21 de octubre 2020
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El maestro en Derechos Humanos, Uriel Pineda, considera que el tridente de leyes punitivas que el régimen de Ortega está en proceso de aprobar, buscan, por un lado provocar la autocensura de la población, y también son parte de la búsqueda del régimen para "retomar el control del país al mejor estilo fascista".
Pineda se refiere a la ya aprobada "Ley de Regulación de Agentes Extranjeros", la "Ley Especial de Ciberdelitos", que podría ser dictaminada y aprobada en los próximos días y a la ley de cadena perpetua, para la que el régimen celebra que ya lleva más de 2.2 millones de firmas, aunque muchas de ellas corresponden a trabajadores del Estado que se sienten obligados a suscribir.
El especialista analizó, durante una entrevista en el programa Esta Semana, las implicaciones sobre estas tres leyes en el país y, esencialmente, cree que todo obedece a la intención del régimen de infundir miedo en la población, por ejemplo, mediante la amenaza de cárcel con cadena perpetua o la vigilancia de redes sociales contra quienes opinen en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Pineda considera que en el país ha habido un incremento de las acciones del régimen en contra de la población civil y opositores, principalmente porque estima que antes de la crisis de abril de 2018, Ortega mantenía "preocupación", por las formas legales, pero que, luego de las protestas ciudadanas que demandaron su salida del poder, se fue desvaneciendo a tal punto que "empiezan a tomar acciones sin forma legal".
Por ello, explica, la intención del régimen de aprobar la cadena perpetua en el país obedece a una interpretación que Ortega crea "en su cabeza", para tratar de justificar "una pena muy grave en el país", pues además considera que esto sería una regresión de 70 años en materia legal y de Derechos Humanos, así como un irrespeto a los compromisos internacionales de Nicaragua.
Ley de Ciberdelitos promoverá autocensura
Pineda agrega que la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como "Ley Mordaza", busca meramente promover el miedo entre la población que sentirá que los están espiando mediante las redes sociales. "Lo que busca --afirma-- es inhibir que los usuarios critiquen al régimen en las redes sociales".
Esto también toma fuerza considerando que en el proceso de consultas realizado el 17 de octubre, los diputados orteguistas se reunieron únicamente con trabajadores de la propaganda oficial de los canales 2, 4, 13 y El 19 Digital, así como la Radio Ya, Radio Nicaragua y La Primerísima, y además, según dijo el diputado liberal Maximino Rodríguez, se mostró "preocupación", por las críticas que se hacen en las redes en contra de Rosario Murillo y Daniel Ortega.
"Busca generar autocensura, que la gente se abstenga (de criticar), pero en la práctica no van a tener capacidad de activar mecanismos legales", advirtió Pineda, pues sostiene que esto significaría que el régimen tendría que encarcelar a la "mitad de la población", y no podrá hacerlo.
Derechos Humanos en riesgo
Por último, Pineda también se refirió a la "Ley de Regulación de Agentes Extranjeros", aprobada el pasado jueves 16 de octubre en el plenario de la Asamblea Nacional con 70 votos a favor.
Explicó que con esta Ley, las organizaciones de Derechos Humanos serán las más afectadas, pues las ya existentes ahora no podrían financiar sus esfuerzos para dar seguimiento a denuncias de violaciones de derechos en el país, sino que también limitará a nuevas organizaciones para que puedan inscribirse y "operar a favor de los Derechos Humanos".
Pineda recomendó que, en vista de que el sistema de justicia nicaragüense está controlado totalmente por el orteguismo, las organizaciones y personas afectadas ejerzan acciones en conjunto para no acatar estas medidas.
"Un accionar colectivo, en la medida en que solo una organización o pocas lo hagan, no tendrá ningún efecto y si se suman más organizaciones el Gobierno no va a tener la capacidad represiva", analizó.
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