2021: La renovación del golpe de Estado

El decreto 3-2010 fue el banderazo de partida de un clásico y perfecto golpe de Estado, si entendemos por tal, no la insurrección cívica o militar, no la asunción del poder por parte de las cúpulas militares -modelo latinoamericano del siglo XX-, sino el movimiento que, desde dentro de las estructuras institucionales del Estado, organiza y desarrolla un grupo ideológico o económico y, mediante el cual, desplaza, minimiza o anula el equilibrio de la división de poderes autónomos, poniéndolos al servicio de su propósito. El golpe de Estado no necesariamente implica el uso de la fuerza.

Mediante el decreto 3-2010, el grupo ORMU nulificó el poder de la Asamblea Nacional que aún no contaba con el total de votos necesarios para elegir magistrados a la Corte Suprema y Consejo Supremo Electoral; y que, en momentos anteriores, cuando el grupo ORMU gobernaba “desde abajo”, se resolvía mediante negociaciones y pactos.

La reforma Constitucional de 2014 fue, entonces, el banderazo de meta que perfeccionó ese movimiento golpista, incluso en esta se suprimió el tradicional concepto de “división de poderes” sustituyéndose por un extraño “poder soberano” que ejerce el pueblo a través de sus representantes electos por sufragio universal y directo, lo que significa que el llamado Poder Judicial, sus magistrados -voy encontrando el camino hacia el sentido del título de este trabajo- y los del Electoral, al no ser electos por sufragio universal y directo, no son depositarios, ni ejercen el del poder soberano; además, los escaños de la Asamblea pasaron a pertenecer al partido que presentó al candidato y no al diputado electo -“el que se quema con leche, dice el adagio, hasta las cuajadas sopla”-, no están dispuestos a otra Rebelión en la Granja como la de 1995.

Hace unos días, este medio, publicó un interesante artículo investigativo titulado “FSLN alista un movimiento de ‘fichas’ en cúpulas CSJ y CSE”, revelando que todos los magistrados de la CSJ tienen sus períodos vencidos. El artículo en mención habla de 12, sumando los fallecidos y los que han renunciado, sin embargo, los últimos electos lo fueron en 2014, luego los cinco años del cargo vencieron en 2019.

Ahora bien, hemos definido el golpe de Estado como un movimiento de un grupo que nulifica los poderes institucionales; hasta ahora, y a partir del Decreto 3-2010, ese grupo -ORMU-, se apoyó, para realizar el golpe, en el Ejecutivo; sin embargo -salvo que la megalomanía llegue a la irracionalidad absoluta-, el pilar principal del grupo ORMU, el señor Ortega, debe saber que su fecha de caducidad ya llegó; no creo que goce de tan buena salud como para ignorarlo; sabe también que su sucesión dinástica no está lista aún; sabe también de las aspiraciones de la “Dictadora Consorte”; y sabe también, por supuesto, que dentro del formal FSLN hay sectores que no aceptarían la candidatura de “la compañera”, pero no le puede negar el “derecho” a ser candidata; también sabe perfectamente que las sanciones y el aislamiento internacional están asfixiando a su grupo y necesita oxígeno si quiere sobrevivir como grupo detentador del poder.

Un escenario posible sería el siguiente: elegir magistrados absolutamente leales al Poder Judicial durante el año 2021, que estarían integrando la CSJ, al menos hasta mediados de 2026. La Corte Suprema de Justicia es en realidad la institución que tiene “todas las llaves del reino”, mediante sus fallos, “de ineludible cumplimiento”, pueden declarar que la tierra es cuadrada.

En mayo de este 2020, el Consejo Supremo Electoral “flexibilizó”, mediante un Acuerdo CSE, la formación de nuevos partidos al extender el período para su registro. Esta disposición, que hasta ahora, más allá de la alharaca que generó entre los aficionados al constitucionalismo y los “analistas políticos”, está en vía de dar frutos; y, es muy probable, que incluso haya pronto, nuevos partidos que se desprendan del FSLN, manteniendo su lealtad al grupo ORMU, o a los subgrupos OR y MU y, que reciban, el beneplácito para hacerlo; por su parte, las seudoorganizaciones políticas, surgidas de la crisis de abril, y que autoproclaman, cada una, guardianes de la democracia y titulares de la herencia del estallido social, no han descansado organizándose territorialmente. Esto nos lleva a prever un escenario electoral con muchos pretendientes en una contienda más o menos limpia, lo cual sería un verdadero bálsamo frente a la comunidad internacional.

El centro institucional del golpe de Estado estaría desplazándose del Ejecutivo, como ha sido desde 2010, a la Corte Suprema de Justicia que garantizaría, contra viento y marea, con la corrupción que les permita enriquecerse, la preminencia hegemónica del grupo que lo fraguó y que se ha entronizado en el poder.

Imaginémonos entonces un posible escenario para 2022: una Corte Suprema leal a la alianza o pacto ORMU, leal por intereses económicos derivados de la corrupción, manteniendo en sus manos “todas las llaves del reino” durante cinco años; una Asamblea Nacional muy dispersa, obligada a permanentes negociaciones, que como decía el chileno Eduardo Novoa, fallecido en 2006, se constituyen en un obstáculo del desarrollo, entre estas negociaciones, las que se produzcan entre quienes aspirarían a ser los herederos de Ortega en 2026 y los murillistas; y, la cereza del pastel, un Ejecutivo débil e incapaz.

Le he planteado este escenario posible a tres amigos, por separado. Uno de ellos, constitucionalista de profesión y coautor de proyectos de reforma electoral y, aunque entre comillas, no dejaba de considerarlo como de “normalización”; otros dos, menos dados a la especulación teórica, coincidían en que la megalomanía de los dictadores se impondría y que, a pesar de que se produzca el Armagedón, se presentarán ellos mismos como candidatos y que el proceso se desarrollará en el mismo ambiente de falta de transparencia y fraude que las elecciones pasadas.

Con los insumos de la opinión de mis amigos, volví a repasar el escenario y descubrí que, de primar la racionalidad, la comunidad internacional, que ha aislado a la dictadura, y que no hace más, porque los nicaragüenses no hacemos más, vería la situación como en estado de normalización, la corrupción subsistiría y se intensificaría, cierto, pero esta es un mal endémico que la comunidad internacional puede soportar; el pacto ORMU se consolidaría, y tendría un largo respiro de cinco años que le serviría para preparar el relevo dinástico que en este momento no está maduro; pero, de primar la megalomanía, sería inevitable a mediano plazo un nuevo estallido social que pondría definitivamente fin a esta dictadura. ¡Hagan sus apuestas!