8 de mayo 2024
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Daniel Ortega ordenó a sus diputados en la Asamblea Nacional reformar de urgencia la Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (Ley 800) y derogar la Ley 840 para cancelar la concesión que tenía su aliado, el empresario chino, Wang Jing.
La abogada y experta en derecho ambiental, Mónica López Baltodano, calificó como "descomunal derrota" de la dictadura ante la posibilidad de realizar el proyecto canalero y un "triunfo" para el medioambiente y las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que se verían afectadas por la supuesta obra.
"El día de hoy definitivamente es un día de celebración, porque esto no habría sido posible sin los esfuerzos consistentes de miles de nicaragüenses que se opusieron a la entrega de la soberanía nacional de Nicaragua", declaró a CONFIDENCIAL y el programa Esta Noche.
Para López Baltodano, el régimen de Ortega decidió quitar la concesión al empresario chino Wang Jing "por el hecho de que internacionalmente es reconocido como un estafador" demostrado por la quiebra de su empresa Xinwei y de haber sido expulsado de la Bolsa de Valores de Shanghái.
"Todos esos factores contribuyeron a que la dictadura no tuviera otro camino que reconocer el fracaso de la concesión entregada a manos de este inversionista privado chino y del cual nosotros tenemos once años de estar denunciando precisamente los riesgos que representaba para el Estado de Nicaragua asociarse con una figura de esta naturaleza", afirmó la jurista.
El fracaso del proyecto del Gran Canal
En la exposición de motivos, enviada por Ortega, indica que la reforma a la Ley 800 tiene por objetivo "fortalecer y actualizar el ordenamiento jurídico nacional, tomando en consideración el siempre cambiante entorno nacional como internacional" por lo que indica "se hace necesario adecuar algunas leyes para hacer frente a dichos cambios y mantener una gestión óptima dentro del Estado de Nicaragua".
"Dentro de esos cambios, es necesario adecuar la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad de El Gran Canal de Nicaragua, según las nuevas realidades y propiciar un mejor desempeño para el beneficio de las familias nicaragüenses", indica el documento leído en el hemiciclo.
El proyecto del Canal Interoceánico fue aprobado en julio de 2012 por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, que dio paso a la “Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Acuático Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Institución Rector, Autoridad del Gran Canal de Nicaragua” y, un año después, a la concesión de construcción y administración del proyecto al inversionista chino Wang Jing por un período de cien años.
Sin embargo, en la reforma y derogación de ambas leyes no se hace referencia a que el proyecto canalero ha sido uno de los mayores fracasos del régimen de Ortega. El proyecto ya cumplió once años desde que, en 2013, fue anunciado oficialmente, pero nunca se conoció ningún avance en su construcción.
En reportes periodísticos expertos han criticado el proyecto, señalándolo de “fallido” y reprochando la falta de aplicación de una cláusula del “Acuerdo Marco del Canal”, que indica que si los subproyectos no están construidos en un lapso de seis años, contando desde que fue oficializada la obra, el Gobierno podría invocar la cancelación del proyecto.
La última promesa de Wang Jing
En noviembre de 2021, según un reporte de CONFIDENCIAL, el empresario chino Wang Jing, después de haber sido expulsado de la Bolsa de Valores de Shanghái, salió de las sombras para felicitar a Ortega y su esposa, Rosario Murillo, por su cuestionada reelección en la presidencia de Nicaragua.
En ese mismo mes también envió una carta pública dirigida a Ortega, en la que aseguró que la compañía Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co.; Ltd., también conocida como HKND Group, y él, todavía tienen “fe en el proyecto del gran canal” de Nicaragua.
“El Grupo HKND y yo creemos firmemente que bajo el liderazgo del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y el compañero Laureano Ortega, el pueblo nicaragüense continuará promoviendo el progreso social y el desarrollo económico de Nicaragua superando todas las dificultades en el camino. El gran pueblo nicaragüense y el gran pueblo chino profundizarán el restablecimiento de la fraterna amistad histórica entre ambos y Nicaragua seguramente se convertirá en un pívot indispensable a lo largo de la franja y la ruta”, escribió el empresario chino.
Reportes de CONFIDENCIAL han documentado que la aprobación de la ley canalera, con su amenaza de expropiar toda propiedad que fuera necesaria, incluso si estaba fuera del área entregada en concesión, generó una ola de inconformidad que golpeó especialmente a los sectores campesinos, al comprobar que existía riesgo de desarraigo, al punto que organizaron alrededor de un centenar de marchas en contra de la iniciativa promovida por Ortega.
La insistencia del régimen de continuar con el proyecto ha propiciado en los últimos años, además de la pérdida miles de dólares que anualmente se asignan del Presupuesto de la República a la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, la persecución contra miles de campesinos, que ahora se encuentran exiliados, encarcelados o escondidos en Nicaragua.
Proyecto no es enterrado aún
La reforma también eliminó la actual junta directiva de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Ahora será el ministro de Transporte de Infraestructura, Oscar Mojica, el nuevo presidente de esa entidad.
El vicepresidente será un delegado nombrado por Ortega para la Costa Caribe, mientras el secretario será el asesor para las inversiones, comercio y cooperación internacional de la Secretaría de la Presidencia de Nicaragua e hijo del dictador, Laureano Ortega Murillo.
“La Dirección de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua estará facultada para coordinar con las autoridades competentes del Gobierno de Nicaragua todo lo relativo a la planificación u operación del Gran Canal de Nicaragua", indica la reforma aprobada por la aplanadora orteguista.
Además, será la encargada de "aprobar y promover la representación de la Autoridad en sociedades o corporaciones, nacionales o internacionales, ya sean privadas, estatales o mixtas".
Peligro se mantiene "vigente"
Para la experta en derecho ambiental, Mónica López Baltodano, el hecho de que el régimen no haya derogado la Ley 800 es que pretenden "mantener la idea de que el proyecto del canal es un proyecto de interés nacional y que el Estado de Nicaragua tiene poder para decidir sobre ese megaproyecto".
También indicó que el régimen tiene "una enorme dificultad en reconocer el fracaso absoluto de lo que era el centro de su promesa de desarrollo económico para el país".
Sin embargo, López Baltodano advirtió que "tenemos que tener cuidado de que no puedan venir a la vuelta de la esquina otros negocios mafiosos que vuelvan a ser presentados al amparo de la Ley 800", aunque es evidente que persisten "los riesgos de expropiación y agresión a las comunidades".
La líder campesina Francisca Ramírez afirmó que el hecho que no se derogue la ley "genera más dudas" porque no se sabe "a quién le van a entregar esta concesión".
Mientras, para el líder campesino y excarcelado político, Medardo Mairena, desde un principio se sabía que el proyecto canalero "era inviable" cuando lo único que pretendían "era el despojo de propiedades".
"Esto nos ha dejado luto y dolor, porque le arrebataron la vida a centenares de campesinos indígenas por defender nuestros derecho a la propiedad privada y la protección de los recursos naturales", declaró Mairena.
El líder campesino que fue desterrado de Nicaragua y desnacionalizado por la dictadura afirmó que continuarán denunciando "cualquier convenio" con China u otro país porque "los nicaragüenses no vamos a permitir que sigan vendiendo nuestra patria".
