10 de agosto 2024
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Al caer la tarde del viernes 2 de agosto de 2024, el Gobierno orteguista informó escuetamente que hará una “evaluación” para “reestructurar” o “rediseñar” el aparato estatal. El anuncio, inédito en los más de 17 años consecutivos de administración rojinegra, ha generado una sensación de zozobra entre los trabajadores públicos, que aumenta cada vez más por el secretismo alrededor de este tema dentro del Estado.
En sus alocuciones diarias, la vicepresidenta y única portavoz del Gobierno, Rosario Murillo, obvió el tema. Dentro de los ministerios o instituciones, los jefes y secretarios políticos no explican en qué consistirá la “reestructuración”, lo que ha suscitado una ola de especulaciones, que van desde una “gran barrida” hasta una “limpieza” de los “menos rojinegros”.
Una semana después, el 9 de agosto, el régimen se limitó a realizar una serie de nombramientos de ministras y directores de instituciones públicas como parte del “reordenamiento”, sin mayores explicaciones.
Empleados públicos que conversaron con CONFIDENCIAL, bajo anonimato, se mostraron “temerosos” por el futuro en sus trabajos, y valoraron como un “error” el anuncio, ya que creará más tensiones entre compañeros de oficina.
“Desde hace varios meses nos andamos cuidando las espaldas por los despidos que se han dado en el Poder Judicial. Ahora con este anuncio, se darán más puñaladas (traiciones) entre colegas”, comentó Antonio, un trabajador de los Juzgados de Managua.
Desde finales de octubre de 2023 hasta julio de 2024, más de 1100 empleados del Poder Judicial han sido despedidos en todo el país, según fuentes vinculadas a ese poder del Estado, quienes han destacado que la “barrida” fue ordenada por Rosario Murillo.
“Un día llegás al trabajo y te enterás que corrieron a tal persona en los tribunales o un juzgado local. Se vive con esa zozobra de cuándo le tocará a uno”, añadió.
En sus primeros 14 años en el poder, la Administración del Frente Sandinista ensanchó anualmente la planilla del Poder Ejecutivo hasta alcanzar los 113 634 empleados en 2021, según datos del Banco Central de Nicaragua.
Desde 2022 el número de empleados públicos ha caído cada año. Las cifras oficiales indican que en promedio, hasta junio de 2024, había 111 652 empleados en el Gobierno central, aunque esta cifra se podría elevar —según cálculos independientes— hasta los 170 000 o 200 000 si se suman los trabajadores de las alcaldías, empresas públicas y entes descentralizados.
Cuando el FSLN volvió al poder, en enero de 2007, la planilla del Gobierno central era de 39 140 trabajadores, pero al final de ese mismo año ya la había elevado a 60 702 empleados.
Nadie habla sobre la “reestructuración”
El anuncio gubernamental se dio a través de una nota de prensa reproducida en los medios de propaganda orteguista. No hubo ninguna comunicación interna o una reunión previa para avisar de la misma, según los trabajadores del Estado, quienes se enteraron en grupos de WhatsApp o por consultas de familiares quienes les preguntaban ¿qué iba a pasar?
“Tengo más de diez años de trabajar en la institución y es la primera vez que hablan de una reestructuración general”, señaló Josúe, un técnico del Ministerio del Interior, antes Gobernación.
“(Del anuncio) me enteré hasta el sábado en la mañana, cuando leí los mensajes en un grupo de trabajo. Pensé que, el lunes, los jefes nos explicarían, pero guardaron silencio, y nadie se atrevió a preguntar”, subrayó.
En la nota de prensa, el Gobierno detalló que hará una “evaluación”, que implica “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños, a fin de promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”.
“Los trabajadores tenemos miedo, pero nadie dice nada por el mismo temor a que, por criticar, lo corran”, comentó un funcionario sanitario del occidente del país.
“Creo que es una cortina de humo —continuó— para convencer a las bases del partido de que no están corriendo a nadie y justificar la gran barrida que han hecho desde hace meses”.
Medida evoca las “compactaciones” del siglo pasado
En una entrevista con el programa Esta Noche, el economista Enrique Sáenz resaltó la “contradicción” que existe entre una campaña oficial triunfalista, sobre éxitos en materia económica, y el anuncio de una “reestructuración”.
El régimen orteguista “habla de reservas internacionales récord en el Banco Central, finanzas sanas, crecimiento robusto, depósitos del Gobierno en córdobas en el Banco Central también en cifras récord. Y si esto es así, ¿por qué se están planteando este tipo de medidas?”, se preguntó Sáenz, investigador de la Fundación Puentes para el Desarrollo.
Agregó que, en siete de los ocho trimestres de 2022 y 2023, el Gobierno aplicó un “cierto tipo de ajustes, al reducir la inversión pública y el gasto corriente”.
“La pregunta es, si ya lo venían haciendo, qué es lo que se proponen hacer (ahora) como para anunciarlo, de una forma tal que evoca las llamadas compactaciones”, sostuvo.
Las “compactaciones”, que se dieron en las décadas de 1980 y 1990, “significaron despidos masivos de trabajadores del Estado y reducción de prestaciones sociales a cargo del Estado”, según el investigador.
En noviembre de 2023, la dictadura aprobó una ley con la que redujo la indemnización por antigüedad, en caso de renuncia de cualquier trabajador estatal o municipal. La legislación establece que los empleados públicos que decidan renunciar tendrán derecho a su antigüedad a partir de los tres años de servicio continuo y no desde el primer año, como establece el Código del Trabajo.
Un empleado público debe trabajar hasta 20 años consecutivos para recibir cinco salarios en concepto de liquidación cuando renuncie. Los que sean despedidos no tienen derecho a ese beneficio.
“Compactación masiva” no es por menos impuestos
El economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro dijo que “la dictadura acaba de anunciar una compactación masiva de miles de funcionarios públicos”.
“Esta compactación del Estado, de la cual ya tenemos historia en los años 80, podría deberse a una reducción en los ingresos tributarios, pero en el Presupuesto General de la República de 2024, no se nota una caída de los ingresos. De hecho, se refleja un aumento de los ingresos tributarios de 17.5%, de tal manera que no va por ahí la explicación”, aseguró el político desterrado.
En efecto, los ingresos del Estado no son el problema, si se considera que está previsto que crezcan casi 18 000 millones de córdobas, (14.9%), desde los 121 000 millones recaudados en 2022, hasta los 139 000 millones previstos a recaudar en 2024.
Previsiblemente, la cifra real será mucho mayor, considerando que las administraciones acostumbran subvalorar sus previsiones iniciales, lo que a final de año les permite celebrar los superávits resultantes, que fueron de 7448 millones de córdobas en 2022, se redujo a 4852 millones en 2023, y se prevé que ascienda a 5884 millones en el presente ejercicio presupuestario.
Reestructuración de los círculos de lealtades
Para Chamorro, los motivos de la medida son dos: “purgar a todas aquellas personas que no sean 100% leales al partido (FSLN)” y un mayor “control de todas las contrataciones públicas”.
“Se inventaron este cuento de una mayor y mejor eficiencia del Estado, para despedir a gente que no son de ellos”, opinió el excarcelado político.
“Ahora, todas las contrataciones públicas tienen que ser supervisadas por la vicedictadora (Rosario Murillo). Esto se debe, obviamente, a los innumerables casos de corrupción y que la vicedictadora quiere tener mayor control de ello”, añadió.
A través de una circular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno ordenó el congelamiento de “todas las plazas vacantes” y la suspensión de “nuevas contrataciones de personal” en todo el Estado.
Además, para contratar nuevo personal, se deberá remitir una “solicitud fundada” y autorizada por la Presidencia, según la nueva disposición.
En una entrevista con el programa Esta Noche, la socióloga Elvira Cuadra sostuvo que “está en curso un proceso de reestructuración de los círculos de confianza y de los círculos de lealtades”.
“Esto hay que verlo como un conjunto de todo ese proceso de reestructuración y compactación, pero también como parte del proceso de reconcentración o mayor concentración de poder alrededor de la Presidencia”, afirmó la investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).
En los últimos días se han conocido una serie de destituciones y “renuncias” en la Cancillería, el Ministerio Agropecuario (MAG), el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y la escolta del presidente Ortega.
“Están reacomodando las instituciones, achicándolas y dejando solamente aquel personal que consideran realmente leal al grupo que está tomando el control de la estructura de poder en Nicaragua”, puntualizó Cuadra.
Recomendación del FMI y aislamiento internacional
Sáenz recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un informe de enero de 2024, recomendó una reducción del gasto del Estado de más del 1% del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua, lo que implicaría “un ajuste de alrededor de 300 millones de dólares en el gasto del Estado”.
“Una recomendación expresa, que está escrita con todas las letras, es que una parte de este ajuste debe afectar a salarios y empleos en el Estado, alrededor de entre 130 y 150 millones de dólares”, destacó el economista.
“Si nos atenemos al comportamiento que ha tenido el régimen en el pasado, que ha sido un alumno disciplinado, que ha cumplido las recetas del Fondo Monetario, uno podría también pensar que esta decisión corresponde a las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario”, expresó.
Cuadra advirtió que la disposición muestra que “hay serias dificultades económicas” por el aislamiento internacional que enfrenta la dictadura, y por la prolongada crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018, que ha afectado “fuertemente a sectores importantes de la economía”.
“El régimen de los Ortega-Murillo ha cortado los puentes de colaboración y de cooperación con una serie de países y espacios que, de alguna manera, apoyaron a Nicaragua y contribuían a cerrar esa enorme brecha de presupuesto”, explicó la investigadora del Cetcam.
Indicó que la dictadura “ha buscado nuevas fuentes de financiamiento en países muy similares, autocráticos, como Rusia y China. Pero ya sabemos que esos son socios que, primero, no van a llegar con las manos llenas y, segundo, tampoco van a llegar a lo inmediato”.
