8 de octubre 2021
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El representante permanente, con rango de embajador, de Nicaragua ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza (UNOG, por siglas en inglés), Álvaro Fernando Murillo Centeno —sobrino de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo— calló ante los cuestionamientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, durante una revisión del Examen Periódico Universal (EPU), desarrollada este jueves y viernes de forma virtual.
El funcionario oficialista insistió en mantener un rol de escucha en la reunión; sin embargo, el Comité aclaró que “no es ni costumbre, ni norma” invitar a un Estado “a título de escucha”.
El relator del grupo de trabajo para Nicaragua, Mikel Mancisidor, citando el reglamento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, le indicó al embajador nicaragüense que “este Comité celebrará sus diálogos con el Estado en que sus representantes deberán estar en condiciones de formular declaraciones sobre los informes presentados por sus Estados y de responder a las preguntas que puedan hacerles los miembros del Comité”.
Mancisidor informó que, aceptar el rol de oyente de Nicaragua, “supondría un precedente que este Comité quiere a toda costa evitar”, a la vez, instó a Murillo a aprovechar la sesión para generar el “diálogo esperado”.
No obstante, el sobrino de la primera dama nicaragüense prefirió no responder a ninguna de las consultas del Comité. Este viernes, aseguró que las interrogantes fueron remitidas a las autoridades del régimen, y estaba a la espera de sus respuestas. Insistió en que la delegación participó en “modo escucha”.
El relator respondió que si bien revisarían las respuestas e información que el Estado remita por escrito, estas no sustituyen el diálogo, que el Comité esperaba sostener con Nicaragua, y que no se logró.
Ascenso vertiginoso
El sobrino de Rosario Murillo ha tenido una carrera diplomática vertiginosa. En menos de dos años ha sido nombrado en diversos cargos en el exterior, según publicaciones del diario La Prensa y la plataforma Divergentes.
En febrero de 2020, Murillo Centeno fue nombrado en el cargo de ministro consejero, con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en Ginebra, Confederación Suiza.
Murillo Centeno fue nombrado en ese cargo de la UNOG, en febrero de este año. Además, en ese mismo mes, asumió como representante permanente ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). En marzo pasado, fue nombrado embajador ante Suiza.
El joven embajador estudio en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), donde obtuvo una licenciatura en Marketing Internacional, en 2015. Además, estudió Derecho entre 2012 y 2015, según las publicaciones.
Examen Periódico Universal
Nicaragua presentó su quinto Examen Periódico Universal en 2019, posteriormente, el Comité envió una “lista de cuestiones”, que son preguntas o solicitudes de datos concretos para aclarar o complementar la información compartida por el Estado con la ONU, pero estas no han sido respondidas, lamentó Mancisidor.
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha explicado al Comité qué medidas ha adoptado para proteger a los defensores de derechos económicos, sociales y culturales de cualquier acto de represalia, incluyendo, violencia, hostigamientos, amenazas, y atentados contra su vida e integridad personal.
El relator expresó que han “recibido numerosas denuncias sobre acoso a defensores de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo casos en los que han debido dejar el país. Muy significativo son los acosos a personal médico, a organizaciones médicas, por el ejercicio de su labor, de información y de lucha contra la pandemia”.
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Tras el estallido social de abril 2018, el Gobierno orteguista desató una ola de represión contra los defensores de derechos humanos, por lo que decenas de ellos se han exiliado para resguardar su vida. En mayo de 2021, el régimen inició una nueva escalada de hostigamiento contra la oposición que ha dejado al menos a 37 nuevos presos políticos, entre ellos siete precandidatos presidenciales, periodistas, exdiplomáticos, políticos y una abogada.
Otra de las consultas del Comité a la delegación de Nicaragua es cómo prevé consolidar la cooperación con los mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. Desde 2018, el Gobierno no permite el ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a quienes expulsó alegando que su misión en el país había finalizado.
Tampoco ha acatado los llamados de la comunidad internacional para que garantice el respeto a los derechos humanos y restablezca el Estado de derecho en el país y permita un proceso electoral transparente y confiable. Ortega aún mantiene a más de 140 presos políticos, y los últimos 37 están en completo aislamiento y padeciendo torturas psicológicas, denunciaron sus familiares.
Demandan información sobre la gestión de la covid-19 en Nicaragua
En la sesión del jueves, Karla Lemus, miembro del equipo de trabajo para Nicaragua en el Comité, requirió al Estado que informe sobre el impacto de la pandemia de covid-19; particularmente, sobre el modelo de salud familiar que implementa y la cobertura de inmunización, que según el informe de país llegaba al 99%.
“Este Comité desea conocer qué medidas ha tomado el Estado para asegurar que debido a la pandemia no haya retrocesos en la cobertura de inmunizaciones”, expresó Lemus. También solicitó información acerca de las medidas aplicadas en relación con la vacunación contra la covid-19, cuyo inicio fue tardío en comparación con otros países de la región, apuntó la especialista.
El Gobierno de Ortega y Murillo mantiene una política de opacidad sobre la gestión de la pandemia. Las cifras de contagios y fallecidos han sido cuestionadas por especialistas nacionales e internacionales, por no corresponder con el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. Además de los múltiples testimonios de pacientes que confirman más de una defunción semanal por la covid-19.
El Comité requirió datos sobre los procesos de adquisición, los procedimientos internos de distribución y los enfoques diferenciados implementados para asegurar la asequibilidad de la vacuna, en especial, para los grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
“Agradecemos conocer si existe un plan nacional de vacunación y cuáles son los criterios para la priorización de la población que será inmunizada. Hemos conocido de una situación generalizada de negación de acceso a la población a la posibilidad de realizarse pruebas para detectar el contagio por covid-19, aun cuando puede existir el riesgo por nexo epidemiológico”, expresó Lemus.
Agregó que necesitan conocer el número de pruebas para detectar covid-19 realizadas a la fecha, la disponibilidad de las mismas en el país, y el número y la ubicación de los establecimientos de salud en los cuales se está realizando el test. Cabe mencionar, que desde que inició la pandemia, el Minsa ha mantenido ocultos todos los datos que ahora solicita el Comité.
El Minsa reconoce apenas 205 fallecidos y 15 315 contagiados durante toda la pandemia. Mientras que el Observatorio Ciudadano ha identificado 29 481 casos sospechosos y 5551 muertes hasta el 29 de septiembre.
