3 de julio 2023
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La subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, jefa de bloque en Matagalpa, prometió "continuar al lado de nuestro pueblo" en el 42 aniversario de la Policía de Nicaragua, en septiembre de 2021, cuando ella y 109 oficiales más fueron ascendidos en ese departamento del norte de Nicaragua. Sin embargo, menos de dos años después huyó a Estados Unidos.
Guzmán Gutiérrez representa la deserción de funcionarios públicos o militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) más destacable en la última semana. Forma parte de una tormenta que mantiene crispados los ánimos a las autoridades del partido de gobierno y que han sido denunciadas por el experto en administración de justicia, Yader Morazán, originario de Matagalpa y radicado en el exilio. Con sorna, en su cuenta de Twitter, le dijo a la oficial: “bienvenida al imperio yanki agresor de la robo-ilusión”, en referencia a la revolución de 1979.
La subcomisionada está casada con Luis “Wicho” Montenegro, a quien Morazán identifica como “expolicía” y quien es hermano a su vez de la magistrada Lourdes Montenegro, miembro de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones en el norte del país, con alcance en sus decisiones en los departamentos de Matagalpa y Jinotega.
El otro caso destacable develado por Morazán es el del matrimonio de Juan Alberto Soza Jarquín y Gabriela Alejandra Rayo Castro; el primero sobrino de un conocido paramilitar orteguista de Matagalpa y la segunda convocada como testigo en el juicio en contra del Obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, un proceso fabricado por el régimen que terminó el 10 de febrero de 2023 con una condena a 26 años y cuatro meses de prisión.
Desconfianzas y paranoia en “los de arriba”
Para una fuente vinculada al FSLN en Matagalpa, el partido de Gobierno vive un desgaste producto de las malas directrices de sus dirigentes enfocadas en la corrupción, el continuismo y el robo de los impuestos a los ciudadanos a manos de una “pandilla de delincuentes”.
Según esta fuente, la subcomisionada no tiene fama de represora como sí tienen otros miembros del partido oficialista como el alcalde Sadrach Zeledón, “Lalo” Soza—tío de Soza Jarquín—, entre otros miembros de la cúpula gubernamental en ese departamento. “La subcomisionada tiene familia en los Estados Unidos, es fundadora del FSLN y toda la vida ha sido una oficial administrativa. Era accesible, en un tiempo como asistente en la Comisaría de la Mujer”, afirmó.
Este fin semana, comentó, hubo actividades del partido de Gobierno que se han limitado a jornadas en las que participan pobladores favorecidos con proyectos municipales, trabajadores del Estado y sus familiares, quienes son supervisados por los comisarios locales del partido y corren el riesgo de ser amonestados. “Celebraron la liberación de (la dictadura de Somoza de) Matagalpa, pero proyectan solo a Bayardo Arce”, agregó la fuente.
Según Morazán, la huida de estas personas vinculadas al FSLN del país tiene consecuencias a lo interno, expresadas también en las instituciones del Estado. “Sin lugar a dudas, existe por un lado reclamos hacia las personas menos radicales, porque muchas de las personas que sí se han radicalizado exigen puestos o algún tipo de beneficio del régimen. Por otro lado, la gente de arriba se vuelve más paranoica entre sí. Actualmente en el Estado nadie confía en nadie y hay temas incluso que ni siquiera son de conversación, porque una palabra mal dicha puede ser interpretada de diversas formas y puede tener consecuencias”, aseguró.
Morazán indicó que a muchos empleados públicos y/o militantes del FSLN se les ha quitado el pasaporte y, a pesar de eso, se mantiene un doble discurso en el régimen ya que, por un lado, se ha dejado salir a algunas personas del país y, por otro, se ha limitado la salida a otras.
En una aparente referencia a los casos denunciados por Morazán, el padre Edwin Román dijo en su cuenta de Twitter que Migración de Estados Unidos debería investigar el comportamiento de ciertos visitantes que están ingresando con el programa “Parole”, lo que se estaría dando “sin control”.
“En redes sociales hay denuncias que evidencian los antecedentes penales, y participación de estas personas en actos terroristas”, agregó el sacerdote, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos.
Ortega refuerza aparato de “contrainteligencia”
Desde el año pasado, para enfrentar las deserciones en el Estado, el régimen ha reforzado a lo interno de las instituciones sus mecanismos de lo que llaman “contrainteligencia”, un mecanismo militar que persigue detectar al “enemigo interno”.
La persecución en las instituciones ha llevado a la detención de miembros del poder judicial como los recientemente desterrados presos políticos Roberto Larios, Moisés Astorga y María José Camacho Chévez, tres colaboradores cercanos de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Alba Luz Ramos. El primero en calidad de vocero y los otros como integrantes de su despacho.
Ortega ha llevado a cabo también una reingeniería en la Policía que ha implicado, por un lado, movimientos de fichas entre sus jefes represores y el nombramiento de un nuevo subdirector a cargo del espionaje político, bajo la autoridad suya y de su asesor en temas de seguridad, el comisionado general en retiro Horacio Rocha, a quien elevó al rango de ministro.
“Es realmente irónico que aquellas personas que señalaron al Estado norteamericano como el financiero y responsable de la agresión en contra de la revolución que defendieron hasta los últimos días, y que siguen defendiendo, corran a los brazos de Estados Unidos. Eso demuestra que no existe una mística revolucionaria dentro del FSLN, ni tampoco la pertenencia en función de ideología, sino conveniencias, favores, oportunismo. Siendo esto elementos propios de lo que es la delincuencia”, afirmó Morazán.
