20 de septiembre 2020
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La violencia sexual contra niños y niñas, y adolescentes, es un problema endémico en Nicaragua, un crimen que, además de repetirse frecuentemente contra los más vulnerables, queda generalmente impune, y ha motivado el debate de una reforma para poder aplicar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores y mujeres.
Hasta 2017, Nicaragua registraba 13 258 violaciones sexuales en últimos 10 años, para un promedio anual de 1 325, y de casi cuatro por día, según cifras del estatal Instituto de Medicina Legal.
La violencia sexual contra la niñez y la adolescencia “es un problema endémico que no ha recibido un tratamiento adecuado por parte del Estado”, dijo a Efe la socióloga, docente e investigadora del Movimiento Feminista, María Teresa Blandón.
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Antes de 2017, el número de denuncias oscilaban entre 4500 y 4700 peritajes realizados a niñas y adolescentes, y los agresores, en su gran mayoría, son hombres cercanos a las familias, alertó la investigadora.
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En 2019, de los 4343 peritajes a mujeres, 991 correspondieron a menores de 18 años, según los registros del Instituto de Medicina Legal.
Entre el año pasado y lo que va de 2020, 17 niñas y adolescentes han sido asesinadas con signos de violencia sexual por parte de mayores de 21 años, y la mayoría de esos crímenes han quedado en la impunidad, según el observatorio Católicas por el Derecho a Decidir.
De momento, el Gobierno ha sugerido una reforma a la Constitución y al Código Penal para que se permita aplicar la prisión perpetua a los asesinos de niños, adolescentes y mujeres.
Cultura machista
Ese fenómeno en Nicaragua, explicó la socióloga Blandón, ocurre “por la prevalencia de una cultura machista que naturaliza y reproduce prácticas sexistas, en donde los niños/hombres y las niñas/mujeres reciben una educación para la desigualdad en todos los ámbitos de la vida: las normas morales, la sexualidad, el ejercicio de poder y la toma de decisiones, el dinero”.
“Estos de máxima crueldad tiene en su base, la falta de empatía y la deshumanización de algunos hombres, que terminan por considerar los cuerpos de las niñas y de las mujeres como objetos inermes, de desecho. Estos hombres han perdido la capacidad de razonar, pero también de sentir”, explicó.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo un “urgente llamado” al Estado de Nicaragua y a la sociedad nicaragüense a tomar acciones para detener la violencia sexual y asesinatos de niñas y adolescentes, a raíz del reciente crimen contra dos niñas de 10 y 12 años, y al menos una de ellas violada, en una comunidad rural del Caribe norte.
María Lily Rodríguez, especialista en protección de la niñez contra la violencia de Unicef Nicaragua, instó a través de un video a las instancias partes de la ruta de acceso a la justicia, “a fin de que todos los crímenes y delitos cometidos sean investigados, procesados y condenamos oportunamente”.
Ese llamado, indicó Blandón, es porque las “evidencias indican que hay altos niveles de impunidad” y el Estado mismo ha liberado a “feminicidas y agresores sexuales”.
María Teresa Blandón, socióloga nicaragüense. Foto: Maryórit Guevara.
Desde enero de 2018 a la fecha, el Gobierno ha otorgado beneficios legales a 23 367 delincuentes comunes —entre ellos hombres que habían cometidos delitos de violencia sexual—, según datos del Ministerio de Gobernación.
Resistencia a igualdad
Para Blandón, el sistema, que incluye Estado, medios de información, partidos políticos, iglesias, y ciudadanía en general, está fallando en proteger a los menores.
“La violencia en general y la violencia contra las mujeres, niñas y niños en particular, nos habla de una sociedad que se resiste a los cambios favorables a la igualdad entre hombres y mujeres. Se trata de una defensa más o menos consciente, de los privilegios masculinos que para ser tales, requieren de un entorno de desigualdad como la que prevalece en nuestras sociedades”, apuntó.
Para Blandón, el Estado también ha demostrado una “enorme incapacidad y falta de voluntad política para prevenir la violencia, sancionar a los agresores de acuerdo con las leyes y dar protección efectiva a las víctimas”.
Ante esa realidad, las organizaciones feministas deben insistir, dijo Blandón, en hacer lo que han venido haciendo durante décadas, que son campañas de sensibilización, documentación de la gravedad del problema, denunciar a los agresores (no solo a los pobres), acompañar a las víctimas y atender las secuelas que deja la violencia.
Además, promover la creación de entornos seguros en las comunidades.
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