13 de enero 2023
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“Guillermo” recuerda que el último día laboral de 2022 su jefe le volvió a advertir: “Ni lo intentés, porque no te dejarán salir”. No era la primera vez que se lo decía. En un par de ocasiones, que le insistió con permisos para visitar a su hermana en Estados Unidos, la respuesta siempre fue la misma.
“Aunque yo tengo un cargo de dirección media parece ser que tienen miedo que me vaya a quedar en Estados Unidos y los vaya a denunciar. No sé bien qué podría ir a decir yo, como para que no me dejen ir”, detalla.
Durante más de siete años ha trabajado en el Ministerio de Salud (Minsa) y le parece “increíble” el nivel de paranoia que tiene el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la mayoría de trabajadores del Estado. “Como ha habido muchas renuncias y muchos que se han ido del país, supongo que tienen miedo que nos vayamos todos y que se evidencie el hartazgo que existe entre los trabajadores públicos”, dice.
Otros compañeros, de este hombre de poco más de 30 años, han intentado pedir permisos para viajar fuera del país a visitar a amigos, familiares o de turismo y han corrido igual suerte. “A una compañera le dijeron que debía mandar una carta explicando todo, pero que era un trámite largo y que desde arriba (en referencia a otras autoridades) decidirían si podía viajar”, recuerda “Guillermo”. La respuesta para su colega nunca llegó.
“Solo algunos pueden salir de Nicaragua”
Para “Guillermo” no hay explicación lógica sobre quién puede salir del país y quién no. En las vacaciones de Navidad y fin de año pensó que podrían salir sin problema, pero la advertencia fue la misma. “Uno no se va con sus maletas porque se han sabido de casos de gente que llega al aeropuerto y le quitan el pasaporte y les dicen que no pueden salir”, indica.
“También hemos sabido de trabajadores del Estado que se fueron a Estados Unidos sin problema, pero son allegados a los jefes. Lo supimos porque subieron fotos en sus redes sociales”, detalla.
Sin embargo, también se ha conocido que familiares y funcionarios de alto rango de distintas instituciones del Estado, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han sido impedidos de salir de Nicaragua. Nunca hay explicación, solo se les dice que no pueden viajar. A algunos les han quitado el pasaporte.
“No quieren que salgamos a ningún lado”
“Paula” cuenta que fue un martirio conseguir pasaporte. Tuvo que hacer una gran fila durante horas en Managua para poder solicitarlo por primera vez. Aunque pidió apoyo a “un amigo del partido”, este la ignoró.
“Nadie se quiere quemar porque decir salir del país parece ser un pecado dentro de las filas del Gobierno”, expresa. Al final, no tuvo problemas para obtener su documento de viaje, pero su jefa le dijo que para poder salir debía dar detalles de a dónde iba, por cuánto tiempo y el motivo. “De alguna manera me persuadió de que era una mala idea irme, porque después puedo ser mal vista en el trabajo”, menciona.
Sin embargo, conoce de algunas compañeras del Ministerio de Educación, que son hijas o familiares de ministros, diputados o magistrados “que se van y nadie les dice nada”. “Incluso algunas de estas personas se han quedado a vivir fuera sin haber renunciado”, confiesa.
“Los permisos parecen ser selectivos, pero la realidad es que ellos no quieren que salgamos a ningún lado porque temen que seamos una nueva voz de denuncia a nivel internacional”, reflexiona “Paula”.
Los obligan a pedir permiso
En agosto de 2022 circuló un comunicado del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en el que se les comunicaba a los trabajadores que si deseaban viajar al exterior debían informar con “siete días por adelantado” los motivos del viaje, el país hacia dónde se dirigen, así como la fecha de salida y de entrada a Nicaragua.
El documento firmado por Jaime López Lowery, secretario técnico del CNU, señala que en base al “fundamento en el numeral 14 del artículo 58 de la Ley No.89, reformado por el ministerio de la Ley No. 1114, publicada en La Gaceta No. 66 del 06 de abril del año 2022, y con el interés de conocer el movimiento migratorio del personal docente, administrativo y directivo de esa comunidad educativa, así como del personal académico y científico que recibe la universidad en ocasión de eventos y/o para la realización de actividades contempladas en los planes, programas y proyectos que llevan a cabo, atentamente les solicitamos que nos informen de las entradas y salidas del país con al menos siete días por adelantado”.
“Esto mismo pasa en muchas otras instituciones públicas”, afirma “Leonela”, una trabajadora del Poder Judicial. Ella quiso viajar poco antes de noviembre de 2021 y le dijeron que no podía.
“Desde ese año vengo insistiendo en permiso para poder viajar fuera del país porque aprovechaba siempre las vacaciones para conocer nuevos lugares o visitar familiares y no he podido”, sostiene.
La primera excusa que le pusieron fue que no podía salir porque “venían las votaciones presidenciales”. Pero luego, las excusas son “es que vos sos cercana a tal funcionario”. El 2022, el argumento fue que había votaciones municipales. “Y así me llevan, dándome largas”, detalla.
En el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) la orden es clara. “Nadie se puede ir por la libre”, dice “Roberto”, un trabajador del sur del país. Aunque hay gente que se ha ido por puntos ciegos para desertar “porque no es fácil renunciar y no levantar sospechas”.
“Uno no puede siquiera ir a Costa Rica donde casi todos tenemos familiares”, dice este joven que lleva doce años en esa institución del Estado.
“Aunque no lo digan –afirma– la realidad es que todos estamos en una especie de Nicaragua por cárcel y somos prisioneros de un régimen que ve como enemigos a todos, incluso a sus aliados y trabajadores”.
