APP: parto neoliberal ortegacosepista

La Iniciativa de Ley para la Asociación Pública Privada, fue enviada para su aprobación, “con carácter de urgencia”, como acostumbra Daniel Ortega enviar sus proyectos de ley a la Asamblea Nacional.  Sin falta, sus diputados lo interpretan como una orden de obligatorio cumplimiento, sin derecho a  discutir nada.  A poco tiempo de recibido el texto, en la sesión del día martes 5 de octubre se escuchó la evitable, mecánica y protocolaria frase, con fingida solemnidad de la Presidencia… “Aprobado con 87 votos y ningún voto en contra”.  El colmo fue que el único diputado “independiente” que cuestionó débilmente esta ley, llamándola como realmente es (neoliberal), también votó a favor.

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No menos cuestionable que el contenido de esta ley, es la falsa justificación a que recurrió Ortega en la exposición de motivos: que corresponde a la “situación macroeconómica privilegiada” que vive nuestro país, propicia para la “inversión extranjera directa” con “desarrollo humano”.  Es lo que se dice siempre. ¿Necesita alguien preguntar por qué con tan propicio desarrollo y privilegiada situación macro económica seguimos siendo el país más atrasado y pobre del continente?  No, no es necesario, pues basta que la mayoría social lo sienta en su propio pellejo y lo palpe en su familia y en su vecindad, para darse desnudar su falsedad.

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Esta APP tiene, además de una fuerte hermandad con la privatización neoliberal, un parentesco político con los recién restaurados regímenes conservadores en Argentina y Brasil, donde la privatización es más descarada e involucra recursos que Nicaragua ni sueña tener, pero igual que allá, los trabajadores y las masas populares sufrirán sus efectos.  El disfraz verbal no puede ocultar sus objetivos: poner en manos privadas los recursos y los proyectos del Estado, y ofrecerles las garantías “de país seguro” para sus ganancias y el respaldo burocrático para el desarrollo y protección de sus inversiones, de acuerdo “al actual modelo de desarrollo”.  Dan proyección internacional al modelo económico ortegacosepista que nos rige.  Todo lo que esta ley se propone en cuanto a su “regulación”, encierra la protección estatal a la empresa privada más allá de lo viejo conocido aquí y más allá de nuestras fronteras.

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Esta propuesta ortegacosepista es un neoliberalismo disfrazado, y se extenderá a la infraestructura y los servicios públicos.  Algo así como la repartición entre nuevos y viejos inversionistas de lo que aún queda después de las concesiones hechas a Wang Jing, en el tratado canalero: carreteras, edificios, transporte, educación, etcétera…  Veamos el peor de los disfraces de la APP  en el Artículo 4, inciso a): “El Estado garantizará el bien común”.  Este manido concepto de “el bien común”, ha tenido tan poca semejanza con la realidad social, que hace rato quedó asilado en el idealismo religioso, sin más efecto que el intento de consolar almas inocentes.  Ni siquiera amerita discusión.

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En el inciso b) del mismo artículo, hallamos otra idea de esas que han quedado en meras palabras, y cumplidamente descartadas por este gobierno y los anteriores: que el APP será “en beneficio del desarrollo del país, y la satisfacción de las necesidades de la población, sin detrimento de la soberanía nacional”.  Si en realidad pensarán eso, ¿por qué tanto  beneficio para la población nunca lo reflejaron en la realidad con los planes anteriores de desarrollo, o cuando alardean del éxito de su macro economía?  Lo que nunca se nos ocurría pensar respecto a esta falsedad, es que están pensando en derogar la concesión canalera… ¡para evitar “el detrimento de la soberanía nacional”!

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Ahí no termina toda la falacia contenida en la iniciativa ortegacosepista de la APP.  El siguiente inciso del Artículo 4, el c), es el mejor ejemplo: dicen que esta ley será aplicada con… ¡“transparencia, publicidad y auditoría social”!  Como tal cinismo no da ganas de reír ni de llorar, nos remitimos a la experiencia de cómo este gobierno se ha mantenido durante diez años sin transparentar nada de lo que hace, con un secretismo digno de la iglesia medieval, y con una falta de auditoria social que comienza con la inmersión de la Contraloría General de la República en el mayor silencio de toda nuestra historia republicana frente a la corrupción estatal.

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Si la experiencia histórica no fuera suficiente para revelar la demagogia de esa falsa promesa, solo recordemos que nadie sabe en dónde el orteguismo se ha metido la Ley de Acceso a la Información Pública, pues todo el mundo sabe por qué han enmudecido los ministros, quienes nunca hablan ni saben nada de sus funciones.  Es histórica y patética la renuencia de Daniel Ortega a dar entrevistas al periodismo nicaragüense durante los últimos diez años de haber vuelto al poder.  ¿A quién pretenden engañar con esa hipócrita promesa de transparencia, quienes han oscurecido el ejercicio del poder político y económico?

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Resumamos algo más del contenido de esta ley, antes de que se me agote el espacio disponible.  En el Artículo 4, inciso m), se promete respetar el “debido proceso”.  ¿Dejará Ortega de decidir sobre todo, arbitrariamente, utilizando a la Policía, el ejército y los poderes del Estado?  Y, por favor, usted no se asombre: en el inciso o) del extenso Artículo 4, Daniel promete que con esta ley habrá “Protección al trabajador”.  ¿Le dará su “protección” como hasta hoy se la ha dado a los mineros, los cañeros, los buzos del caribe y los obreros de la maquila… o es que piensa en hacerlo de otra forma peor?

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El Artículo 10 de ley de la APP, se refiere a los derechos a la compensación de los inversionistas vía tarifas “y otros ingresos convenidos”, lo que sugiere que cuando aleguen pérdidas o tengan bajos ingresos en comparación con sus deseos, los “inversionistas” podrán elevar las tarifas en todos los servicios que estén bajo su administración.  ¿Cómo creer que tal cosa no ocurrirá, si ninguna institución de este gobierno ha sido capaz de velar por los “beneficios para la población”, si no por la vía de los subsidios a las empresas, los que al fin de fiesta los pagan los mismos consumidores y usuarios?

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En el Artículo 15 siguen con las arbitrariedades a favor de los inversionistas, y contemplan la “declaración de utilidad pública” de la propiedad cuando sea necesario para algún proyecto de APP.  Una verdadera “espada de Damocles” sobre la cabeza de los pequeños propietarios de tierras cuando el gobierno las necesite, tal como ahora amenazan a los campesinos que están en la ruta del canal Ortega-Wang Jing.  Con una diferencia más negativa aún: las concesiones a las empresas de APP no contemplan una sola ruta como el canal, sino a todo el territorio nacional y para cualquier actividad empresarial.

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Con las características del régimen ortegacosepista, ya se puede asegurar que no hay ni habrá institución del Estado con idoneidad administrativa para aplicar los supuestos beneficios de esta ley para la población, ni para hacer cumplir las obligaciones que la ley señala a las empresas de APP.  Para rematar esta verdad, a la mudez política congénita que padecen sus diputados, les agregaron la prohibición de tocar el contenido de los contratos ni con el aliento de una palabra.  Su libertad se la limitaron a la acción mecánica de apretar el botón, y a escuchar disciplinadamente: “Se aprueba por unanimidad”.

Ruperta y Ruperto

• CFCH, denunció el acoso político-militar de que está siendo víctima Confidencial, Rupertó…
• Es un acoso tan cumplidamente como sale el Sol cada día, Rupertá…
• Pero no siempre lo hacen a la luz del día, Rupertó… ¡sino también en la sombra y a veces de noche!

Cronología imperial (*)

1981.- En febrero, el Departamento de Estado norteamericano publicó un Libro Blanco sobre la influencia comunista en El Salvador.  El documento fue ridiculizado por la prensa de Estados Unidos por su falta de pruebas, pero la intervención norteamericana en ese país, no cesó de crecer desde entonces.

2) En abril, los Estados Unidos cortaron la llamada ayuda económica a Nicaragua, como represalia por el envío de armas a la guerrilla salvadoreña por parte de su gobierno.

3) En mayo, Cuba fue afectada por una epidemia de dengue por primera vez desde inicios del Siglo XX. Se sospechó que fue una operación encubierta de guerra bacteriológica por parte de la CIA.

4) El 25 de mayo, murió en un accidente de aviación el presidente de Ecuador Jaime Roldós. Un año antes, un grupo de asesores de Ronald Reagan, sostuvo que debía de ser “condenada la Doctrina Roldós” (en defensa de los derechos humanos).  Familiares del presidente fallecido hicieron pública sus sospechas sobre la participación de la CIA en la catástrofe aérea.

(Continuará)

(*) Resumida de Guía del Tercer Mundo-86.

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