16 de septiembre 2020
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No podemos mostrarnos a favor de la posibilidad de la prisión perpetua para castigar a los que cometen crímenes horrendos contra nuestras niñas, como las de Mulukukú. Si lo pensamos detenidamente, al apoyar una medida así de cruenta, estaríamos redimiendo al Gobierno de una serie de errores, falencias y retrocesos que él mismo ha venido cometiendo como parte de la erosión de las instituciones públicas y de los derechos humanos de las mujeres desde antes de 2018.
Instaurar esta pena es perdonar al responsable principal de estos actos: el Estado. Si bien la educación y los valores sirven, estamos ante una educación desvalorizada y partidarizada: es a través de la educación -pero no siempre- donde el Estado y solo él puede provocar estos cambios culturales que la sociedad requiere. El sistema educativo ha sido desperdiciado y transformado en un modelo deformante. Los números de la violencia contra la mujer, el aumento de la crueldad y las edades de sus participantes dejan en evidencia que a través de la educación se reproducen los prejuicios del pensamiento machista. No hay cambio, no hay liberación, no hay transformación. Sobre todo, si se tiene en cuenta la insistencia en el modelo cristiano, familiarista y partidarizado que sostiene el Estado de Nicaragua.
Por otro lado, si hablamos de aplicar una pena así, estaríamos legitimando la destrucción de las herramientas inmediatas para castigar la violencia que el Gobierno de Ortega ha demolido. El orteguismo destruyó el sentido integral de la Ley 779 a través de reformas regresivas y perjudiciales. ¿Se acuerdan cuando reformaron para poner a las víctimas a mediar con los agresores? ¿Se acuerdan cuando dijeron que los casos de violencia pasarían por “gabinetes de familia” en los barrios? ¿Se acuerdan cuando limitaron el tipo de perpetradores que podían cometer el delito de femicidio? Estamos asistiendo a los resultados de la demolición de esta ley que se agrava con la crisis: la curva de femicidios, la expresión más cruel de la violencia machista sigue en aumento desde 2018 según Católicas por el Derecho a Decidir. Esto permite dar una lectura de género a la crisis: las mujeres están mucho más expuestas a todas las formas de violencia luego de que la Policía condujera completamente contenido de trabajo hacia la represión sistemática y diaria.
Vienen martillándonos la conciencia de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, pero la seguridad no solo se mide en términos de homicidios. Además, ¿para quiénes es seguro? Para las mujeres no lo es. La seguridad tiene una dimensión preventiva, pero prevenir en el sentido amplio de los derechos humanos es educar, antes que nada. No obstante, la única noción de prevención a la que hemos asistido son los despliegues policiales, una estrategia de amedrentamiento social. Eso no es prevenir. Ni siquiera antes de 2018 eso podría entenderse como prevención, porque los delitos contra las niñas y mujeres seguían con su crueldad, ¿de vedad, frente a esto, se puede hablar de un país seguro?
También destruyeron el sistema de atención de las víctimas. Cerraron las comisarías de la mujer y luego hicieron la mueca de reabrirlas. Además, como dijimos, el discurso de la Nicaragua cristiana instaló un tratamiento conservador la mujer como solo importante y válida si ella está en la familia. Por eso es por lo que hicieron tantas reformas a la Ley 779 y la dejaron es cascajos porque no se imaginan a mujeres que existan fueran de esa lógica familiarista y por consiguiente encadenada a los hombres o las figuras de poder. Y la integralidad de la ley se perdió en el cansino pero potente discurso de la Nicaragua cristiana -que más que cristiana, lo que el Gobierno quiere decirnos es que el país es conservador-. Los otros apartados de la ley como la dimensión educativa, la de promoción de la prevención, la de políticas públicas quedó reducida a la justicia especializada en violencia, también manipulada por los dictámenes conservadores del régimen.
No le dejemos el camino fácil al Estado. El elevar los años o practicar la castración -como se puede leer en las redes- es perdonar todos estos atropellos y la destrucción de los mecanismos, los instrumentos y los derechos que deberían asegurar a las niñas y a las mujeres una vida libre de cualquier forma de violencia. El populismo punitivo sólo es la expresión de un Gobierno astuto y descarado que aprovecha los estados de conmoción de la sociedad para aplicar leyes a la medida de las emociones. Aprobar una ley así, que requeriría la reforma de la ya pisoteadísima Constitución, es el tiro de gracia a la Ley 779: solo quedará la potencia punitiva que tanto criticaron como extrema los sectores más conservadores de este país cuando se discutía y aprobaba la ley. Estos mismos detractores, apáticos con la cuestión de los derechos de la mujer, casualmente pueden ser los que hoy entre dientes o abiertamente celebren esta propuesta descabellada.
Pero, nosotros los ciudadanos y ciudadanas, pedir o celebrar leyes así también demuestra nuestra incapacidad de querer generar entre nosotros una sociedad más humana, una sociedad retributiva, una sociedad que ve en la inmediatez la solución o el abordaje de estos males. Además, nos estaríamos sumando, indirectamente, a las terribles violaciones que viene cometiendo este Gobierno desde 2018 pues con nuestra opinión favorable le daríamos pase libre para consagrar definitivamente a este Estado del terror, que siempre requiere de leyes cada vez más agresivas y represivas. Nos quieren transformar en una sociedad igualmente cruel que ellos, que mata, que asesina, que tortura, que incendia, que mete preso a quien quiere -y que libera arbitrariamente, pasando por encima del sentido reinsertante del sistema penitenciario, a cuenta persona desee incluso si no está verificado que ya no representa un peligro social. A este Gobierno con estas acciones mencionadas redimiríamos si nos expresamos favorables a una ley tal.
Ahora preguntémonos: ¿Estamos combatiendo la violencia en nuestras casas, trabajos, en cualquier ámbito o seguimos creyendo que todo es deber del Estado o la escuela? Exijamos que el Estado cumpla con sus deberes. Luchemos desde nuestros hogares y trabajos, las escuelas por una vida libre de violencia. Dejemos de ser cómplices de hombres violentos, manipuladores, de celebrarle la pedofilia, de cubrirnos entre los hombres las maldades contra las mujeres, de pasar los packs sin autorización y sobre todo de no ver para otro lado cuando escuchamos en nuestros vecindarios que están agrediendo a una mujer, porque cuando pasan estas situaciones lamentables, lo más fácil es que toda la culpa acumulada por nuestra inercia social la depositemos desesperados en medidas extremas, solamente para no ver nuestra dimensión de la responsabilidad en el freno de la incultura machista, a la pedagogía de la crueldad. Si se aprueba esta medida extrema el Estado se va a seguir sintiendo con las ganas de no hacer nada por las mujeres, por las niñas. Verá en la prisión perpetua el único remedio y nos hará saber que su única responsabilidad es juzgar. El camino más fácil, por supuesto, porque represión y cárcel es lo único que receta este Gobierno antes que combatir los males sociales.
Reflexionemos bien.
*El autor es magíster en derechos humanos y doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.
