21 de agosto 2024
El “miedo” se ha apoderado de los trabajadores de las instituciones públicas de Nicaragua desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó que iniciaría una “reestructuración” del aparato estatal, el viernes 2 de agosto de 2024. El temor se ha “extendido” después de varios despidos masivos en todo el país, según empleados del Estado consultados por CONFIDENCIAL.
Arturo dice que lleva varios días sin dormir. En las noches se imagina qué hará si lo despiden y sobre todo se recrimina no haberse ido antes que aprobaran la nueva ley que reduce las indemnizaciones por antigüedad a todos los empleados públicos.
“Lo que me darán es mucho menos de lo que me correspondería, pero además no hay certeza de que a uno le den su dinero pronto”, admite.
Aunque este trabajador del Ministerio de Salud (Minsa) explica que cualquier día de la semana se enteran de despidos, las “mayores barridas” se han conocido al finalizar la semana por lo que “todos tenemos miedo de caer en los ‘viernes negros’ de despidos”.
El viernes 9 de agosto, el régimen se limitó a realizar una serie de nombramientos de ministras y directores de instituciones públicas. Una semana después, el 16 de agosto, difundieron la ratificación en sus cargos de 16 asesores con rangos de ministros.
También la semana pasada se conoció del despido de más de 400 empleados del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca) en las delegaciones de León, Chinandega, Bluefields, Carazo, Masaya y Granada.
En otras instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) despidieron a 40 trabajadores, revelaron a CONFIDENCIAL fuentes de esa institución. Además, reportaron despidos en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
“En este momento sabemos que cualquiera puede irse en la barrida, lo que no sabemos es cuántos nos iremos y por qué, pues han corrido incluso gente que era leal a la dictadura”, insiste Arturo.
“Somos unas simples fichas”
Para Estela, trabajadora de una alcaldía, está llegando el momento en que “no hay razón lógica de los despidos”, aunque confiesa que pretenden “venderlo como un tema de eficiencia”.
Confiesa que como ha trabajado como secretaria política del FSLN en un municipio participó en una reunión con Fidel Moreno y con la ahora asesora presidencial y exministra del MEFCCA, Justa Pérez Acuña, en la que les informaron que este es un proceso de “ordenamiento” del aparato estatal para “promover el ahorro y la eficiencia del gasto público”.
“Pero la realidad es que sabemos que hoy los que podemos despedir, mañana podemos ser los corridos. Hay mucho miedo y es generalizado, nosotros somos unas simples fichas que ellos deciden qué hacer con nosotros, pero nadie se atreve a alzar la voz”, detalla Estela.
Afirma que incluso dejan entrever que “unirán” algunas instituciones, pero insiste en que “tampoco nos hablan claro”.
La reducción “fuerte” empezó desde 2022
Desde abril de 2018, el régimen Ortega-Murillo ha impuesto el terror a los trabajadores públicos, ha habido varias “purgas” y ha impuesto castigos a quienes se atrevieron a criticar sus decisiones.
“El régimen de terror e incertidumbre empezó cuando empezaron a vigilar lo que hacíamos, con quienes nos relacionábamos o incluso lo que publicábamos en redes sociales”, afirma Osmar, trabajador del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Para este trabajador público es evidente que el régimen “ha visto diezmados sus recursos y los que pagamos los platos rotos somos los empleados públicos”, pero advierte que eso está generando “mucha molestia”.
“Todos los días y en especial los viernes lo que uno puede ver son las caras de tristeza y de miedo de no saber si pasaremos de ese día”, cuenta.
Osmar explica que se enteran de los despidos por amigos o familiares cuando vuelven a sus casas “porque dentro del trabajo es imposible informarse de algo así”.
“La única forma de darse cuenta de despidos es cuando le toca a tu institución o tu oficina”, apunta.
Desde finales de octubre de 2023 hasta julio de 2024, más de 1100 empleados del Poder Judicial han sido despedidos en todo el país, según fuentes vinculadas a ese poder del Estado, quienes han destacado que la “barrida” fue ordenada por Rosario Murillo.
“Las barridas parece se van a multiplicar en varias instituciones. Empezaron con el Poder Judicial, siguieron con Cancillería, después el MEFCCA y no se sabe cuál será la próxima”, indica Osmar.
En sus primeros 14 años en el poder, la Administración del Frente Sandinista ensanchó anualmente la planilla del Poder Ejecutivo hasta alcanzar los 113 634 empleados en 2021, según datos del Banco Central de Nicaragua.
Desde 2022 el número de empleados públicos ha caído cada año. Las cifras oficiales indican que en promedio, hasta junio de 2024, había 111 652 empleados en el Gobierno central, aunque esta cifra se podría elevar —según cálculos independientes— hasta los 170 000 o 200 000 si se suman los trabajadores de las alcaldías, empresas públicas y entes descentralizados.
Cuando el FSLN volvió al poder, en enero de 2007, la planilla del Gobierno central era de 39 140 trabajadores, pero al final de ese mismo año ya la había elevado a 60 702 empleados.
“Aquí nadie trabaja en paz”
Adrián, trabaja en el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena), y describe los días de trabajo como “terribles” desde que anunciaron los despidos.
“En los almuerzos escuchamos como nunca los discursos de Rosario Murillo para ver si dice algo. Nadie dice nada, pero todos nos miramos en silencio sabiendo que tememos lo peor”, asegura.
Este trabajador público detalla que en su caso la única opción que ve clara si lo despiden es “salir del país”.
“Muchos que incluso han sido fichas de represión dentro de las instituciones, los han barrido, lo que da un mensaje claro de que pueden correr a cualquiera”, explica.
Varios de los trabajadores consultados por CONFIDENCIAL coinciden en que muchos de los despedidos “eran los mejores trabajadores”.
“En algunos casos me he enterado que están dejando los más leales al partido, pero no hay una certeza de quién se puede quedar y quién no”, lamenta Adrián.