Guillermo Rothschuh Villanueva
3 de marzo 2024
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El encarcelamiento de Assange resulta inconcebible para la prensa y millares de personas que han seguido de cerca un juicio que jamás debió iniciarse
Lazos amarillos de los simpatizantes de Julian Assange colgados en los Tribunales Reales de Justicia, en Londres. Foto: EFE
“Decenas de veteranos de la ocupación de Irak y de Afganistán declararon públicamente durante la reunión de cuatro días, organizada por el colectivo Soldado de Invierno, sobre los crímenes que cometieron durante el transcurso de la batalla, muchos de los cuales fueron provocados por las órdenes o las políticas establecidas por los oficiales superiores”, Las masacres de Irak y Afganistán en voz de los invasores. VoltaireNet.org 10 de junio 2010
Nadie más consciente que Julian Assange, director de WikiLeaks, de los riesgos que incurría al entregar a diferentes medios los documentos clasificados puestos a su disposición. Un riesgo que a su juicio valía la pena correr: hacer del conocimiento público acciones reñidas con la ley realizadas por funcionarios y gobernantes de Estados Unidos. Las publicaciones cimbraron en los aposentos de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono. Estaba convencido de lo escandaloso y reprochable que resultarían. Ponían al desnudo el carácter fraudulento de su diplomacia, reflejo de su política exterior. No cabía dudas que pueblos y gobernantes rechazarían su doble rasero.
El juicio que se le sigue ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales decidirá si Assange puede continuar o no recurriendo ante el Reino Unido la posibilidad de evitar su extradición hacia Estados Unidos. Los magistrados Victoria Sharp y Jeremy Johnson escucharon durante el martes 20 y el miércoles 21 de febrero los alegatos de la defensa de Assange y del gobierno estadounidense. Al final de la audiencia, los jueces argumentaron que harían una pausa para decidir la apelación. Algunos periodistas desconfían de su actuación debido al poco espacio reservado a la prensa y a la deficiencia de técnica del audio ofrecido en una sala distinta. Su actitud generó sospechas.
El encarcelamiento de Assange resulta inconcebible para la prensa y millares de personas que han seguido de cerca un juicio que jamás debió iniciarse. Una prueba que el mundo camina al revés. En vez de detener y enjuiciar a quienes incurrieron en violaciones sistemáticas de los derechos humanos y actos de corrupción, sentaron en el banquillo al mensajero. Los culpables están libres. La similitud con el juicio emprendido contra The New York Times —absuelto por la publicación de “Los papeles del Pentágono”— resulta absoluta. En la prensa norma el principio de interés público. El conocimiento de los documentos interesaba a todos. Nunca debió emprenderse una cacería en su contra.
El apoyo frente a la corte y peticiones ciudadanas y de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de expresión, exigen exculpar al mensajero bajo la certeza de no haber incurrido en ningún delito; esperan que los jueces sean suficientemente maduros a la hora de dictar sentencia. Temo que se hagan eco de los reparos de los gobernantes, invocando razones de Estado. Los que administran el poder político siempre alegan a su favor un interés superior, especialmente cuando simulan defender la integridad del Estado. Como si la justicia pudiera aplicarse en contra de quienes ejercen el sagrado derecho de proteger a la ciudadanía de sus desmandes.
Los exdirectores de los medios de comunicación que publicaron los documentos proporcionados por WikiLeaks —El País, The Guardian, The New York Times, Le Monde y Der Spiegel— cada uno a su manera han salido en defensa de Assange. En lo que han sido unánimes y enfatizado es que lo que está en juego es el futuro de la libertad de expresión. Una condena contra el australiano supondría un golpe mortal en contra de una libertad maltrecha en las horas bajas que vive el periodismo. Ninguno duda que se trata de un juicio político a través del cual pretenden sentar un precedente. Invocan la Ley de Espionaje (1917), adoptada por Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial.
Para la periodista Soledad Gallegos-Díaz, la extradición de Assange tendría consecuencias impredecibles. Los grandes ganadores serían los violadores de los derechos humanos y quienes se enriquecen a la sombra del Estado. Dejaría la puerta abierta a quienes disfrazan sus actos delictivos. Gallegos-Díaz analizó y desentrañó la turbidez de los documentos. Está convencida que “la sociedad necesita personas que hagan el trabajo que hizo Julian Assange. Los periodistas necesitamos acceder a documentos como los que Assange nos facilitó. Cerrar el camino de los whistleblowers (informadores, denunciantes) es la mejor manera de proteger a delincuentes de alto rango”.
Pese a evidencias en contrario, los exdirectores de The New York Times, El País, Der Spiegel, The Guardian y Le Monde vuelven a enzarzarse discutiendo si Assange es o no periodista. Una discusión bizantina. En 2009, un año antes que estremeciera al mundo, Amnistía Internacional (AI) le confirió el Premio Amnistía Internacional de los Medios Británicos y en 2011 fue galardonado con el Premio de Periodismo Martha Gellhron. Al otorgarle el galardón consideraron que “WikiLeaks ha sido retratado como un fenómeno de la era de la información. (…) Su objetivo de justicia a través de la transparencia es el más antiguo y de la mejor tradición del periodismo”. Por demás WikiLeaks era un portal.
Existen dos razones adicionales para disentir de periodistas de renombre. La primera tiene que ver con la crisis que vive el periodismo debido a la expansión exponencial de las redes sociales. Cada día un mayor número de personas se encarga de transmitir información a través de estos canales. Esta realidad hace que el estatuto del periodismo se vuelva difuso. Poner en tela de juicio a estas alturas si Assange debe ser considerado periodista resulta un anacronismo. Para subsistir los mismos medios recurren a las redes y se alimentan de información procedente de estos sitios. La inmensa mayoría de periodistas, en un último intento por subsistir, se cuelgan de la web. Un acto necesario.
En segundo término, se sitúan de espaldas al avance incontenible de la inteligencia artificial (AI). Mientras buena parte de los impulsores de la IA se solaza escribiendo el obituario del periodismo, estos se entretienen haciendo gárgaras, poniendo en entredicho la condición de periodista de Assange. Sus esfuerzos deberían estar dirigidos a encontrar soluciones que amortigüen y prevengan la desaparición del periodismo. Creo en la imperiosa necesidad de su existencia y de los periodistas. Bill Gates, quien desde hace rato viene planteando su desaparición, volvió a insistir en que una de las primeras profesiones en desaparecer como resultado del empuje de la IA será el periodismo.
El foco de interés de estas personalidades debería estar centrado en hacer conciencia de la necesidad insoslayable del periodismo. Establecer acuerdos con centros de pensamiento para, en conjunto, diseñar estrategias y aprovechar en su propio beneficio los márgenes que deja la IA. Así como la condena de Assange supondría un golpe irreparable en contra de la libertad de prensa, no deben olvidar el momento crítico que vive el periodismo a escala mundial. Sería atroz no repensar en su futuro. Una escalada como la planteada por los propulsores de la IA beneficia a todas aquellas personas —políticos o no— que adversan al periodismo por su larga trayectoria develando sus satrapías.
Mientras los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra y Gales toman tiempo para decidir el futuro de Assange, hay que continuar planteando los beneficios derivados de la publicación de los documentos hecha por WikiLeaks. Los administradores de justicia deben ser los primeros en dejar sentado que nadie puede operar al margen de la ley. Especialmente funcionarios responsables del destino de la humanidad. Entre más respetuosos y apegados se muestren a la ley, menores posibilidades existen de romper el equilibrio precario de las naciones. Actuar de otra manera los hace desmerecedores de la autoridad conferida por los gobernados.
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Comunicólogo y escritor nicaragüense. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA) de abril de 1991 a diciembre de 2006. Autor de crónicas y ensayos. Ha escrito y publicado más de cuarenta libros.
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