23 de mayo 2023
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Las redadas policiales nocturnas que ejecutó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el 3, 12, 13 y 14 de mayo, en contra de nicaragüenses en 13 de los 15 departamentos y dos Regiones Autónomas del Caribe de Nicaragua tienen por objetivo “atemorizar a toda la población” y “obligar al exilio a cualquiera que consideren opositor”, afirman trabajadores del Estado entrevistados por CONFIDENCIAL.
Para “César”, que trabaja desde hace siete años en el Poder Judicial, es evidente que la actuación de policías, jueces y fiscales, “fue un acto planificado con el fin de desarticular cualquier rastro de protesta en el país”.
“Eso es algo que todos sabemos, que quieren terminar con la oposición, porque nos los dicen en las reuniones partidarias, que estamos teniendo cada vez más seguidas”, detalla este funcionario público.
Lo mismo confirma “Dayana”, una trabajadora de una oficina departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “El discurso que nos han vendido es que es mejor que se vayan cuanto antes todas las personas que puedan estorbar en el proceso revolucionario”.
“Han llegado a un punto en que prefieren que el país se vaya quedando vacío, pero con gente silenciada que no se atreva a alzar la voz”, expresa esta mujer que tiene más de 14 años trabajando para el partido.
Pero, así como ha incrementado la persecución a los que consideran opositores, a lo interno de las instituciones “han aumentado los espionajes y las presiones”, revela “César”.
Un acto intimidatorio
El operativo nocturno del 3 de mayo contra ciudadanos, entre los que había periodistas, familiares de víctimas de la represión y activistas, incluyó sesiones secretas de acusación que duraron al menos doce horas de terror y en las que los policías con fusiles en mano allanaron las casas de los acusados.
Las 57 personas fueron liberadas, pero al menos 30 de ellas fueron acusadas por los supuestos delitos de “conspiración y menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Los regresaron a sus casas a las seis de la mañana del día siguiente, luego de abrirles procesos en Managua y de imponerles la obligación de presentarse diariamente—a partir de entonces—ante las autoridades policiales de sus respectivos departamentos. La operación de intimidación se repitió en una nueva cacería en la que al menos 18 personas fueron detenidas y judicializadas durante el 12, 13 y 14 de mayo.
Ese nuevo patrón de captura y acusación exprés “es una forma de intimidación que pretende desarticular la oposición en todas las redes territoriales del país, pero también es una forma de obligar a las personas que se vayan del país”, afirma “Denis”, un trabajador del Ministerio de Salud (Minsa) de Granada.
“La orden es clara. Ellos (Ortega y Murillo) quieren que todo el que sea opositor, o que pueda generar cualquier tipo de protesta se debe marchar del país”, apunta.
“Denis” cree que es “obvio” que el sistema judicial “sigue violentando cualquier principio de independencia y queda en evidencia que su único interés es perjudicar a todas las personas que acusa”.
“Ninguna de estas personas tiene el beneficio de la duda, se les acusa y de inmediato se les considera culpables. Solo que ahora la orden parece ser no llenar las prisiones y dejarlos en sus casas, pero atemorizados”, indica este trabajador del sistema de Salud.
Además, señala que “a la vez buscan dejar el mensaje de que lo mismo le puede pasar a cualquiera que se rebele, sea opositor o sea afín al régimen”.
“A nosotros nos tratan de lavar el cerebro y nos dicen que todo aquel que se va de las filas del Estado es un traidor y que la traición ya sabemos cómo se paga, en una clara referencia a la cárcel o la muerte”.
“Denis”, trabajador del Minsa de Granada.
Sin embargo, el trabajador confiesa que hay cada vez más deserciones. “Es evidente que mucha gente se ha ido prefiriendo incluso perder sus liquidaciones o quedando mal con ellos porque ya no aguantan más”, dice.
“Van a seguir persiguiendo”
“Fátima”, una trabajadora del Ministerio Público del sur del país, explica que en las reuniones con sus superiores les indican que “este tipo de acusaciones por ahora centradas en Managua se pueden repetir en los departamentos”.
“Nos dicen que debemos estar listos porque a estas personas que les abrieron un proceso judicial las silenciarán a la fuerza si se quedan en el país o se deberán ir, pero que van a seguir apuntando contra todos los opositores para que ni intenten organizarse”, revela.
“Dayana” explica que eso también se repite en las reuniones partidarias. “Ellos saben que si nadie se organiza en el país, ellos podrán seguir gobernando sin ningún problema”, refiere.
“Moisés”, que labora en el Ministerio de Trabajo, detalla que también en esa institución “nos hacen ver como el mal menor que la gente se vaya del país”. “Nos dicen que es mejor que se vaya la gente que no aporta al desarrollo del país y que eso no afecta el crecimiento de la economía porque siempre están las remesas. Es un discurso que nadie cree pero toca guardar silencio”, comenta.
Señala que, tras los arrestos, redadas, cancelación de organizaciones y “cualquier otro atropello” a los derechos humanos “nos reúnen para hacernos ver que es la decisión correcta y nos quieren obligar a que lo digamos en redes sociales”.
“Siempre nos están vigilando también las redes para ver si apoyamos a unos u otros. Cualquier cosa que hagamos o digamos que no les parezca y se salga del guion del discurso que pregona el Gobierno es un pecado que nos puede llevar a la calle”.
“Moisés”, trabajador del Ministerio de Trabajo.
“Los tienen mapeados”
Esta nueva modalidad represiva evidenció que “ya los tenían mapeados a todos”, advierte la activista Ivania Álvarez, pues le parece que era “una cosa preparada”.
“Tiene un montón de tiempo de estar haciendo mapeo de la gente” que es considerada opositora, dice Álvarez.
También ahora las controlarán de una manera distinta, valora, porque “ya no es necesario que vaya la Policía a estar afuera (de la casa), ya no es necesario que vaya el paramilitar a tomarte fotos. Vos (como ciudadano) vas a tener que ir todos los días a reportarte”.
El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, indica que lo que ocurre en Nicaragua debe ser analizado en el entendido de que el país vive un “terrorismo de Estado”.
“Las redadas sorpresa, audiencias exprés o las detenciones nocturnas ya sucedían en el pasado, solo que ahora se hace uso de la libertad condicional inmediata, lo cual sería la novedad. Cuando se señala esta ‘sofisticación’, me refiero al incremento de la crueldad y de la violencia institucional en algunas prácticas normalizadas por el régimen autoritario”, sostiene el abogado brasileño.
