4 de abril 2016
Si usted pone el nombre de Mauricio Macri en el buscador de la página web del canal Telesur, leerá una semblanza descalificadora del mandatario argentino, publicada en noviembre de 2015, en plena campaña presidencial en esa nación suramericana. Allí Macri es retratado como un oligarca neoliberal, entregado a los intereses del gran capital foráneo, sin el menor asomo de patriotismo o compromiso con los derechos sociales de las mayorías en Argentina.
Ahora el nuevo presidente ha tomado la decisión esperada y comprensible de retirar a su gobierno del directorio de patrocinadores de un canal de televisión que hizo campaña en su contra durante las últimas elecciones. La medida no implica una prohibición de trasmitir o captar la señal de Telesur en Argentina, mucho menos una censura del canal o sus publicaciones electrónicas, sino simplemente un retiro del Estado argentino como patrocinador de la televisora.
En el directorio de Telesur participan los cinco gobiernos bolivarianos (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba) más Argentina y Uruguay. Venezuela aporta el 51% de los fondos del canal y Argentina el 16%, por lo que poco más del 30% restante se lo reparten los cinco miembros de la ALBA. Argentina probablemente sea el país que más recursos transfiere a Telesur, después de Venezuela. Es muy raro que los gestores de la televisora no previeran una redistribución de los fondos, luego del triunfo electoral de un político que han tratado como enemigo.
La reacción de Nicolás Maduro al anuncio del gobierno argentino fue previsible. El chavismo acusa a Mauricio Macri de “censura” y lo presenta como continuador de la última dictadura militar en ese país. Según Maduro, la retirada de Buenos Aires del financiamiento de Telesur es una acción hostil contra su gobierno que no puede ser acatada. Maduro no sólo ha asumido que lo que propone Macri es una prohibición de la señal sino que ha sugerido que Venezuela buscará nuevas vías tecnológicas de mantener la trasmisión televisiva.
Tras las declaraciones de Maduro, en un desdoblamiento típico de los gobiernos bolivarianos —empezando por el cubano—, la presidenta de Telesur, Patricia Villegas, propuso al gobierno argentino “debatir”, “negociar” y “no tirar por la borda un esfuerzo de una década”. Lo primero que tendrían que reconocer los titulares de Telesur, por lo menos, es que la decisión del gobierno argentino no implica una censura sino una decisión soberana que ajusta sus prioridades en materia de telecomunicaciones a su perfil ideológico.
¿No es eso, exactamente, lo mismo que hacen todos los días los medios chavistas? La única diferencia en el funcionamiento de los medios en sociedades democráticas y aquellas donde gobierna la izquierda autoritaria latinoamericana, es que en las democráticas no se prohíben los medios alternativos de la oposición. Nada más lógico que si Telesur considera que el gobierno de Macri es “antipopular”, “cipayo” o “entreguista” prefiera operar, a partir de ahora, como un medio opositor o no gubernamental.
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Publicado originalmente en ProDavinci.