Sociedad civil denuncia “absoluto incumplimiento” con medidas cautelares otorgadas por la CIDH

Representantes de la sociedad civil nicaragüense denunciaron que el Estado de Nicaragua “se encuentra en absoluto incumplimiento” de las diez medidas cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 60 personas, entre estas: 44 que permanecen privadas de libertad por motivos políticos, nueve familiares y siete excarcelados.

La denuncia de la sociedad civil se dio durante una audiencia pública de “supervisión de diez medidas cautelares de personas privadas de libertad en Nicaragua”, organizada por la CIDH en el marco del 184 período de sesiones.

Carmen Herrera, del Instituto Raza e Igualdad, señaló, en representación de 56 de las personas beneficiarias, que el Estado de Nicaragua “lejos de acatar lo solicitado por la Comisión y los pronunciamientos de la comunidad internacional, sigue realizando detenciones arbitrarias a personas consideradas opositoras al Gobierno” y mantiene a más de 180 personas “detenidas por motivos políticos, en condiciones infrahumanas que atentan contra su libertad, salud física, psíquica y su integridad personal y que constituyen torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes”.

“Hasta la fecha, el Estado de Nicaragua se encuentra en absoluto incumplimiento a lo requerido por la Comisión (...). No ha dictado ninguna medida para garantizar la vida, la salud o la integridad personal de los beneficiarios. No ha asegurado el acceso a atención médica especializada, adecuada y de calidad, acorde a sus necesidades; tampoco han valorado la adopción de medidas alternativas a la prisión a pesar del contexto de pandemia por covid-19, ni tenemos conocimiento de la realización de investigaciones de los hechos que dieron lugar a las medidas otorgadas”, denunció.

Beneficiarios están en "riesgo"

Georgina Ruíz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señaló que las personas beneficiarias “continúan en condiciones de insalubridad e inhumanidad, que constituyen en sí mismas tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Subrayó que 42 de las personas beneficiarias permanecen en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, diez de estos en la galería 300 de celdas de máxima seguridad de ese penal, entre ellos: Jaime Navarrete, Eduard Lacayo, Víctor Soza, John Cerna, Víctor Díaz, Kevin Solís, Gustavo Mendoza, Ernesto Ramírez, Uriel Pérez y Néstor Montealto.

“Las celdas de máxima seguridad y de castigo, a las cuales se trasladó  a los presos de manera arbitraria y en muchos casos sancionatoria, son celdas que miden dos por dos metros cuadrados, sus puertas son metálicas y cerradas”, describió.

Agregó que como defensores han recibido “numerosas denuncias sobre las condiciones inhumanas de encarcelamiento que sufren las personas beneficiarias”, entre estas: condiciones de insalubridad y hacinamiento, y poco acceso al agua potable.

Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica, explicó que las personas beneficiarias también continúan "sin acceder a medicamentos básicos y especializados para el tratamiento de sus padecimientos y enfermedades crónicas, no cuentan con atención médica, especializada y oportuna, lo que incrementa los riesgos para sus vidas”.

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También, denunció que al menos nueve personas privadas de libertad presentan problemas de salud de orden metabólico que ameritan atención médica, entre estos el reo político Carlos López Cano, quien es hipertenso y presenta problemas renales y anemia; Fanor Ramos, que tiene diabetes e hipertensión; y Benjamín Collado, que tiene hígado graso, fracturas producto de golpizas y problemas psicológicos.

Karina Sánchez, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), señaló que en el país hay 18 mujeres presas políticas que han sido objeto de múltiples agresiones, entre estas las dos beneficiarias de medidas cautelares, Karla Escobar y María Esperanza Sánchez, quienes también se encuentran en condiciones de privación de libertad incompatibles con la dignidad humana.

Denunció que las presas políticas “no tiene acceso a servicios de salud específicos, que atiendan a sus necesidades diferenciadas en razón de su sexo, identidad de género, orientación sexual, por ejemplo, atención médica especializada como la ginecológica, acceso a objetos de higiene personal e íntima, o atención a enfermedades crónicas”.

Explicó que Escobar “enfrenta caída de cabello, hipertensión, problemas ginecológicos asociados a quistes en los ovarios y estados depresivos sin ningún tipo de acompañamiento sanitario”, mientras que Sánchez “ha tenido que ser recientemente atendida de urgencia debido a graves cuadros de asma, presión arterial alta, y dificultad para caminar”.

“Las condiciones penitenciarias en las que se encuentran las presas (...) evidencia la intención del régimen de castigarlas por su posición de opositora, inhabilitarles para continuar desarrollando sus actividades, llevándolas incluso a riesgo inminente de muerte”, apuntó.

En unos minutos dará inicio #AudienciaPública en el marco del #184PeríodoCIDH

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— CIDH - IACHR (@CIDH) June 24, 2022

Carlos Guadamuz, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, resaltó que la “tortura en Nicaragua continúa siendo una practica sistemática y generalizada, lo que exacerba la condición de vulnerabilidad de las personas presas políticas”. 

Explicó que en los últimos seis meses algunos de los beneficiarios han sido víctimas de golpizas, amenazas de muerte, reclusión indefinida y amenazas.

Mencionó que algunos casos de tortura sistemática, tales como: el preso político Gustavo Mendoza Beteta se encuentra desde hace seis meses en celdas de máxima seguridad, totalmente aislado; el de Steven Mendoza, quien fue golpeado en marzo pasado, por múltiples custodios de La Modelo; y el de Lázaro Rivas Pérez que, luego de conocerse las medidas cautelares que recibió en marzo pasado, fue sacado de celda y golpeado salvajemente, mientras le advertían que "el comandante es el que manda".

Guadamuz resaltó que la situación de las excarceladas beneficiarias de las medidas cautelares tampoco ha mejorado, pues ellas siguen siendo “víctimas de persecución política, estigmatización, vigilancia y asedio a sus hogares por parte de policías, paramilitares o grupos afines al Gobierno”.

Tras exponer esta serie de violaciones a los derechos de los beneficiarios de las medidas cautelares, la sociedad civil solicitó a la CIDH  que “requiera a Nicaragua la liberación inmediata de las personas beneficiarias” y "ordene" que, mientras se surten los trámites administrativos, "proceda a garantizar la vida e integridad de las personas beneficiarias, en particular en el acceso inmediato al servicio de salud y medicamentos, contacto con familiares y abogados al menos un vez por semana, y condiciones mínimas de detención”.

También pidieron que se solicite ante la Corte Interamericana la adopción de medidas provisionales a las personas beneficiarias; se requiera a Nicaragua “su anuencia para que una delegación de la Comisión ingrese al territorio para constatar la implementación y efectividad de las medidas”; y que emita un “pronunciamiento público sobre la situación específica de las personas beneficiarias”.

Estado de Nicaragua otra vez ausente  

La comisionada Esmeralda Arosemena, relatora de país para Nicaragua, expresó su impacto por las condiciones descritas por la sociedad civil y lamentó el incumplimiento del Estado nicaragüense.

"No hay respuestas del sistema en asuntos tan esenciales como el tema de la vida de las personas, y cuando digo la vida me refiero a la integridad física, psicológica, su dignidad frente a tanta humillación, amenaza, tortura, creo que no hay una sola palabra de calificativos que podamos excluir de la realidad que está viviendo el pueblo nicaragüense", lamentó.

El comisionado Joel Hernández, relator para Movilidad Humana y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH,  también lamentó que por quinto año consecutivo, desde que funge como comisionado, "el Estado de Nicaragua está ausente" y que se sigan dando "retrocesos lamentables en la cooperación del Estado con la Organización de Estados Americanos y con la CIDH en particular".

Además, consideró que para revertir la situación de derechos humanos en Nicaragua se debe seguir visibilizando la situación que pasan las personas presas políticas, por lo que, resaltó, "esta audiencia se suma entonces a otras formas de manifestar la grave situación de derechos humanos que pasa en Nicaragua".