1 de febrero 2019
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La cifra de presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha elevado a 767 personas, según el Comité de Presas y Presos Políticos, que reúne a familiares de los detenidos a consecuencia de la persecución política del régimen. El dato revela que, contrario a la demanda de libertad de los presos políticos, el número de detenidos ha aumentado en más de doscientas personas en menos de dos meses, pues a principios de diciembre se contabilizaban 565 reos de conciencia.
“Apresan a las personas por manifestarse y han creado juicios que son viciados. Sabemos que esa orden viene desde El Carmen. Las palabras de (el exmagistrado Rafael) Solís confirman que todo esto es un montaje”, afirmó Brenda Rodríguez, madre de Rodrigo Espinoza (joven condenado a 17 años de prisión), y miembro del Comité.
En una entrevista exclusiva con el periodista Carlos F. Chamorro, el exmagistrado judicial declaró que los juicios contra los ciudadanos son órdenes políticas que dicta la pareja presidencial desde El Carmen.
“Todavía pueden los magistrados de los Tribunales de Apelación, o en nuestro caso, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revertir estas decisiones, pero es sumamente difícil que por el estado de terror impuesto”, escribió Solís en su carta de renuncia a su cargo de más de 21 años en la CSJ y su militancia de más de cuatro décadas en el actual gobernante Frente Sandinista.
Más de 70 detenidos fuera del término de ley
Entre los 767 detenidos, hay al menos 77 que están secuestrados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como El Chipote, fuera del término legal de las 48 horas que la ley establece.
Las cifras de presos políticos se entregaron en un documento al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por Mayra Tijerino, madre del preso político de Eduardo Tijerino, líder del Movimiento 19 de Abril, en Matagalpa.
Los datos precisan que unos 42 ciudadanos permanecen detenidos en estaciones policiales departamentales o distritales, y unos 450 están alguna dependencia del Sistema Penitenciario Nacional, algunos de ellos en celdas de máxima seguridad, como el líder campesino del movimiento anticanal y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Medardo Mairena.
Del total de presos, al menos 113 ya han sido condenados, a penas que incluso superan las ocho décadas, aunque el período máximo establecido en prisión es de treinta años.
Sin embargo, en realidad las condiciones carcelarias entre procesados y condenados no varían ni hay separación entre los mismos, como establece la legislación nicaragüense.
¿Dónde están 149 secuestrados?
De acuerdo con los datos del Comité, únicamente 23 detenidos enfrentan procesos políticos en libertad provisional. La mayoría de ellos adolescentes, aunque en algún momento, todos sufrieron encarcelamiento en celdas compartidas con adultos, contrario a la ley.
“Adicionalmente, se registran 149 nombres de personas que alguna vez fueron denunciadas como secuestradas por la Policía o fuerzas paraestatales, sin tener constancia de su ubicación real y un indeterminado número de presos y desaparecidos, cuyas familias no han hecho las denuncias respectivas por el justificado temor a represalias del régimen”, señala el documento.
“Nosotros denunciamos en este informe la situación de los presos políticos, las torturas, las represalias que continúan en contra de ellos, los secuestros y las acusaciones falsas que realizan las autoridades”, detalló Gutiérrez.
Las penumbras de los presos políticos
El informe del Comité precisa que los reos recluidos en la DAJ y el Sistema Penitenciario, así como en las estaciones policiales, sufren de manera sistemática negaciones y violaciones a sus derechos: las detenciones son ilegales y los procesos de judicialización son viciados de forma generalizada.
Este viernes, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que acompaña o está a cargo de la defensa de muchos de los procesados, denunció que más de un centenar de manifestantes presos fueron víctimas de “robo” y “trato cruel” por parte de sus carceleros, quienes los sacaron de las celdas para quitarles sus pertenencias de aseo personal y hasta medicamentos.
“Preocupa mucho la situación de salud de varios presos y la falta de atención médica. Las condiciones de reclusión en sectores como El Infiernillo, en la cárcel La Modelo. Asimismo las palizas y tratos crueles en La Esperanza y en La Modelo”, expone el documento del Comité de Presos y Presas Políticos de Nicaragua.
La ilegalidad por norma
En cuanto a las detenciones ilegales, el informe refiere que la norma en las actuaciones de la Policía y paramilitares, son específicamente en contra de quienes se manifiestan en contra del Gobierno. También se caracterizan por la sustracción de las personas en lugares públicos o sus domicilios, bajo violencia.
“Estas detenciones se dan sin orden de captura, y por autoridades no competentes, o bien por civiles armados al servicio del régimen. En muchas ocasiones, se tienen testimonios de capturas, sobre todo de los meses de junio y julio, de personas capturadas no llevadas a cárceles, sino a casas del partido FSLN y lugares clandestinos. Ha sido una constante que las personas detenidas, pasen más de 48 horas, incluso semanas y meses, sin ser presentadas a las instancias judiciales”, determina el documento.
Respecto a los procesos de judicialización, el Comité expresa que se han identificado una serie de patrones ilegales, entre los cuales están la sustracción del juez natural, y que las audiencias preliminares son secretas, pues no se informa de ellas a los familiares y en ocasiones tampoco se hace a los abogados defensores.
“Durante los procesos judiciales se violenta de manera permanente el contacto con los presos, su derecho de comunicarse con su abogado, el derecho a tener un juicio público, entre otros. Los testigos de las defensas son permanentemente hostigados antes y después de sus comparecencias”, reclaman.
Detenidos a pesar de órdenes de libertad
Organismos defensores de derechos humanos también han denunciado que al menos cinco personas permanecen detenidas a pesar de tener órdenes de libertad. Uno de ellos es el maratonista Alex Vanegas, quien corría por las calles de la capital precisamente para exigir la libertad de los presos políticos, y ya lleva más de noventa días preso.
Albert Quincell Bernard Monroe y Guillermo Alberto Sobalvarro Oporta también están detenidos a pesar de que tienen órdenes de libertad, y se encuentran en celdas de máxima seguridad en la Cárcel La Modelo.
Jorge Huascar Montenegro, preso en la cárcel La Modelo, y el menor de edad Jonathan Lira Matey, en El Chipote, tampoco han sido liberados, a pesar de tener una orden.
El Comité informó en el documento citado que tienen conocimiento del no cumplimiento de forma sistemática de oficios girados por jueces, respecto a traslados de ciudadanos detenidos, para una valoración forense en el Instituto de Medicina Legal.
Algunas de las situaciones más preocupantes son el caso de “Brenda Muñoz, del Diriá, quien tiene una enfermedad poliquística de hígado y riñón; Nardo Sequeira, de Acoyapa, quien presenta un caso agudo de depresión; Max Francisco Cruz Gutiérrez, de Ometepe herido por la policía el día de su secuestro y que se mantiene en la cárcel con una infección intrahospitalaria”.
También la situación de Juan Bautista Guevara, de Ticuantepe que podría quedar sordo producto de una golpiza recibida en El Chipote, y Ruth Matute, de Masaya, secuestrada el 7 de octubre cuando iba a dejar comida a su esposo detenido en la estación de Policía y quien se encuentra en situación grave en un hospital capitalino por una deficiencia cardíaca no atendida a tiempo.
“Tenemos constancia de múltiples casos de presas y presos políticos con diabetes, hipertensión, epilepsia y convulsiones producto de golpes y lesiones. Estas son condiciones críticas de salud que necesitan especial cuidado”, señala el informe.
Igualmente, se estima que unos 54 presos políticos sufren condiciones infrahumanas y de reclusión diferenciada, entre las cuales diez están en celdas de castigo, 29 presas bajo máxima seguridad y 15 en el sitio llamado “El Infiernillo”, donde no reciben sol excepto por pocos minutos al día.
202
ciudadanos han sido apresados ilegalmente entre diciembre y enero, elevando la cifra de presos políticos a 767.
77
presos políticos permanecen en las celdas de El Chipote fuera del término legal de 48 horas que establece la ley.
5
presos políticos, entre ellos un menor de edad, continúan presos pese a las órdenes de libertad aprobadas.
113
presos políticos ya han sido condenados por los delitos fabricados por la dictadura. Pero condenados o no, todos comparten las mismas condiciones carcelarias, contrario a la ley.
70
mujeres y tres mujeres trans están entre la lista de más de 700 presos políticos de la dictadura de Ortega-Murillo.
423
de los presos políticos ya enfrentan algún proceso judicial en su contra, mientras otros 200 siguen pendientes de audiencia.
