25 de diciembre 2023
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Doña Lorna Díaz, viuda de Arturo Gómez, asesinado el 23 de junio de 2018 de un disparo en la cabeza, no sabe cómo explicar a su nietecita por qué tienen que vivir en Costa Rica, teniendo casa propia en Nicaragua, y por qué no pueden regresar, sobre todo en estas fechas de Navidad. Yadira Hernández tuvo que renunciar a su trabajo, su familia, y a una carrera profesional de 20 años para huir a Costa Rica, país donde se siente “totalmente indefensa”.
Como ambas mujeres, hay miles de nicaragüenses más que encontraron refugio y relativa seguridad en la vecina del sur a cambio de renunciar a las vidas que se habían labrado en su país dejando todo atrás con la esperanza de poder regresar “dentro de tres meses”, y mientras tanto, encontrar un empleo para mantenerse.
Tanto Díaz como Hernández aprovecharon el acto con el que el Colectivo de Derechos Humanos ‘Nicaragua Nunca Más’ celebró sus cinco años de trabajo desde Costa Rica, para contar sobre la situación en la que se encuentran. En el evento se nombró a las instituciones que más se destacan en la violación de los derechos humanos, y se identificaron los tres tipos de negación que implementa el régimen.
Un hijo preso político en soledad
La señora Díaz lamentó cómo le arrebataron a su esposo, su hogar y su estabilidad obligándola al destierro y a separarse de su familia. “Se llevaron 38 años de mi vida. Trato de masticar, no de tragar, el saber que ellos están haciendo lo que quieren”, compartió.
Su dolor es mayor porque tiene un hijo preso y por primera vez se atreve a denunciar que no es un preso común, sino que es un preso político que no recibe visitas porque no tiene familia en Nicaragua. Una vez pidió a alguien que fuera a verlo, pero no se lo permitieron, lo que la mantiene en una situación de impotencia por que no puede ver a su hijo y llevarle algo para comer, mientras ella se ve afectada por la hipertensión, el asma, y el insomnio.
La señora Hernández no tiene el dolor de la pérdida de un familiar, ni nadie de su sangre que esté preso por opinar, pero también es víctima del régimen que detenta el poder en Nicaragua gracias a las armas, por cuya voluntad totalitaria tuvo que exiliarse dejando atrás la vida que había tardado décadas en construir.
Califica su estadía en Costa Rica como “difícil”, porque tiene carné de solicitante de refugio pero no un permiso de trabajo que le permita buscar empleo para generar su propio sustento. “Tuve que exiliarme, no por una situación política, sino por una injusticia ante la cual no podía callar: vi cómo en mi barrio golpeaban, mataban a los jóvenes, sin justificación, y no había a quién pedirle ayuda, a qué autoridad denunciar semejante atrocidad”, explicó.
Negando la brutal represión
La representante de la Asociación Madres de Abril, Tamara Morazán, es hermana de Jonathan Morazán Meza, asesinado en la masacre del 30 de mayo de 2018, cuando el régimen ordenó disparar a las multitudes que participaron de ‘la madre de todas las marchas’, que se llevó a cabo en varias ciudades a la vez.
Como integrante de esa asociación, refiere que han tenido que enfrentar tres tipos de negaciones a las que se aferra el régimen para seguir clamando inocencia, comenzando por la “negación de la realidad”, que se produce cuando no reconoce a las víctimas mortales que causó, y trata de justificarse diciendo que eran delincuentes, golpistas y terroristas que se mataron entre ellos.
También hay una “negación de la justicia”, cuando se decidió que no iban a investigar los crímenes ocurridos, y por el contrario promulgaron leyes de amnistía para legalizar la impunidad de los criminales.
El tercero es la “negación de la verdad”, cuando tergiversan los hechos y eliminan evidencias, a lo que se suma la construcción de una narrativa oficial basada en mentiras que manipula los actos y manipula los hechos.
Morazán abogó por erradicar esa triada de negaciones “para terminar con el karma de la impunidad que carga nuestra Nicaragua”, que se saldó con 355 víctimas (incluyendo 23 policías), según el último registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, que comprende el período de abril de 2018 a junio de 2019.
Coludidos para violentar
Finalmente, Wendy Flores, coordinadora del Colectivo Nicaragua Nunca Más, dijo que el proceso de documentación que implementan de forma permanente, ha permitido identificar instituciones y personas perpetradoras de violaciones de derechos humanos, destacando la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Policía Nacional, los centros penitenciarios, el Ministerio Público, el de Gobernación, y el Registro Civil de las Personas.
“Si bien el número de denuncias no disminuyó en relación con el año anterior, este despliegue represivo tiene un efecto disuasivo en las personas denunciantes por temor a sufrir represalias si sus casos son elevados a instancias internacionales de derechos humanos, y en consecuencia evitan denunciar públicamente sus casos”, concluyó.
