Así muere la autonomía municipal

Tantas veces me mataron
Tantas veces me morí
Sin embargo estoy aquí resucitando
Como la cigarra.
María Elsa Walsh

Las reformas constitucionales que la dictadura mandó aprobar a la Asamblea Nacional son el tiro en la nuca a la autonomía municipal, al igual que al Estado democrático. Tal y como ocurrió en dos ocasiones anteriores que fue abolida, esta vez otro régimen autocrático ha recurrido a subterfugios para no declarar abiertamente el fin de la autonomía. A la luz de los hechos, hay algo en la autonomía municipal que molesta a los dictadores que, incluso como en el caso del orteguismo, gobernando en todos los municipios y con la plena subordinación de la Asamblea Nacional, ha tenido que echarle la última palada de tierra para quitársela de en medio.

El municipio moderno, y por ende la autonomía municipal, nació con la Constitución de 1893 también conocida como la Libérrima, cuyo texto dedicó once artículos al gobierno municipal. Concretamente, el artículo 147 reconocía la autonomía política al subrayar que “en el ejercicio de sus funciones privativas [las municipalidades] serán absolutamente independientes de los otros poderes…”.  Este marco dio origen a la primera Ley Orgánica de las Municipalidades de 1894. Sin embargo, dos años más tarde, unas reformas constitucionales borraron de un plumazo nueve de los artículos, en particular los referidos a las bases de autonomía política de los municipios.

Después de recuperarse tras la caída del régimen autocrático de Zelaya, la autonomía municipal regresó asentada en el origen electivo de las autoridades locales. Pero en 1937, un nuevo dictador, Anastasio Somoza García, canceló las elecciones municipales por tiempo indefinido mediante un decreto ejecutivo y con ello aniquiló una vez más el corazón de la autonomía local. Dos años más tarde el dictador mandó a aprobar una nueva Constitución en cuyo artículo 303 decía: “La administración local de las ciudades, pueblos y villas estará a cargo de Municipalidades nombradas por el Poder Ejecutivo cada dos años”. Fin de la historia, hasta que en 1987 la revolución restauró la autonomía municipal.

Ahora, 37 años después, esta nueva dictadura ha decretado la muerte de la autonomía municipal por la puerta trasera, eliminando cuatro de los párrafos sustantivos del artículo 177. En el primero de este artículo donde ponía que “Los Municipios gozan de autonomía política administrativa y financiera. La administración y gobiernos de los mismos corresponden a las autoridades municipales.”, hoy solo diga que “La administración y gobiernos de los mismos corresponden a las autoridades municipales.” O sea, han dado un tijeretazo a la primera parte que establecía las tres dimensiones de la autonomía municipal. Más claro imposible: ha sido un machetazo premeditado, calculado y con toda la saña posible.

Para que se vea que lo anterior no es retórica ni exageración, a renglón seguido eliminaron tres párrafos que desarrollaban aspectos sustantivos de la autonomía municipal como la obligación del gobierno central de transferir un porcentaje del Presupuesto General de la República a los municipios, el desglose de la autonomía mediante una Ley de Municipios y, no menos importante, el encaje del municipio dentro del Estado y sus relaciones con el gobierno central y las demás autoridades.

Si admitimos que entre 1990 y 2006 el municipio llegó a su cota más alta en la historia de Nicaragua (constitucionalización de las tres esferas de la autonomía, ley de transferencia presupuestarias, ley de carrera administrativa municipal, ley de régimen presupuestario municipal y la política nacional de descentralización, entre otras), hoy tenemos que constatar que solo queda tierra arrasada. Donde antes había procesos de autogobierno, hoy encontramos gestores subsidiarios de las órdenes de Managua; donde antes había descentralización hoy encontramos subordinación a una cadena de mando en la que los municipios ocupan el nivel inferior sin poder ni márgenes para la iniciativa.

La muerte de la autonomía municipal no ocurrió de pronto. Desde su regreso al poder en 2007, el orteguismo se encontró con un Estado muy diferente del que dejó en 1990. Las complejidades que entrañaba un diseño institucional que fue evolucionando en los años anteriores era demasiado complicado para personas acostumbradas al ordeno y mando. Pero en vez de ceñirse a las normas que había, empezó a desmantelarlas o vaciarlas de contenido. En el ámbito municipal, en su primer período dejó sin efecto los espacios de participación ciudadana abierta y plural que eran los Comités de Desarrollo Municipal (CDM); en su lugar implantó con Consejos de Poder Ciudadano (CPC) que nunca sirvieron para otra cosa que para la que fueron pensados: el control político. Después llegó la alteración chapucera de la proporcionalidad de los concejos municipales, la paridad de género cosmética de los concejos municipales y luego, en los períodos siguientes, manipularon la forma de calcular las transferencias presupuestarias e incluso la mutilación arbitraria de las mismas.

Si lo anterior fue la manera de ir quitándole poder paulatinamente a los municipios, la estocada primigenia fue el fraude masivo de las elecciones municipales en 2008. Siguiendo las huellas de Zelaya y Somoza, mediante el robo de la voluntad popular se llegó al corazón de la autonomía política que emana del encargo de los electores y que a su vez es el soporte de la autonomía municipal en general. Desde aquella fecha una parte de los electos supo que su cargo se lo debían a los operadores del FSLN que con triquiñuelas habían alterado los resultados reales, los electores supieron que sus votos no tenían valor, y que las autoridades que tenían en frente carecían de legitimidad y de vocación para gobernar para toda la población. Desde entonces la dictadura entendió que la ruta más directa para desmantelar la autonomía municipal, era robarse las elecciones. De aquel fraude, esta muerte anunciada.

¿Por qué el mismo personaje que en 1987 firmó la restauración de la autonomía municipal hoy suscribe su abolición? Aparentemente habría, al menos, dos explicaciones: 1) porque no se enteró de lo que firmaba, 2) porque los factores del entorno, la guerra y los demás miembros del directorio del FSLN se la impusieron. Pero es obvio que nunca se reconoció en la misma.

Seguramente que esta tercera ocasión no será la última que los municipios se vean despojados de su autonomía, porque antes la habrán recuperado cuando los talibanes criollos se hayan ido. Seguramente la autonomía municipal en su eterno retorno volverá, como vuelven las aspiraciones enraizadas en la población de los municipios para gobernar sus propias decisiones.

Este es el “pequeño inconveniente” que tienen ante sí las falacias de la dictadura al pretender vender estas reformas como un modelo de mayor participación directa cuando en realidad se está confiscando la soberanía popular para el usufructo de una familia.

La autonomía municipal, como las chicharras, volverá aunque pase años bajo la tierra.