14 de octubre 2018
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La publicación del Decreto Ejecutivo 14-2018, que reglamenta la Ley 976, sobre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), implicará la “violación de derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, empresarios y empresas del país, en momentos en que como nación enfrentamos la mayor crisis política en tiempos de paz que conoce nuestra historia reciente”.
El pronunciamiento procede del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua (AmCham), y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que objetan “los ámbitos materiales normativos” que fueron incorporados nuevamente a ese texto legal.
Entre los nuevos poderes que se le conceden a la UAF, está acceder a la información y datos de los ciudadanos y las empresas, que estén en poder de la DGI, la DGA, la Policía Nacional, la Superintendencia de Bancos, y la Corte Suprema de Justicia. Además, el Registro del Estado Civil de las Personas, que maneja el CSE; el registro INSS de empleadores y empleados; y los movimientos migratorios que lleva Migración y Extranjería.
Al contar con esas y otras atribuciones, la UAF “pasa de ser una entidad de análisis financiero que recibe reportes en relación con operaciones sospechosas, presuntamente relacionadas con determinados delitos, a desarrollar funciones de investigación criminal propias de la Policía Nacional y el Ministerio Público, sin las limitaciones legales impuestas a estas instituciones”, señalan las tres entidades.
Del mismo modo, opinan que “se excede el reglamento de la Ley, cuando se le atribuyen a la Procuraduría General de la República funciones investigativas que no le competen, y además se autoriza a la UAF a compartir la información que debe estar única y exclusivamente bajo su resguardo, tal como establece su Ley”.
El acceso a la información que guardan esas ocho entidades, y la facultad de imponer sanciones que podrían llevar al cierre temporal o definitivo de las empresas, contribuyen a “exacerbar el clima de inseguridad jurídica”, y “a desestimular aún más la inversión nacional e internacional, la creación de empresas y la generación de empleo”, advierten.
Gobierno será su propio importador
El Poder Ejecutivo introdujo un proyecto de Ley en la Asamblea Nacional, por el cual revitaliza a la antigua Empresa Nicaragüense de Importaciones (Enimport), sustituyéndola por una nueva entidad a la que llama Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex), que vendrá a competir directamente con el sector privado.
La empresa estatal en ciernes “podrá realizar transacciones de bienes, mercancías, productos y servicios en general, actuando inclusive como agente comprador y vendedor discrecional del Estado”, según la propuesta.
La iniciativa encendió las alarmas en el sector privado, cuyos representantes observan con preocupación la apertura de un nuevo frente de ataque estatal en contra de sus intereses, que va en la misma dirección que ya señalaba el Banco Central cuando emitió los Títulos de Inversión (TIN), para competir directamente con los bancos comerciales, por obtener los recursos del público.
De aprobarse la ley tal como fue propuesta, Enimex competirá directamente con las agencias aduaneras; con todas las empresas que prestan servicio de depósito aduanero, y con las de transporte de mercancías.
La dirección y administración de la empresa estará a cargo de una junta directiva integrada por cinco miembros designados en solitario por Daniel Ortega, la que a su vez nombrará a un director ejecutivo que tendrá facultades de apoderado general de administración.
Enimex será constituida con el patrimonio existente de Enimport, y “estará exenta del pago de toda clase de impuestos, tasas o contribuciones contemplados en la legislación nacional, sea ordinaria o especial, ya sean fiscales, municipales y de cualquier otro tipo”.
Manto de opacidad para el Registro Público
En lo que ha sido considerado como una medida para reaccionar por adelantado a la aplicación de sanciones estadounidenses contra allegados al régimen de Daniel Ortega a tenor de la Magnitsky Nica, la Corte Suprema de Justicia emitió una Circular con fecha del nueve de octubre, en la que se informa una serie de nuevas orientaciones a los registradores públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
Las más importantes decisiones que les comunica la presidenta de la CSJ, magistrada Alba Luz Ramos (FSLN), van en la dirección de limitar la ‘publicidad registral’, que es uno de los pilares en los que se basa el sistema de registros públicos, así como la ‘inmovilización de la cuenta registral’.
Al limitar el principio de ‘publicidad registral’, Ramos dice que solo podrán solicitar ese tipo de información, “el titular registral; el adquiriente de un bien no inscrito; quien demuestre tener interés en asegurar un derecho; el notario en su calidad de apoderado del titular, del adquiriente o de quien tenga interés en asegurar un derecho; y la autoridad competente”.
“Cómo será de masivo el movimiento de propiedades para pasar a nombre de testaferros de los Ortega—Murillo, que el Registro Público lo volvieron registro secreto”, opinó en su cuenta de Twitter la comandante Dora María Téllez.
