13 de diciembre 2019
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Hace un año, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018, la Policía Nacional asaltó y saqueó la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana.
El resultado fue un robo masivo, descarado e ilegal, sin ninguna orden judicial, que fue continuado al día siguiente, 14 de diciembre, con la ocupación de nuestra redacción por elementos armados de la Policía, que ahí se han mantenido de forma continua y permanente doce meses después.
El asalto y la ocupación de CONFIDENCIAL es una violación múltiple de los derechos, las libertades y las garantías constitucionales, y en particular representa una triple agresión: contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa.
La confiscación de CONFIDENCIAL viola el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 44 de la Constitución, que “prohíbe la confiscación de bienes”, y el principio de libertad de empresa, establecido en el artículo 99 de la Constitución.
Pero, además, viola los artículos 30, 66, 67 y 68 de la Constitución, referidos a la libertad de expresión, la libertad de información, la prohibición de censura previa contra los medios de comunicación y el no decomiso de los medios destinados a la difusión del pensamiento.
En consecuencia, esta agresión contra CONFIDENCIAL y Esta Semana, no solamente lesiona nuestros derechos individuales como periodistas, incluyendo el derecho al trabajo (consignado en el artículo 57 de la Constitución), sino que afecta a los ciudadanos al negarles el derecho constitucional a recibir información sin ninguna clase de cortapisa ni restricción.
Adicionalmente, al imponer el Gobierno desde enero de este año una censura de facto en contra de Canal 12 y el sistema de televisión por cable, para impedir la difusión de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, el Estado está incurriendo en una doble violación al derecho de acceso a la información.
Hemos agotado todos los recursos legales ante el Ministerio Público y ante la Corte Suprema de Justicia, para que investiguen el robo perpetrado por la Policía y ordenen la suspensión de esta ocupación permanente, sin obtener ninguna respuesta del Estado.
El 19 de diciembre del año pasado, presentamos ante el Ministerio Público una denuncia por robo y crimen organizado contra la Policía Nacional, en la que adjuntamos el inventario provisional de los bienes incautados a las empresas y a los trabajadores, que incluyen 35 computadoras, siete cámaras de televisión, dos editoras de televisión, dos cámaras de fotografía, decenas de discos duros, teléfonos celulares y accesorios de producción audiovisual, así como la documentación contable e institucional de las tres empresas y de carácter personal, e información privada, en físico y en formato digital.
Un año después, el Ministerio Público que dirige la fiscal Ana Julia Guido, no ha realizado ninguna investigación.
Ante la Corte Suprema de Justicia, presentamos tres Recursos de Amparo, en nombre de las empresas Invermedia-Confidencial, Promedia-Esta Semana, y Cabal, que fueron debidamente admitidos en tiempo y forma. Pero desde el mes de febrero de este año, los recursos están a la espera de un fallo en la Sala Constitucional, a pesar de que no existe ninguna justificación legal para el asalto y la ocupación de nuestra redacción.
El 19 de febrero de este año, en un informe enviado a la Corte Suprema de Justicia, el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, admitió que no tiene ninguna facultad legal para confiscar las empresas de medios de comunicación Invermedia-Confidencial y Promedia-Esta Semana. En ese documento oficial, el primer comisionado Díaz alega que en diciembre del año pasado la Policía recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para auxiliarle en la incautación de los bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), que fue despojada de su personería jurídica el 13 de diciembre de 2018. Pero lo que hizo la Policía, no fue intervenir la oenegé CINCO, sino asaltar y ocupar dos medios de comunicación y una tercera empresa, Cabal —una consultoría de servicios ambientales—, que están inscritas en el Registro Mercantil y no tienen ninguna relación con la mencionada oenegé.
Esas son las pruebas que están a la vista para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie, si en verdad desean respetar el principio de tutela judicial efectiva, debiendo ordenar a la Policía la suspensión de la ocupación. Sin embargo, la Sala Constitucional lleva más de nueve meses sin fallar los Recursos de Amparo, incurriendo en un acto de retardación de justicia.
El pasado 25 de noviembre, regresé a mi patria después de casi once meses de exilio en Costa Rica, para ejercer mis derechos constitucionales como periodista en Nicaragua, y para demandar la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del estado de sitio de facto, y el cese de la persecución contra el periodismo independiente.
A un año del asalto y la ocupación de CONFIDENCIAL y 100% Noticias, hoy demandamos, al régimen Ortega-Murillo:
El restablecimiento pleno de las libertades democráticas, tal y como se comprometió el Gobierno con la Alianza Cívica en el segundo diálogo nacional el pasado 28 de marzo, ante la OEA y el Vaticano como testigos internacionales.
A la Corte Suprema de Justicia:
Que falle sin dilación y de acuerdo a derecho, los Recursos de Amparo presentados, y ordene la suspensión de la ocupación policial de CONFIDENCIAL y 100% Noticias, para que los afectados puedan interponer sus respectivas demandas por indemnización ante el Estado.
Al presidente de la República, Daniel Ortega:
Que en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional ordene a la Policía la suspensión de la ocupación ilegal de los medios de comunicación CONFIDENCIAL y 100% Noticias, para restablecer el derecho constitucional de los ciudadanos a la libertad de información.
A un año del asalto a CONFIDENCIAL, aquí estamos, nunca nos callaron.
A pesar de la ocupación física de nuestra redacción, nunca pudieron callar a nuestros periodistas.
A pesar del exilio y la persecución contra nuestros reporteros, nunca pudieron impedir el ejercicio del periodismo al servicio de la verdad.
A pesar de la ocupación de nuestro estudio de televisión y la censura televisiva, nunca pudieron callar Esta Semana y Esta Noche, al servicio de las víctimas de la represión, que demandan justicia sin impunidad.
A pesar de la mordaza impuesta por la fuerza, nunca podrán impedir que sigamos investigando y denunciando la corrupción, y fiscalizando el poder.
Gracias a toda nuestra audiencia, nacional e internacional, por la confianza que han mantenido en la calidad de nuestro periodismo, durante la toma de la redacción, la persecución, y el exilio, y les reitero el compromiso de que los periodistas de CONFIDENCIAL nunca nos someteremos a la censura ni a la autocensura.
