21 de noviembre 2016
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En plena crisis de seguridad y migraciones en el triángulo norte de Centroamérica (CA-3), crisis fiscal y postración económica y social en El Salvador, y un serio problema de legitimidad democrático-institucional en Nicaragua, las pequeñas, divididas y frágiles naciones del norte de Centroamérica (CA-4) son muy vulnerables para enfrentar “el terremoto” de Trump en la Casa Blanca. Aún más, divididas internamente y entre ellas, sin reformas ni estrategia común.
Las amenazas son grandes: en inmigración masiva y seguridad; en remesas, comercio y empleos; y en profundas divisiones internas potenciadas con la llegada del nuevo poder en Washington. Este, ahora unificado y fortalecido con la próxima hegemonía republicana-conservadora, será ejercido con firmeza para ejecutar su misión y agenda, con fuertes oposiciones adentro y afuera.
Respecto al Muro con México, Trump “moderó” su posición después de ser electo: solo deportará de 2 a 3 millones de los 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos y centroamericanos: “Lo que haremos es agarrar a la gente que son criminales y tienen historial criminal, miembros de pandillas, narcotraficantes, donde mucha de esa gente, probablemente dos millones, podría ser tres millones, los vamos a sacar del país o los vamos a encarcelar”, dijo Trump. Y Kris Kobach, su asesor de inmigración, sugirió que las cifras pueden ser ahora mayores, aunque el Instituto de Política Migratoria las estime en 690 mil.
En la víspera del primer gran desembolso de Estados Unidos para la ejecución de la Alianza para la Prosperidad en el CA-3, ¿cuestionará el gobierno Trump las certificaciones de la administración Obama al Congreso sobre el cumplimiento de condiciones, o será más duro en la interpretación de las próximas? La posición tripartita conjunta en temas de migración, empleo e inversión que los cancilleres formularán –reafirmando las bases de su relación con el nuevo gobierno estadounidense– es un buen paso, solicitando después la continuación del valioso espacio de diálogo y cooperación construido con la Vicepresidencia de Joe Biden.
¿Podrá el gobierno salvadoreño continuar obteniendo cooperación de Estados Unidos con la administración Trump –bilateral y de la Alianza por la Prosperidad– si su partido continúa hostigando a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y alineado al chavismo en Venezuela? Difícil...
En la última década, Daniel Ortega en Nicaragua logró progresiva y sistemáticamente destruir la institucionalidad democrática y controlar los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, electoral, todos los partidos políticos legales, y ganar abrumadoramente las últimas elecciones presidenciales para un tercer mandato. La aprobación del Congreso norteamericano de la ley Nica Act amenaza con sanciones los créditos del BID y del Banco Mundial, sin descartarse eventuales sanciones económicas-comerciales bilaterales, exhortando al restablecimiento de la democracia.
Hasta el final de la administración Obama se agotó el esquema de cooperación de la última década entre ambos gobiernos: control del narcotráfico y de la seguridad a cambio de pasividad de Washington sobre violaciones a la de democracia y a elecciones transparentes y competitivas. El 7 de noviembre, un día después de las votaciones, Mark Toner, portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dio a conocer un comunicado que expresaba una “profunda preocupación por el proceso viciado de elecciones presidenciales y legislativas de Nicaragua”. Mientras el lunes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, manifestó que su país no tiene dudas acerca de la limpieza de las elecciones de Nicaragua y que los resultados de esos comicios “no se discuten por nadie de la oposición nicaragüense, salvo por su parte marginal”. No obstante, es improbable que Nicaragua sea objeto de negociación en la agenda de Trump con Putin. Su integración al bloque del CA-4 sería provechoso, más allá de su estrategia de fortalecimiento de su relación bilateral.
Después del Nica Act con la nueva administración Trump, el presidente Ortega se verá obligado a considerar algunas reformas para evitar sanciones, legitimar su nuevo gobierno, asegurando el financiamiento internacional y el comercio con Estados Unidos, sabiendo que el FSLN es, de lejos, la primera fuerza política del país, y que también ganaría las elecciones si fueran transparentes y competitivas. ¿Decidirá al menos, ejecutar las recomendaciones de la OEA para reformar el sistema político-electoral?
Con México y Argentina Trump dio ya sus primeras señales, pero con Centroamérica la situación es diferente por su percepción de irrelevancia, y porque con las particulares características de Trump y un Congreso conservador-republicano, no hay todavía interlocutores válidos en las presidencias y gobiernos del CA-4. Los más grandes empresarios centroamericanos tienen excelentes relaciones con republicanos moderados como Mitt Romney, excandidato presidencial y principal crítico de Trump en el Partido Republicano. La Asociación Nacional de la Empresa Privada salvadoreña contrató al exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani para elaborar una estrategia de seguridad que el gobierno ignoró. Ahora es uno de los principales aliados de Trump y un fuerte candidato a secretario de Estado.
Con el control conservador-republicano de todos los poderes del Estado y con lo que Trump se propone hacer, se impone la sensatez, el realismo y la concertación centroamericana, fortaleciendo la democracia y la institucionalidad interna, y estableciendo alianzas con diversos factores de poder en Estados Unidos.
Publicado originalmente en La Prensa Gráfica.
