13 de junio 2019
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A las 11:15 de la noche del jueves 13 de diciembre del año pasado, la Policía Nacional tomó por asalto la redacción de Confidencial y Esta Semana, los medios de comunicación independientes que dirijo desde hace más de veinte años. Sin exhibir una orden judicial o el mandato de alguna autoridad, los oficiales armados detuvieron a los guardas de seguridad privada, derribaron las puertas con violencia y durante más de cuatro horas saquearon nuestra redacción. Cuando logré entrar a la oficina en la madrugada del día siguiente, constaté que se habían robado todas las computadoras, equipos de edición y filmación de televisión, así como nuestros documentos institucionales, contables y privados.
Mi primera reacción fue responsabilizar al presidente Daniel Ortega por haber convertido a la Policía en una banda delincuencial pues de acuerdo a la ley, él es el Jefe Supremo de la institución y el último responsable de una orden de esa naturaleza. Denuncié, además, que se estaba realizando una triple violación: contra la libertad de prensa, la libertad empresa y la propiedad privada, pues el inmueble allanado y los bienes incautados, no tenían relación con alguna de las organizaciones no gubernamentales a las que se despojó de su personería jurídica el doce de diciembre y que fueron allanadas la noche del trece, sino que pertenecían a tres empresas debidamente inscritas en el Registro Mercantil de la Propiedad: Invermedia (productora de Confidencial), Promedia (productora de Esta Semana) y Cabal (empresa consultora de servicios ambientales). Por último, emplacé al presidente Ortega, a la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel; y a la fiscal general, Ana Julia Guido, a que presentaran algún soporte legal para justificar la conducta delictiva de la Policía, pero nunca brindaron una respuesta oficial, excepto nuevos actos de agresión, intimidación y graves amenazas, que me obligaron a buscar refugio con mi esposa en Costa Rica, en enero de este año.
Unas horas después del asalto, en la noche del viernes 14, la Policía regresó a ocupar nuestra redacción y la mantiene tomada manu militari hasta hoy, seis meses después, ejecutando una confiscación de facto que está prohibida por la Constitución. Sin embargo, a pesar del robo masivo y la ocupación ilegal de nuestra redacción, jamás pudieron callarnos ni desviarnos de nuestro sagrado compromiso de informar la verdad. Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, se han mantenido en línea desde el mismo día del asalto, desafiando la persecución y la censura oficial, en Nicaragua y desde el exilio, haciendo el periodismo de calidad que se merecen los ciudadanos, para fiscalizar el poder y promover el debate público, aun en medio de un estado de excepción de facto.
Desde entonces, hemos agotado todos los recursos legales y administrativos para demandar al Estado la devolución de los bienes confiscados y la indemnización por los daños económicos y morales provocados a las empresas Invermedia, Promedia, Cabal, y a los trabajadores de estos colectivos.
- El quince de diciembre fuimos a las oficinas del director general de la Policía a demandar la desocupación del inmueble, y la única respuesta que recibimos fue la violenta agresión de una brigada de antimotines.
- El 17 de diciembre introdujimos, ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, dos Recursos de Amparo en nombre de las empresas Promedia e Invermedia, respectivamente, y un tercero el once de enero de 2019 en nombre de la empresa Cabal, propiedad de mi esposa Desirée Elizondo, demandándole a la Corte Suprema de Justicia que ordene “la suspensión del acto de apropiación y tenencia ilícita perpetrados por la Policía Nacional”. Los tres Recursos de Amparo fueron debidamente tramitados y admitidos por la Corte Suprema de Justicia, y después de transcurridos los 120 días que manda la Ley, no se ha producido ningún fallo ordenando la suspensión del acto.
- El 19 de diciembre presentamos ante el Ministerio Público una denuncia para que investigue a la Policía Nacional por la comisión de los delitos de “robo con fuerza (documentando el inventario preliminar de los bienes robados a los particulares y las tres empresas mencionadas), daños a la propiedad, violación de domicilio, y usurpación de dominio privado”. Casi seis meses después, el Ministerio Público no ha ordenado alguna investigación sobre estos delitos que permanecen en la impunidad.
La única versión que se conoce hasta hoy, en un intento por justificar la confiscación, es el informe que presentó ante el Tribunal de Apelaciones el director general de la Policía, Francisco Díaz, alegando que al asaltar y ocupar Esta Semana y Confidencial estaba “cumpliendo órdenes” del Ministerio de Gobernación de tomar posesión de los activos y bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), de la cual soy miembro de su Junta Directiva, cuya personería jurídica fue despojada de forma arbitraria por la Asamblea Nacional el 12 de diciembre.
Sin perjuicio del recurso por inconstitucionalidad que Cinco presentó ante la Corte Suprema de Justicia por el despojo de su personería jurídica, la agresión del Estado contra Promedia, Invermedia y Cabal, no puede justificarse al amparo de la cancelación arbitraria de la personería a dicha oenegé, porque no existe una relación vinculante entre ambas instituciones. Estamos ante dos abusos de poder ejecutados de forma paralela, que han sido rechazados de forma contundente. En el caso de Confidencial, es una agresión contra la libertad de prensa y la libertad de empresa; y en el despojo de la personería jurídica de Cinco, es una agresión del Estado contra el derecho de asociación y demás derechos democráticos tutelados por la Constitución.
Pero, en realidad, como lo saben perfectamente bien las autoridades del Ministerio de Gobernación, la Fiscalía, y la Policía, no existe ninguna relación jurídica, económica, o institucional, entre la oenegé Cinco, registrada ante la dirección de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, y las empresas Invermedia, Promedia, y Cabal, sociedades anónimas que están inscritas en el Registro Mercantil. Así como tampoco existe alguna relación entre la oenegé Cinco, cuyo domicilio desde enero del año 2018 se encuentra ubicado en Plaza España, y el inmueble allanado, ubicado en Planes de Altamira, del que soy su propietario como persona natural.
Existe, además, un antecedente ocurrido hace 10 años, que es pertinente recordar para descartar que las autoridades hayan actuado bajo alguna confusión o equivocación, durante el asalto a Confidencial. El 11 de octubre de 2008, cuando la dictadura de Daniel Ortega iniciaba su escalada de agresiones contra el ejercicio de los derechos democráticos, la Policía Nacional, al mando de la directora de Auxilio Judicial Glenda Zavala y el comisionado Luis Barrantes, y el Ministerio Público, representado por el fiscal Douglas Vargas, efectuaron un allanamiento forzoso en contra de las oficinas de Cinco. El pretexto era incautar 15 000 folios de información contable de la oenegé, como parte de una investigación por presunción de lavado de dinero, que tres meses después sería descartada. Durante las 15 horas que duró el allanamiento ejecutado por decenas de policías y fiscales, ni el fiscal Vargas, ni los comisionados Zavala y Barrantes, se atrevieron a incursionar en la redacción de Confidencial y Esta Semana, o en las oficinas de Cabal, pues reconocieron que no tenían facultades para invadir empresas privadas que no eran propiedad de la oenegé o de sus proyectos, y respetaron la existencia de varias entidades separadas, que entonces arrendaban oficinas en el mismo edificio.
¿Por qué entonces asaltaron Confidencial una década después, el 13 de diciembre de 2018? La única explicación plausible es que la Policía Nacional recibió de su Jefe Supremo en El Carmen, una orden política punitiva, al margen de la ley y el Estado de Derecho, que condujo al asalto, secuestro y confiscación de Confidencial, Esta Semana y Cabal. De la misma manera, una semana después asaltaron 100% Noticias, criminalizando el ejercicio del periodismo con la captura y el aberrante juicio político que impusieron contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau.
La liberación de Miguel y Lucía representa el primer paso para restituir el derecho a la libertad de prensa, pero aún faltan garantías plenas para ejercer el periodismo en libertad en Nicaragua. Ortega debe cesar la persecución contra los periodistas y la campaña de intimidación y amenazas contra los medios, y ordenar al al Estado la suspensión de los actos confiscatorios contra Confidencial y 100% Noticias, devolver lo robado, e indemnizar a los afectados por daños morales y económicos. El siguiente paso es que la Corte Suprema de Justicia resuelva los Recursos de Amparo presentados por las empresas Invermedia, Promedia y Cabal, para restituir el Estado de derecho que tutela la libertad de prensa. Mientras tanto, la prensa independiente seguirá derrotando el monólogo oficial y la censura del régimen, que desde la matanza de abril perdió para siempre la batalla por la verdad.
