Veinte derechos humanos violentados a los nicaragüenses por Ortega y Murillo

Al menos 20 de los 30 derechos y libertades establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos han sido vulnerados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde que retomaron el poder en 2007. Estas violaciones han ocurrido de manera sistemática y están siendo institucionalizadas mediante una reforma constitucional que es regresiva en cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales.

Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua tomaron mayor notoriedad a partir de la represión contra las protestas masivas de 2018, pero estas ocurren desde antes. Las ejecuciones de campesinos, encarcelamientos arbitrarios, falta de acceso a la justicia, cierres de medios de comunicación y represión a las manifestaciones, son parte de los abusos del régimen orteguista. 

En este Día Internacional de los Derechos Humanos, CONFIDENCIAL analiza cada uno de los derechos y garantías vulnerados por Ortega y Murillo, cuya dictadura amenaza con imponer mayores restricciones para los nicaragüenses. 

Derechos civiles y políticos

La ejecución de 234 campesinos registrada entre 2007 y 2020 y el asesinato de 325 personas durante la represión a las protestas ciudadanas que estallaron en abril de 2018, son una muestra clara de la violación al derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad. La mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por miembros del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y grupos paramilitares que actúan con la aquiescencia del Estado. Estos crímenes no fueron investigados y los responsables gozan de impunidad. 

Agentes de la Policía, del Sistema Penitenciario Nacional e integrantes de grupos paramilitares también cometieron actos de tortura física y psicológica, incluyendo la violencia sexual y de género, y otros tratos crueles, inhumanos, o degradantes, en contra de personas opositoras, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que investiga los crímenes cometidos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018. La prohibición de la tortura está establesida en el artículo cinco de la declaración universal y en el artículo 36 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual ha sido eliminado en la reforma constitucional.

Con la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, en octubre de 2020, el régimen de Ortega y Murillo segregó a la población nicaragüense. Juristas consultados entonces por CONFIDENCIAL explicaron que con esta ley se creó dos tipos de ciudadanos: los "verdaderos", que son aquellos simpatizantes del régimen que aceptan todo lo que se les dice, y los "agentes extranjeros", definición donde caben los opositores. Esta segregación de la población va en contra del principio de igualdad ante la ley consignado en el artículo siete de la declaración universal.

La segregación de la población nicaragüense también violenta el derecho a la igualdad, establecido en el artículo uno de la declaración universal, ya que se crean distinciones entre los ciudadanos según su opinión política. Además, antes de aprobar la Ley de Agentes Extranjeros, el régimen ya había marcado las desigualdades sociales al establecer —por las vías de hechos— que solo las personas con aval político o carné de militante del Frente Sandinista tenían acceso a servicios estatales o podían aspirar a cargos públicos. 

El mismo Ortega en un discurso en febrero de 2024, en ocasión del 90 aniversario del asesinato de Augusto C. Sandino, se burló de los opositores a su régimen llamándolos "traidores, vendepatria, apátridas". Según él, quien “traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de ser nicaragüense”. Esta forma de proceder del régimen viola el artículo segundo de la declaración universal que prohibe la discriminación.

Con la reforma y adición al Código Procesal Penal aprobada en 2021, el régimen  amplió de 48 horas hasta 90 días el tiempo en que una persona puede permanecer detenida sin ser acusada. Situación que viola el derecho a la presunción de inocencia, ya que "te meten preso, te presumen culpable y hasta después te investigan", explicó entonces el abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca +.

Las detenciones arbitrarias también forman parte del modus operandi del régimen. En 2011 Marvin Vargas, conocido como El Cachorro, fue encarcelado sin que hubiera causa penal alguna en su contra. En 2014, nueve personas fueron encarceladas por la masacre del 19 de julio sin que el caso fuera esclarecido completamente. Y, a partir de 2018, las detenciones a los presos políticos se caracterizaron por el uso de violencia y por el sometimiento de los detenidos a largos periodos de incomunicación. Desde de 2023, las detenciones de presos políticos han terminado en el destierro, violando así la protección ante la detención arbitraria y el destierro.

La justicia del régimen tampoco resolvió los recursos de exhibición personal interpuestos por familiares de personas en desaparición forzada. Muchas de estas personas fueron detenidas por miembros de la Policía o agentes paraestatales y llevadas con rumbo desconocido. Durante meses las autoridades negaron que estas personas se encontraban bajo su custodia; sin embargo, a la postre los condenaron en juicios espurios o los desterraron junto al resto de presos políticos. En este caso el régimen violó el derecho al recurso ante un tribunal competente, establecido en el artículo ocho de la declaración universal.

Los juicios contra los presos políticos se realizan sin ningún tipo de garantía procesal. Inicialmente, la justicia del régimen realizó las audiencias a puertas cerradas, ocultó los expedientes de los acusados para bloquear su legítima defensa y luego impuso penas que sobrepasan los treinta años establecidos en la Constitución Política. En años más recientes, a los presos políticos se les ha negado el derecho a un abogado de su elección y se les impuso un abogado de oficio. También se realizaron juicios en la cárcel y en algunos casos juicios por videollamadas. Estos hechos son una muestra clara de la violación al derecho a una audiencia pública y justa.

Entre 2018 y 2022, al menos 138 personas fueron afectadas por detenciones injustificadas e interrogatorios, confiscación arbitraria de pasaportes, la negativa a renovar pasaportes y a expedir pasaportes para niños y niñas, según un informe de la sociedad civil citado por el GHREN. Estos abusos al derecho a la libertad de movimiento fueron institucionalizados en la reforma a la Ley General de Migración y Extranjería y en la reforma a la Constitución Política, que ya fue aprobada en primera legislatura.

Entre 2023 y 2024, el régimen de Ortega y Murillo privó arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense a 452 personas opositoras políticas, 317 en febrero de  2023 y 135 en septiembre de 2024.  Entre los desnacionalizados figuran aspirantes a la Presidencia, académicos, políticos, defensores de derechos humanos y periodistas. La mayoría de ellos fueron expulsados del territorio nacional y dejados en situación de apatridia, violando de esta manera su derecho a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad. El despojo de la nacionalidad a quien sea declarado “traidor a la patria” fue institucionalizado en Nicaragua con una reforma constitucional aprobada en enero de 2024.

Un total de 870 agresiones a la Iglesia católica han sido registradas entre abril de 2018 y julio de 2024 en el Informe: “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida”, de la abogada Marta Patricia Molina. Estas agresiones perpetradas por el régimen incluyen el encarcelamiento y destierro contra 154 sacerdotes y 91 religiosas, amenazas, agresiones físicas y verbales, campañas de desprestigio, vigilancia y profanaciones de templos. Situaciones que van en contra del derecho humano a la libertad de culto y religión.

Desde que Ortega regresó al poder en el año 2007, ha cerrado 56 medios de comunicación, algunos a través de la cancelación de sus licencias de operación, otros mediante asfixia económica y, los más recientes, por la toma manu militari de sus instalaciones y la confiscación de sus bienes. También, ha obligado al exilio a unos 276 periodistas, según la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED) y Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). Estos hechos muestran una clara violación a la libertad de opinión e información que, además, está siendo refrendada en la nueva reforma constitucional en la cual el régimen impone la censura y establece un control sobre los medios de comunicación. 

El régimen también ha implementado un sistema de vigilancia permanente sobre las personas que considera opositoras y, a través de una reforma al Código Procesal Penal en 2024, facultó a la Policía para allanar domicilios, sustraer equipos electrónicos e informáticos y exigir a las telefónicas la información digital (llamadas, mensajes de texto y voz, y geolocalización) de las personas que estén bajo su investigación sin necesidad de una orden judicial. Todo esto en clara violación al derecho a la privacidad.

Derechos económicos, sociales y culturales

Entre 2018 y 2024, el régimen implementó una serie de medidas orientadas al cierre del espacio cívico y democrático. Fue eliminado más del 70% de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) que existían en Nicaragua. De 7227 oenegés que existían hasta 2017, se han anulado más de 5244, según un registro de datos de CONFIDENCIAL. Conculcando de esta manera el derecho humano a la libertad de reunión y de asociación pacífica.

Previo a las elecciones generales de 2021, el régimen orteguista encarceló a todos los aspirantes a la Presidencia de Nicaragua y canceló la personería jurídica de los partidos Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Partido de Restauración Democrática (PRD), que eran considerados los vehículos de la oposición. Las elecciones se realizaron sin ningún tipo de garantías democráticas, Ortega se reeligió en unas votaciones sin competencia política y a los nicaragüenses se les negó su derecho a participar en los asuntos públicos.

Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) estima que, entre 2018 y 2024, las confiscaciones de bienes efectuadas por el régimen tienen un costo de —al menos— 250 millones de dólares. Estos hechos evidencian que el derecho a la propiedad privada ha sido violentado en Nicaragua. Además, con la reforma al Código Penal aprobada en agosto de 2024, se estableció el “decomiso de bienes” como castigo para quienes cometan supuestos delitos estando fuera del país.

Por otro lado, las autoridades universitarias ligadas al régimen han violentado el derecho a la educación de los estudiantes considerados opositores al régimen. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2018 y 2022 hubo más de 150 expulsiones arbitrarias de estudiantes en Nicaragua. Además, la partidización y el control de las universidades incrementó la persecución de estudiantes y profesores considerados opositores al Gobierno, quienes fueron calificados como “enemigos internos” y se les generó una “muerte académica”, según el GHREN.

Después de las manifestaciones de 2018, varios docentes universitarios fueron despedidos sólo por su cercanía con el movimiento estudiantil. Años después, la cancelación de las universidades privadas afectó el empleo de miles de docentes, directivos académicos y otro personal universitario. Solo el cierre de la Universidad de Occidente (UDO), la Universidad Evangélica Martin Luther King y la Universidad Centroamericana (UCA) dejó sin empleo a cerca de 1200 personas, de acuerdo con el GHREN. En todos esos casos, los derechos laborales de las personas despedidas no fueron garantizados, violando de esta manera su derecho al trabajo.

Además, el régimen ha confiscado las pensiones de los jubilados que fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense y dejados en condición de apatridia. En febrero de  2023, los afectados explicaron a CONFIDENCIAL que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) les canceló sus registros y que desde entonces no volvieron a percibir el pago de sus pensiones a pesar de haber cotizado durante la mayor parte de sus vidas. Estos hechos muestran una clara violación al derecho a la seguridad social consignado en el artículo 22 de la declaración universal.