10 de abril 2023
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Más de 20 nicaragüenses fueron secuestrados por la dictadura de Daniel Ortega durante los primeros diez días de abril; la mayoría ocurrió en Semana Santa, periodo en el que la dictadura prohibió las procesiones y celebraciones religiosas en las calles.
La persecución contra la Iglesia católica se tradujo en mayor intimidación, amenazas y asedio policial contra las parroquias en casi todo el territorio nacional, confirmó la organización Urnas Abiertas, que tema que esta situación empeore a medida que se acerque el quinto aniversario de la Rebelión Cívica de 2018, el 18 de abril de 2023.
Cada año, desde el estallido social de la lucha cívica en 2018, el régimen orteguista recrudece la persecución y asedio contra opositores, excarcelados, líderes locales o cualquier persona que tuvo alguna vinculación con las protestas cívicas de hace cinco años.
Sin embargo, en 2023, la política de terror impuesta por el orteguismo se enfocó en la Iglesia católica, y prueba de ello es que gran parte de los encarcelados tienen alguna relación con la institución religiosa, señala Ivania Álvarez, integrante de Urnas Abiertas y quien ha monitoreado las detenciones, las cual califica de "ilegales y arbitrarias".
Los liderazgos dentro de la Iglesia “son el blanco de la dictadura”, señala Álvarez, quien asegura que en años anteriores, las víctimas de amenazas y encarcelamientos eran más diversas -sociedad civil organizada, opositores, líderes gremiales o sectoriales-. El régimen centró su interés en la Iglesia porque es el último rezago de resistencia, reconocido como un espacio seguro para la feligresía, que ejercía su derecho a expresarse a través de la fe, considera la activista.
La Policía orteguista prohibió las procesiones de viacrucis penitenciario desde mediados de febrero de 2023 y luego, amplió la restricción a cualquier expresión de piedad popular, lo que significó un duro golpe a la feligresía católica nicaragüense, acostumbrada a vivir la Semana Santa con múltiples actos de religiosidad en las calles.
Los sacerdotes acataron la orden y cancelaron peregrinaciones a escala nacional previas a la Semana Santa, como la de Nuestro Señor de Esquipulas o el Cristo Negro, en El Sauce, León. Pidieron a los fieles someterse a las nuevas condiciones, orar y fortalecer su fe. Orientaron que todos los actos religiosos durante la Semana Mayor se realizarían dentro de los templos y evitaron pronunciarse directamente sobre los ataques frontales del régimen orteguista contra la Iglesia. Sin embargo, eso no fue suficiente para el régimen impusiera su estado represivo en las afueras de varias parroquias del país.
El objetivo era claro: bloquear cualquier acto de religiosidad popular
Decenas de fieles se rebelaron a la prohibición policial y los desafiaron en Nindirí, Nandaime, Chinandega y otros departamentos, en los que jóvenes vestidos con túnicas y cargando cruces intentaron recrear la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La persecución contra los fieles terminó en cuatro capturas en Nindirí y dos personas en Nandaime.
“Es como que la Policía quiere dar un ejemplo o una muestra de que es lo que va a sucederle a cada quien que decida incumplir con las órdenes autoritarias y arbitrarias que ellos están imponiendo en el país”, señala la investigadora Martha Patricia Molina, quien en 2022 registró 160 ataques del régimen contra la Iglesia.
“Este 2023 la dictadura lo inició desde el primero de enero, de manera muy agresiva, con ataques más frontales. Únicamente en Semana Santa he registrado la prohibición y suspensión de más de 3176 procesiones, un número muy significativo de agresiones, considerando que cada diócesis tienen sus propias procesiones cada uno de los días de Semana Santa”, expresó la investigadora.
El régimen de Ortega agudizó la represión impuesta contra la Iglesia desde el Jueves Santo, cuando orientó que ninguna parroquia podía realizar alguna procesión alrededor del templo, como lo habían venido haciendo en algunas zonas del país. De esta forma, la tradicional procesión de viacrucis y el santo entierro se realizaron a lo interno de las parroquias, con la presencia masiva de fieles católicos.
Urnas Abiertas reportó actos de intimidación de iglesias en el norte, centro y caribe del país, señalando que en algunos casos extremos, la Policía estacionó patrullas afuera de las parroquias, y de “forma vulgar” sonó la sirena.
El extremismo de Ortega crece en abril
A cincos años del estallido de las protestas cívicas, reprimida a sangre y fuego por la dictadura de Ortega, dejando 355 víctimas mortales según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 500 000 exiliados y la imposición de un estado policial de facto, al régimen “abril (de 2018) les estremece, les sigue preocupando”, señala Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
“Estas capturas son expresión de una guerra contra la Iglesia católica y es la naturaleza de la tiranía”, que receta “cárcel, exilio y cementerio”. Desde la perspectiva de Carrión, quien ha sido atacado directamente por Ortega, convirtiéndolo en “apátrida” por ejercer la defensa de los derechos humanos, el régimen no puede cesar la represión porque es la única forma en la que se sostienen en el poder. “Están haciendo uso de una maquinaria de terror”. Estas capturas son esa expresión de una guerra contra la Iglesia católica y es la naturaleza de la tiranía”, expresó el defensor.
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), determinó que Ortega y Murillo comandaron la ejecución de crímenes de lesa humanidad desde 2018 hasta la fecha. Los expertos llamaron a la comunidad internacional activar la justicia universal para detener las violaciones de derechos humanos e impartir justicia individual.
Álvarez explica que en estas detenciones el régimen "no ha perdonado" ni a su propia gente, ya que algunos de los detenidos son afines al Frente Sandinista. De eso se puede deducir que cualquier persona puede ser víctima de la represión. La opositora recalca que estas detenciones no tienen ningún fundamento legal y se han caracterizado por ser violentas.
“La persecución es completa contra quienes se oponen al régimen y están ejerciendo algún tipo de liderazgo desde la fe”, señala.
Ortega arremetió desde mediados de 2022 contra la Iglesia, encarcelando a más de una decena de religiosos, entre ellos, monseñor Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de cárcel por la justicia orteguista, tras negarse a ser desterrado en febrero pasado.
Ha cerrado medios de comunicación católicos, expulsado sacerdotes y religiosas y finalmente, suspendido las relaciones diplomáticas de forma unilateral con la Santa Sede, luego que el papa Francisco comparó al régimen orteguista con una dictadura hitleriana.
Los expertos consultados no descartan una escalada más represiva contra la Iglesia, pasando por el cierre de templos católicos o un mayor control de quienes asisten a las misas, que son vigiladas desde hace meses por operadores del Frente Sandinista.
Para el opositor Juan Diego Barberena, la persecución de Ortega contra la Iglesia busca mantener un control sobre el espacio público y social en marco del quinto aniversario de las protestas cívicas, y así, evitar posibles acciones de resistencia.
“Lo que pretende impedir es que la ciudadanía también logre focalizar sus inconformidades en contra del mismo régimen a través de las actividades religiosas, tomando en cuenta que la Iglesia católica está del lado de la verdad y la justicia, y ha sentado una posición política en estos cinco años”, expresó.
Incertidumbre por presos políticos
Hasta marzo el régimen de Ortega tenía 36 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua. Se desconoce cuál es la situación jurídica de los más de 20 nuevos encarcelados en estos primeros días de abril 2023, ya que sus familias no han logrado hablar con ellos y tampoco se han hecho públicas las razones de sus detenciones.
Álvarez espera que puedan ser liberados, como ya ha ocurrido con otros laicos católicos, víctimas de detenciones exprés. Esto porque la mayoría de los secuestros ocurrieron en el contexto de Semana Santa y no tiene lógica aplicarles las leyes represivas que la justicia orteguista ha instrumentalizado para abrir casos judiciales a ciudadanos opositores, considerados "traidores a la patria".
Las familias también están temerosas y albergan la esperanza que pronto estén libres. Estos son los casos que se conocen públicamente, ya que algunos nombres se han mantenido en reserva por demanda de sus familiares:
- La joven Anielka García, originaria de Chichigalpa, Chinandega
- José Ángel Cerrato García, reconocido opositor de Nindirí, Masaya
- Tres jóvenes que protestaron por la prohibición policial de que no saliera la tradición de Los Cirineos, en Nindirí, Masaya
- La expresa política, Olesia Muñoz
- Líder estudiantil, Jasson Noel Salazar Rugama
- Víctor Ticay, periodista de canal 10,
- Cándido Sánchez López, Luis José Ruiz Sánchez y una tercera persona, todos miembros del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL)
- Jimmy Bonilla y Enmanuel Gutiérrez, originarios de Nandaime
- Abdul Montoya, excarcelado político.
- Juan Bruno Centeno Espinoza, originario de El Jocote, Somoto
