25 de junio 2024
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Una empresa de fachada llamada Agronegocios Comerciales SA, presidida por el empresario privado Tirso Celedón Lacayo, fue el vehículo que utilizó la familia Ortega-Murillo para adquirir, en 2013, las empresas estatales de distribución de electricidad Disnorte y Dissur, valoradas en 140 millones de dólares.
En febrero de 2013, Disnorte y Dissur fueron compradas a Gas Natural por dos compañías españolas: TSK y Melfosur, que formaron ex profeso un consorcio para ejecutar la operación. Ambas empresas estaban dedicadas a la construcción de subestaciones eléctricas, pero sin ninguna experiencia en el giro del negocio de la distribución.
Sin embargo, las distribuidoras de energía pasaron en realidad a manos de Agronegocios Comerciales SA, una sociedad anónima cuyo presidente y principal accionista es Tirso Celedón Lacayo, un empresario y arquitecto que actúa como testaferro de los negocios privados de la pareja presidencial, que mueven centenares de millones de dólares del capital de Albanisa, obtenido de la desviación anómala de la cooperación estatal venezolana.
En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene bloqueado el acceso al Registro Mercantil, donde está asentada la escritura de la sociedad. Sin embargo, CONFIDENCIAL confirmó que el representante legal de Agronegocios Comerciales es el ejecutivo de Albanisa, Bernardo Eliseo Aráuz Mayorga, y que su domicilio sita en Lomas de Monserrat Casa A-15, también de Albanisa.
Españoles compraron, pero no eran dueños
A inicios de 2013, la filial local de Gas Natural Fenosa comenzó a buscar comprador para el 84% de las acciones de las empresas Disnorte y Dissur, encargadas de la distribución y comercialización de la energía eléctrica en Nicaragua, cumpliendo así con una decisión previa de su Junta Directiva.
La noticia de la venta sorprendió a los ejecutivos de las empresas del sector eléctrico nicaragüense, pero los sorprendió aún más saber que el comprador seleccionado fue el consorcio TMI, conformado por dos pequeñas compañías de capital español: TSK y Melfosur, dedicadas a la construcción de subestaciones eléctricas.
Una fuente que ofrece asesoría a empresas dedicadas al negocio eléctrico, recordó que ni TSK ni Melfosur se dedicaban a manejar sistemas de distribución —ni en España ni en Nicaragua—. Su expertise —dijo— se limitaba a construir redes eléctricas, como muchas otras compañías en el país, pero “no eran dueños, ni tenían experiencia en el manejo de empresas de distribución eléctrica dedicadas a comercializar energía”.
El gran premio a la constructora TSK-Melfosur
Desde 2012, CONFIDENCIAL investigó los movimientos para la venta misteriosa y detectó las primeras evidencias de que el verdadero comprador era ALBA de Nicaragua SA o Albanisa, el conglomerado de empresas bajo control de la familia gobernante, creado durante la anómala privatización de la cooperación estatal venezolana. Además de la falta de experiencia del recién creado TMI, el consorcio tampoco tenía el músculo financiero necesario para una actividad de ese tamaño.
“TSK-Melfosur nunca fue el dueño del total de las acciones de Disnorte-Dissur. Ellos poseían una minoría, y un contrato del Estado para administrar la distribuidora y dar la cara, pero su verdadero administrador era Albanisa, a través de Gustavo Acosta López, delegado del Gobierno en la distribuidora”, aseguró a CONFIDENCIAL una fuente vinculada a Albanisa, que pidió mantenerse en el anonimato.
“El Estado —agregó la fuente— tenía el 16% de las acciones, mientras que el beneficiario final de la mayoría de las acciones del vehículo que controlaba el 84% restante era Albanisa, a través de Agronegocios Comerciales SA”.
Hasta antes de aparecer como dueñas de Disnorte y Dissur, TSK y Melfosur no eran más que dos empresas dedicadas a la construcción de redes y subestaciones eléctricas. De hecho, TSK solo desarrolló dos proyectos en 2011: la línea de transmisión de 230 kV Sandino Masaya, y la subestación Sandino y bahía de subestación Masaya 230 Kv; y otros dos en 2012: la línea de transmisión del Anillo de Occidente 138 kV, y la subestación del Parque Eólico Eolo de 44 MW.
La situación mejoró sustantivamente en 2013 y 2014, cuando la empresa recibió seis proyectos en total: la línea de Transmisión San Ramón–Matiguás de 138 kV; el Parque Eólico Alba-Rivas de 42 Mw, y la subestación San Benito, de 230/138 kV, con Melfosur como cliente.
Luego, en 2014, se le adjudicó la construcción de tres subestaciones: La Virgen, de 230/138 kV, La Fe de 34.5/230 kV, y Eolo, de 34.5/230 kV. Y en 2015 le seguió la subestación Nuevo Rivas, de 138/24 kV.
Albanisa y Francisco “Chico” López
Al preguntarle quién es el dueño último de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía, un ejecutivo del sector energético corroboró las aseveraciones de la fuente de Albanisa. “Todo el mundo sabe, y todo el mundo lo ha sabido desde 2012 —dijo— que el dueño real de Disnorte y Dissur es PDVSA, junto con Albanisa”. Estas simularon la transacción para que TMI apareciera como la compradora de las dos empresas.
“Si vos ponés cero dólares, y todo lo que utilizas para comprar algo te lo presta alguien, el verdadero dueño no sos vos”, explicó. El ejecutivo asegura que esa fue la estrategia de ingeniería financiera utilizada para que el conglomerado de empresas, propiedad de la familia gobernante, se hiciera con las dos distribuidoras de electricidad.
El ejecutivo recordó que, a inicios de 2020, se supo que TMI ya no era dueña de Disnorte y Dissur, y que Albanisa seguía teniendo el control financiero por medio del sancionado tesorero del gobernante Frente Sandinista y vicepresidente de Albanisa, Francisco “Chico” López.
“Yo asumiría que ellos convirtieron esa deuda en propiedad de la empresa desde el momento en que salieron los españoles que realmente eran empresas de construcción en Nicaragua, que prestaron sus nombres para la jugada, nada más”, dijo.
Agregó que tanto TSK como Melfosur son empresas serias que operan en otras geografías, pero en otras actividades. “Nunca trabajaron en distribución”, sentenció.
La venta de Disnorte y Dissur implicó una operación de más de 140 millones de dólares: después de seis semanas de negociación, se acordó un pago de 57.8 millones de dólares, más la asunción de las deudas de la empresa, calculadas en 85 millones de dólares, en las que el acreedor principal era Albanisa, dijo la fuente.
La familia Ortega Murillo usó TMI para ocultar ante el sector privado la adquisición de las distribuidoras por parte de Albanisa, dado su doble rol como generador y distribuidor eléctrico, pero en especial ante Estados Unidos, tratando de evadir la política de sanciones impuesta por Washington contra las empresas e individuos en quienes se apoya el régimen para violentar los derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a tener elecciones libres, justas y transparentes.
En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional —dominada por el Frente Sandinista— aprobó la “nacionalización” de la totalidad de las acciones de TSK y Melfosur en Disnorte y Dissur. Pero esta expropiación no tuvo ningún efecto en el accionariado de la distribuidora de energía, ya que la legislación no mencionó a Agronegocios Comerciales SA, el verdadero dueño de las distribuidoras de energía.
Cuando TMI desapareció de la ecuación en 2020, Disnorte y Dissur —que en el papel eran de su “propiedad”— habían suspendido los pagos a Albanisa por temor a verse afectados por las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las distribuidoras debían unos 220 millones de dólares a Albanisa.
Un año antes, en enero de 2019, Estados Unidos anunció una orden ejecutiva que prohibía “cualquier transacción o trato con Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) o cualquier entidad en que Albanisa posea, directa o indirectamente, un interés del 50% o más”. Eso incluyó a Alba Generación, entorpeciendo su negocio de importación de petróleo, la compra de repuestos para dar mantenimiento a las plantas generadoras, y su capacidad para recibir pagos de las distribuidoras eléctricas.
Agronegocios, el “eslabón perdido”
Las filiales locales de TSK y Melfosur, ambas con presencia en los mercados eléctricos españoles, “vendieron” su participación accionaria en Disnorte y Dissur —calculada en un 84%— para evitar cualquier efecto contagio. Así apareció en la escena “el eslabón perdido” del negociado de los Ortega Murillo: Agronegocios Comerciales SA, de Tirso Celedón Lacayo.
El nombre de Agronegocios Comerciales sugiere una sociedad dedicada a aprovechar la proverbial riqueza del campo nicaragüense. Pero fuentes vinculadas a Albanisa confirmaron a CONFIDENCIAL que en realidad se trata de una empresa de fachada propiedad de la familia Ortega Murillo, presidida por Tirso Celedón Lacayo.
Celedón es un administrador de empresas, con estudios en el confiscado Incae, que gerenció varios negocios inmobiliarios. Fue, por ejemplo, el promotor de la construcción del edificio de apartamentos Torre Norte, propiedad de Desarrollos del Norte S.A. (Denorsa), valorada en 10 millones de dólares. También de los proyectos residenciales San Sebastián, y Pinares de Santo Domingo, valoradas en más de 14.5 millones de dólares. Todas efectuadas con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Según diversos reportes del diario La Prensa, un millón de dólares de los recursos del INSS también se usaron para construir el Condominio Veredas.
Del mismo modo, el INSS le prestó 1.2 millones de dólares a la empresa Tecnosa, propiedad de Francisco “Chico” López, para construir un proyecto de viviendas populares, que luego la Caja Rural Nacional (Caruna) —otrora brazo financiero del Alba— vendió a partidarios del Gobierno.
Celedón también era uno de los principales accionistas del Banco Corporativo (BanCorp), sancionado por Estados Unidos y vinculado a los negocios de la familia gobernante, que decidió su disolución “voluntaria” en abril de 2019.
Una fachada de los Ortega Murillo
Un ejecutivo del sector energético no duda que Agronegocios Comerciales SA sea “una empresa de papel”, y no una empresa real, pues sostiene que “nadie está interesado en invertir en una empresa distribuidora en Nicaragua”.
Las fuentes de Albanisa, que revelaron a CONFIDENCIAL la existencia de Agronegocios, dijeron que esa sociedad anónima también se usó a mediados de 2014 para que la familia Ortega Murillo adquiriera Pueblo Viejo, una propiedad de 44 manzanas de extensión con la inversión de un hotel y viviendas residenciales, desarrolladas por el exdiputado Alejandro Bolaños Davis, en un monto que, en su momento, fue calculado entre 10 millones y 15 millones de dólares.
Contactado telefónicamente, Bolaños Davis se limitó a responder que no recordaba detalles de ese proceso, que no conocía a Agronegocios, y que no le interesaba hablar de ese tema.
Sin embargo, en una entrevista con el diario La Prensa, publicada en noviembre de 2019, el expresidente Enrique Bolaños Geyer confirmó que Daniel Ortega le compró el hotel a su sobrino Bolaños Davis. Al referirse al dictador, el expresidente dijo que Ortega gasta el dinero de la cooperación venezolana “como él quiere”.
“¡Compró un hotel! Le compró, por ejemplo a Alex Bolaños una propiedad que tenía”, dijo el exmandatario, fallecido en junio de 2021.
Agronegocios también participó en negocios inmobiliarios y compró el edificio ubicado en las inmediaciones de la “Plaza de las Victorias” y del Hotel Princess, donde operaron bancos extranjeros como Banistmo y HSBC, y que ahora alberga la sede del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), creado por el régimen.
En abril de 2022, Daniel Ortega convirtió a Tirso Celedón Lacayo en funcionario del Estado al publicar, en La Gaceta número 64, su nombramiento para completar el período de cinco años del exdirectivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), Helio Montenegro Díaz, período que vence el 10 de junio de 2026.
Pero Celedón sólo ocupó el cargo por 101 días, porque en La Gaceta número 130, del jueves 14 de julio de 2022, se publicó el Acuerdo Presidencial número 113 - 2022, en el que Ortega ordenó cesar su nombramiento, y lo sustituyó por Ricardo Coronel Kautz, cuya familia ha desempeñado varios cargos en la Administración orteguista.
Según su perfil de LinkedIn, a partir de agosto de 2000, Tirso Celedón Lacayo asumió el cargo de director de una empresa llamada Desarrollo Agro Inmobiliario.
Ortega “juez y parte” en el negocio de energía
A pesar del impacto de las sanciones internacionales a los negocios de distribución de combustibles, la compra de Disnorte y Dissur a través de Agronegocios Comerciales SA, le permitió a la familia Ortega y Murillo consolidar el control sobre el negocio de la distribución de energía en Nicaragua.
El control de las distribuidoras de energía, sumado a lo que todavía mantiene en generación —incluyendo las sancionadas unidades “Hugo Chávez” y “Che Guevara”, y las plantas eólicas cobijadas bajo el paraguas de ALBA Vientos— convierte a los Ortega Murillo en “juez y parte”, al tener intereses tanto en la generación como en la distribución de electricidad de Nicaragua, utilizando empresas de papel y testaferros como Agronegocios Comerciales y Tirso Celedón Lacayo.
