¿Algo qué celebrar este 1 de marzo?

Estamos a solo tres días del 1 de marzo, Día Nacional del Periodista. La pregunta inevitable vuelve a ser, ¿tienen algo que se celebrar los periodistas? Desde hace un poco más de una década, con el regreso del comandante Daniel Ortega a la presidencia de la república, Nicaragua experimentó un retroceso en materia de libertad de expresión. El avance significativo que supuso la llegada de Violeta Barrios de Chamorro a la primera magistratura del país, sufrió un duro revés. Medios y periodistas empezaron a vivir el asedio gubernamental. Una intromisión inesperada. El mapa mediático empezó a ser reconfigurado. Un proceso que sigue su marcha. No concluye. Ni pareciera tener fin.

El universo de la comunicación fue partido en dos y el horizonte se tiñó en blanco y negro. El maniqueísmo implicó dividir a medios y periodistas en buenos y malos. Las banderas de la tolerancia —con un déficit crónico acumulado— fueron arriadas. El retorno a prácticas históricas que creímos superadas, volvió a manifestarse. El giro de ciento ochenta grados condujo a la concentración de la publicidad oficial. La agresión contra medios y periodista estalló otra vez. Nadie hubiese pensado que algunas radioemisoras serían destruidas y canales de televisión adversos a las políticas gubernamentales, serían clausurados. Las zancadillas son generalizadas.

Convertido en instrumento represivo, Telcor asumió la representación de los intereses del partido político en el poder. La parcialidad con que viene actuando en el otorgamiento de las frecuencias, condujo a la creación de un duopolio televisivo en VHF. La promesa hecha pública por el Gobierno, afirmando que promulgaría una nueva ley de telecomunicaciones —con suficientes votos en la Asamblea Nacional— no pasó de ser una promesa incumplida. El candado que significó La Ley 670 —La Gaceta 181— mantiene en vilo a la inmensa mayoría de los dueños de la televisión. La falta de renovación de las licencias es un cuchillo sobre la yugular.

La inercia política del partido gobernante incide de manera negativa. Se traduce en enormes beneficios para los monopolios representados por Claro y Movistar. Los usuarios de la telefonía móvil pagan las tarifas más altas de la región centroamericana. El campo en barbecho, derivado de la falta de una legislación en el ámbito digital, únicamente ha significado enormes ganancias para las empresas telefónicas. Con un agravante: va a resultar difícil —cuando no imposible— revertir el terreno cedido, a cuesta de sacrificar a los nicaragüenses. En materia de portabilidad numérica seguimos a la zaga. No hay visos de echar marcha atrás. Se siente cómodo con la Ley 200.

El control y la mediatización de las organizaciones gremiales —Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) y Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN)— ha sido descarado. Era el paso requerido por el gobierno, para realizar sin interferencias, sus acciones contra la libertad de expresión. No tiene que lidiar ni enfrentar protestas de sus afiliados. Su silencio es vergonzante. Los atropellos sufridos por los periodistas no han sido objeto de reclamos. Se han desatendido. El cierre de medios se ha traducido en un mutismo sepulcral. Todas las organizaciones han sido condescendientes con el gobierno. El panorama no deja de ser sombrío.

La única protesta del CPN ha sido contra directivos de la Lotería Nacional, no fue en defensa de la libertad de expresión ni de sus agremiados. Obedeció a que no les entregaron las ganancias del sorteo semestral, al que tienen derecho. Su parálisis es ofensiva. Su ley creadora establece en el artículo 3: c) Defender la libertad de expresión, información y comunicación que establece la Constitución Política de Nicaragua, como derecho de todos los ciudadanos y d) Representar y defender los intereses legítimos de sus integrantes ante cualquier circunstancia que se relacione con el ejercicio de la profesión. ¿Habrá manera que recapaciten? Viven de espaldas a lo mandatado en su ley.

El primero de marzo, las organizaciones gremiales convocan a sus miembros a celebrarlo. Un comportamiento dudoso. ¿Por qué no hacer un alto en el camino para saber dónde están paradas? ¿Les incomoda indagar las razones de la desnaturalización del rol que les corresponde jugar? ¿A su membresía no le importa saber por qué y para qué fueron creadas? Navegan en un mundo de indiferencia. ¿No le lastiman los sinsabores, limitaciones y acosos, que padece el periodismo? Están metidos dentro de una burbuja. Siguen ajenas a las acechanzas y cierres de medios. Las dimisiones son odiosas. ¿Poco les importa las condiciones en que ejercen su profesión?

La autocensura se ha convertido en un grave padecimiento. Al no informar sobre aspectos vitales para la vida de los nicaragüenses, se ponen de espaldas frente a uno de los oficios más exigentes del mundo. Caminan sobre arenas movedizas. Para no incomodar a los poderosos, dimiten a su favor. La prensa no puede hipotecar su función de contrapoder. Su existencia en la sociedad se justifica, por ser un órgano especializado para dar a conocer el acontecer social, político, educativo, cultural y económico. Tienen que salvar el pecado de omisión. Su misión consiste en entregar a la ciudadanía información de calidad para la toma de decisiones. Evitar que camine a tientas.

La autocensura es hija del miedo y la coacción. La Constitución Política establece el derecho a recibir información veraz y oportuna. Los medios tutelados por el gobierno excluyen rostros y temas. La Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621), fue aprobada para que la ciudadanía pudiese ejercer el derecho que le asiste de buscar información y para que el Estado asuma su responsabilidad de entregarla, sin más trámite que la petición elevada ante sus instancias. Después de transcurridos diez años —mayo 2007-mayo 2017— no ha rendido frutos. El Estado administra la información como si se tratase de una cosa privada. Nada más contrario a lo establecido en esta ley.

Nunca cejaré en señalar la responsabilidad que asiste a la academia. De nada sirve a los nicaragüenses, que las universidades dispongan de diecisiete escuelas o carreras de periodismo o comunicación, si no son capaces de actuar en consonancia con los principios que les sirven de sustento. ¿A cuenta de qué enseñar ética de la comunicación o ética periodística a sus alumnos, si ellas mismas no son capaces de actuar en armonía con las lecciones impartidas? Las escuelas de Periodismo y las carreras de Comunicación solo justifican su existencia, si son congruentes con los postulados que les sirven de apoyo. Constituye un contrasentido vivir de espaldas al acontecer nacional.

No dejan de alarmarme las motivaciones que tienen los jóvenes, para decidirse a estudiar periodismo o comunicación. No disienten ni rechazan por los golpes asestados al periodismo. ¿Será que no conocen su entorno? ¿Nunca han visto ni se han informado acerca de la situación adversa en que se ejerce la profesión? ¿No han escuchado, leído o visto los reclamos de los pocos periodistas, a quienes repugna el bozal y las imposiciones venidas de arriba? ¿Jamás se han enterado de la falta de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública? ¿Por qué no protestan? Las puertas de los ministerios siguen cerradas. No hay manera que el gobierno modifique su actitud.

Sigo creyendo que la mejor forma de celebrar el Día Nacional del Periodista, sería mediante la elaboración de un plan o agenda de trabajo consensuado entre sus afiliados. Un documento donde plasmen acciones a mediano y a largo plazo, para revertir estas inequidades. No pueden ni deben continuar cuesta abajo. Irse de parranda no estaría mal, siempre y cuando hagan un alto en el camino para reflexionar y actuar. Las rectificaciones serían un acto de esperanza. Enderezar el rumbo de la profesión supone alentar otras conductas, más afines con la naturaleza de servicio público del periodismo. ¡Soy un firme creyente que no todo está perdido! ¡Este 1 de marzo invita a una pausa!

*Sociólogo e investigador de la comunicación. Director del Observatorio de Medios de Cinco.