proclama “cristiano, socialista y solidario” no son los seres humanos, ni siquiera la economía, sino únicamente recaudar impuestos y alimentar el esquema de extorsión que mantiene a flote las finanzas públicas para pagar la planilla de la represión. Pero lo cierto es que bajo la dictadura de Ortega, mucho antes de la inminente llegada del coronavirus, Nicaragua ha vivido ya tres años consecutivos de recesión económica provocada por la crisis política. La reactivación de la economía, por lo tanto, no pasa por abrir las puertas del país a la pandemia que más bien podría sellar el colapso del Estado, sino por desalojar del poder a la dictadura Ortega-Murillo. La salida radica en ejercer más presión cívica, a la par de la presión y las sanciones internacionales, hasta lograr el levantamiento del estado policial. Ese es el primer paso para convocar a una reforma política y elecciones libres, para terminar con la dictadura, y sacar al país del estado de postración y crisis económica.

Mientras tanto, la alternativa que le queda a los nicaragüeneses es convocar a una gran cruzada ciudadana con el apoyo de médicos y epidemiólogos, medios de comunicación independientes, gremios empresariales, colegios y universidades, familias y comunidades, la Iglesia católica y evangélica, para derrotar el secretismo y la odiosa manipulación informativa oficial. Es imperativo organizar, desde la sociedad civil, una estrategia nacional de prevención para enfrentar la pandemia del coronavirus, a pesar de Ortega y Murillo.

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