8 de junio 2024
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Los familiares del poeta Carlos Bojorge no saben nada de él desde hace seis meses cuando fue capturado, el pasado 1 de enero de 2024. Lo han buscado en la delegación policial de El Chipote, donde llevan con frecuencia a los presos políticos; en la cárcel La Modelo, en Tipitapa; y en las diferentes estaciones de Policía de Managua. Pero las autoridades del régimen no responden dónde está, ni en qué condiciones se encuentra. Tampoco tienen certeza si se le ha acusado en tribunal alguno.
En la Estación Tres, los policías —inclusive— les recomendaron que hicieran una denuncia por su desaparición y en el Sistema Penitenciario Nacional les dijeron que lo buscaran en la morgue del Instituto de Medicina Legal (IML).
Sin embargo, una fotografía, filtrada hace un par de meses por otros presos de la cárcel La Modelo, muestra a Bojorge en esa prisión con el uniforme azul de los reos y aun así, los carceleros lo negaron.
“La mamá se presentó al Sistema Penitenciario y los funcionarios del régimen siguieron alegando que si él (Bojorge) estuviera recluido en ese penal, ellos le dirían con mucho gusto”, relata Alexandra Salazar, coordinadora de Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).
Junto a Carlos Bojorge hay otros dos presos políticos en “desaparición forzada por ocultamiento de paradero” sostiene la UDJ. El exdiputado indígena Brooklyn Rivera, capturado el 29 de septiembre de 2023, y el catedrático universitario Freddy Quezada, capturado el 29 de noviembre de 2023 en su casa de habitación en Managua.
“Hasta la fecha, las autoridades siguen negando información sobre el paradero fidedigno de Brooklyn Rivera, Freddy Quezada y Carlos Bojorge. Se ha impedido toda comunicación entre los detenidos y sus familiares y abogados”, advirtió la UDJ en un comunicado. “De tal manera que no se tiene certeza de sus condiciones de detención, constatación de su estado de salud y vida, ni de su seguridad personal, lo que genera zozobra a sus seres queridos”, agregan.
Para la UDJ, la desaparición forzada por ocultamiento de paradero es una “práctica recurrente” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, considerada violatoria de los derechos humanos de los presos políticos.
No existen pruebas de vida
Al líder misquito y presidente nacional del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera, ningún familiar lo ha visto desde hace ocho meses cuando fue capturado. La última imagen suya es una donde se le ve esposado en la parte trasera de una camioneta, poco después de que la Policía lo arrestó en su casa de Bilwi, ciudad cabecera del Caribe Norte.
Su familia supo que, en octubre de 2023, Rivera, de 71 años, fue trasladado a un hospital, porque tenía presión arterial alta. También escuchó que habría sufrido un derrame cerebral, pero no han podido corroborar la información.
Defensores de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han demandado una prueba de vida del exdiputado indígena. Sin embargo, la dictadura no ha informado sobre su paradero y tampoco explica si existe alguna acusación en su contra que justifique la privación de libertad.
“Todos los recursos de exhibición personal siguen siendo rechazados y el Tribunal de Apelaciones siempre hace referencia de que ‘la persona se encuentra ante la autoridad judicial competente’, pero no se tiene mayor información”, subrayó Salazar.
Del profesor Freddy Quezada no se ha tenido prueba fotográfica y nadie lo ha visto desde hace seis meses que fue capturado, pero se presume que se encuentra prisionero en la cárcel La Modelo.
Los familiares del profesor Quezada tuvieron contacto con un defensor público, quien a principios de este 2024 les habría indicado que en esos días el catedrático tenía programada la audiencia de juicio.
“Un familiar se presentó al complejo judicial (de Managua), pero no le permitieron la entrada, no le dieron información y al salir el defensor público le hizo referencia de que (Quezada) había sido condenado”, explicó la abogada.
Según Salazar, ni el defensor público asignado por el Estado pudo ver a su defendido o conocer el expediente judicial porque la audiencia fue realizada de forma virtual.
Intentan silenciar las críticas
En Nicaragua, la desaparición forzada “se suma a una serie de tácticas que las autoridades han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora", advierte Amnistía Internacional en su informe ¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua.
El artículo 232 del Código Procesal Penal (CPP) establece que la Policía tiene el deber de “informar a la persona en el momento de detenerla, de las causas de su detención en forma detallada y en idioma o lengua que comprenda”.
Además, “que tiene derecho a ser asesorada por un defensor de su elección, a fin de que lo designe” e informar a los parientes u otras personas relacionadas con el detenido que así lo demanden. Entre estas, información sobre la unidad policial donde fue conducido, y "permitir al detenido informar él mismo a su familia o a quien estime conveniente”. Pero ninguna de estas garantías se cumple para los reos políticos.
