17 de agosto 2020
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El 17 de agosto del año 2018 el consejo auto designado de la UNAN-MANAGUA en sesión extraordinaria número 13-2018, aprobó por unanimidad la expulsión de manera definitiva de ochenta y dos estudiantes, imputándonos haber sido participantes activos en tranques, uso de artefactos para agresión física, permitir el ingreso a personas ajenas a la institución, comportamiento vandálico y destrucción de las diferentes Facultades, laboratorios, quema del centro de desarrollo infantil (CDI) “Arlen Siu”, robo de equipos de oficina, destrucción y robo de vehículos, incitar a la desobediencia estudiantil y promover el odio”. Esas acusaciones nunca fueron probadas.
La expulsión fue totalmente ilegitima, arbitraria y contraria a todo derecho, en virtud del reglamento disciplinario de la UNAN que en su artículo 30 orienta que toda decisión de este tipo deberá notificársele a los alumnos, para otorgarles el derecho de defensa universalmente aceptado y el beneficio de las reglas del debido proceso, bajo el precepto claro de la presunción de inocencia.
Opuesto a esto, la suspensión nunca nos fue notificada formalmente, nos enteramos hasta el 21 de septiembre del 2018 mediante la revisión de marca en el sistema de registro académico, que desde abril hasta la fecha mencionada permaneció bloqueado.
Desde una mirada práctica, estaba claro que la expulsión fue una medida represiva en contra de nuestra posición política, pues habíamos cometido un único perjurio: demandar democratización y la justicia para el país, en el marco de la crisis actual y exigir la salida de UNEN. Pero, el significado de la expulsión tenía una lógica mucho más perversa.
El desarraigo y el despojo es una practica de herencia colonial que pretende infringir dolor para cercenar identidades. Así, por ejemplo, cuando el feudalismo colonial empezó a extirpar la propiedad comunitaria y la comunidad indígena como tal bajo una lógica económica, tenía la clara intención de desterrar al indígena de sí mismo. La comunidad era un sistema de producción que mantenía vivo en los indios los estímulos morales de su construcción social y al privarlos de la tierra y su propiedad comunitaria pretendían extinguir los vínculos familiares de trabajo y solidaridad, asolando así el mayor recurso de defensa para el indígena. La tierra en comunidad.
En 1990, Peter Drucker, escribió “cualquier cosa que da acceso a una forma de vida, a un estatus y a una posición Social, es considerado una propiedad”. Ir a la universidad diariamente, cursar un año tras otro pensando en “ser alguien en la vida” habilitaba en nosotros un conjunto de intereses orientadores de conductas individuales y colectivas, que nos otorgaban un lugar en la sociedad y nos dotaban de opiniones y compresiones propias de ese estatus social transitorio (ser estudiantes), por tanto, la educación era para nosotros los mismo que la tierra para el indio. Es decir, la mayor propiedad -inmaterial- que nos proporcionaba una forma de vida.
Entonces ¿Nosotros éramos mas fuertes en comunidad y por eso nos sacaron? La respuesta la podemos encontrar al revisar los hechos ocurridos el 07 de mayo del 2018, cuando un estudiante apoyado por todos los demás, trajo abajo la bandera del frente sandinista que se alzaba en universidad, o bien cuando los profesores oficialistas llenos de miedo se hacían lugar afuera de las oficinas de UNEN, para evitar nuestro paso dentro de ellas. Al mejor estilo colonial y bajo la misma lógica de abuso, la UNAN Managua arrojó a los estudiantes de la universidad, para arrancarlos de la comunidad, quebrantar su identidad y evitar así las revueltas que hubieran concluido en el fin de la dictadura universitaria.
Sabemos que no es el momento ni el gobierno para exigir reparación, pero como estudiantes expulsados hemos sido rotundamente categóricos al expresar “que no reconocemos la expulsión y que nunca hemos renunciado a nuestro derecho a la educación superior, a nuestra tierra”. Con el apoyo del programa interuniversitario de apoyo social y humanitario dirigido por el Dr. Adrián Meza, un grupo de estudiantes de la UNAN Managua, iniciamos la defensa legal de nuestro derecho a la educación superior desde octubre del 2018 con la interposición de un recurso de revisión ante el consejo universitario, seguido por un recurso de apelación y finalmente con la interposición de un de un recurso de Amparo el 16 de diciembre del 2018.
Este último recurso fue admitido por la sala constitucional de la Corte de Justicia y declarado sin lugar por la sentencia 386 de la misma sala. Esa sentencia fue firmada por los magistrados Francisco Rosales, Armando Juárez, Manuel Martínez e Ileana Pérez, quienes ponían en evidencia una vez más como los mecanismos y órganos de justicia en Nicaragua se encuentra en total subordinación a los mandatos del partido de gobierno, a la voluntad de la dictadura.
A dos años de nuestra expulsión es importante no perder de vista que la UNAN-Managua tiene una deuda con la sociedad nicaragüense y especialmente con nosotros a quienes expulso por el siempre hecho de haber ejercido una acción ciudadana de protesta y rechazo a las arbitrariedades de la dictadura actual.
Por eso en algún momento la Universidad Nacional Autónoma tiene que pedirnos disculpas públicas como medida de reparación, retractarse de sus acusaciones falsas y permitirnos la reincorporación a la universidad con un programa especial de recuperación, indistintamente si para entonces estamos estudiando o no, si acabamos la carrera o no, pues lo fundamental es que nos regresen las oportunidades que nos quitaron y que el lugar en la universidad que nos ganamos al pasar el examen de admisión, permanezca a nuestra disposición.
De igual forma, el nuevo gobierno tiene que crear un sistema de protección al derecho a la educación en todos los niveles más fuerte e independiente, que garantice que ningún estudiante vuelva a ser víctima de discriminación alguna y que si se diese un nuevo intento de vulneración a este derecho los estudiantes contaran con todos los mecanismos independientes para reclamarlo.
Por último, debe ser prioridad en el marco de la transición, reformar y actualizar la Ley No 89, de Autonomía de las Instituciones de la Educación Superior de acuerdo con las justas y legítimas demandas estudiantiles. Entre varias cosas, debe suprimirse el monopolio del movimiento estudiantil legalmente establecido en el Consejo Universitario y dar apertura a nuevas expresiones de liderazgo y organización estudiantil.
Es importante seguir nombrando la educación superior como un bien público de todos los nicaragüenses y remarcar que volveremos a la universidad, porque más allá de la acción práctica, volver a la UNAN es recuperar nuestra tierra y sentir que “ese algo que tenemos pendientes” por fin se resuelve. Personalmente, para mi volver sería como recuperar mi historia, esa que me quisieron quitar. Será como volver en el tiempo, a ese día en el que me entregaron mis notas y me quitaron el carné, a ese instante en el que vi pasar cuatro años de mi vida delante de mí, pero esta vez para reconciliarme con la forma de vida, mis vivencias y los sueños que desde hace dos años me arrebataron. Hacer justicia en el pais, pasa por hacer justicia en la universidad.
