21 de enero 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó, a través de los decretos presidenciales 01-2022 y 02-2022, aprobados por la Asamblea Nacional, suspender durante dos años prorrogables la veda para el “corte, aprovechamiento, transporte y comercialización de árboles de la especie” pochote, cedro real y pino, estableciendo que este último incluso podrá ser explotado en áreas protegidas.
“Se suspende en todo el territorio nacional, incluyendo las áreas protegidas, la veda para corte, aprovechamiento, transporte y comercialización de árboles de la especie pino por el período de dos años”, indica parte del decreto 02-2022.
El decreto 01-2022 señala que en el caso de los bosques de pochote y cedro real se suspende la veda, “exceptuando las áreas protegidas y las zonas de amortiguamiento”.
También establece que el Instituto Nacional Forestal (Inafor) “otorgará nuevos permisos de operaciones de industria a todas aquellas personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en las normativas de industria forestal”. Además manda a dejar sin efecto la restricciones que prohíben “el establecimiento de aserríos fijos o móviles”.
Ambos decretos disponen que el período de dos años “podrá ser prorrogable teniendo como soporte los estudios y recomendaciones técnicas y administrativas presentadas por el Instituto Nacional Forestal (Inafor) con la aprobación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)”.
En 2006, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso forestal” en la que se establece, en su artículo 1, una veda de diez años, que podía ser renovable, para el corte y comercialización de la caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo.
Sin embargo, el régimen de Ortega ha venido aprobando en los últimos años la suspensión de la veda para los bosques de pino y, recientemente, desde 2021, para especies como el pochote y cedro real.
En esta ocasión el régimen argumentó, para justificar la tala de los árboles de pino, pochote y cedro real, que el Inafor presentó un estudio e investigación “que ayudaron a valorar la suspensión de la veda de estas especies”. Además, mencionan que que la Comisión Nacional Forestal “aprobó” el informe técnico que “fundamenta la viabilidad de continuar con el aprovechamiento de estas especies, de conformidad a la distribución espacial, densidad poblacional y la distribución diamétrica de las misma”.
“La suspensión de la veda de las especies cedro real y pochote ha contribuido a dinamizar las actividades económicas del sector, el mejoramiento del nivel de vida de la población, la generación de empleos directos e indirectos y la sostenibilidad del recurso forestal”, indican parte de los argumentos presentados en el decreto presidencial.
Saqueo de los recursos naturales
El ambientalista Amaru Ruíz, de Fundación del Río, afirma que el propósito de la suspensión de la veda en estas tres especies “es el mismo, seguir el saqueo de los recursos forestales del país”.
“El impacto que tiene la suspensión de la veda en estas especies es continuar con el modelo neoextractivista que tiene el régimen, beneficiar a los capitales vinculados a las empresas forestales nacionales, que algunos estaban vinculados a capitales del régimen, y obviamente aumentar los procesos de deterioro y deforestación que existe en el país”, señaló.
Otros ambientalistas reconocidos como Jaime Incer Barquero y Víctor Campos, del Centro Humboldt, en años anteriores, en los que también se han aprobado períodos de suspensión de la veda de especies como el pino, han señalado lo perjudicial que son los permisos que se dan para la tala de los bosques.
Barquero, en un reporte de CONFIDENCIAL de 2016, advirtió que el país se está “quedando sin agua” y que los cambios climáticos “están haciendo efecto”, por lo que se necesita "proteger los bosques, los productores de agua”. Además, señaló de estar “equivocados” a quienes “creen que los bosques solo son productores de madera”.
En 2021, Campos advirtió del deterioro que sufren los bosques del país, señalando que en Nicaragua todos los años se cortan 180 000 hectáreas de bosques, y que el 28 por ciento corresponden a las reservas de Bosawás y de Río San Juan.
