26 de septiembre 2020
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A Sandra Ramos, integrante del movimiento de mujeres María Elena Cuadra (MEC), la Policía Nacional la buscó durante dos días antes de tomarse por la fuerza el perímetro de la Organización no Gubernamental donde trabaja. Varios oficiales preguntaron por ella en lugares ajenos a su domicilio y cuando los encaró, este 25 de septiembre, ninguno supo responder a sus palabras.
― “Aquí estoy. Yo soy Sandra Ramos”― dijo.
Los oficiales enmudecieron ante la presencia de la mujer y sin decir una palabra mantuvieron tomadas por cuatro horas los alrededores de las oficinas de la oenegé. Luego se marcharon sin explicar lo sucedido. “Fue una arbitrariedad”, dijo Ramos horas después. La Policía tiene “ganas de meternos en miedo”, pero “no nos van a intimidar”. Esta situación “nos enoja, nos indigna, pero hay que seguir hacia adelante, la lucha no termina aquí”, continuó.
La Policía “me andaba buscando, pero empezaron a buscarme en varias casas donde yo no vivo”, explicó la representante legal del MEC. “Aquí está mi cédula que dice donde vivo”, prosiguió. Aunque los oficiales se retiraron del lugar, Ramos afirmó: “si me quieren llevar presa, pues que me lleven” y advirtió que si ese fuera el caso “aunque esté metida en un hueco ahí me van a sacar”.
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Pese a la forma arbitraria en que procedió la institución policial, Sandra Ramos está convencida que su única alternativa es “hacer la denuncia pública” a nivel nacional e internacional. “No les tengo miedo. Los conozco, estuve adentro y sé lo que son”, dijo después de recordar sus orígenes en la Central Sandinista de Trabajadores (CST), una organización de la que fue echada, asegura, por defender sus convicciones.
“No seremos una organización clandestina”
El asedio policial contra el MEC se da tres días después que el régimen de Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional la iniciativa “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, a través de la que pretende categorizar a las personas, naturales o jurídicas, como “agentes extranjeros” y castigarlos con la pérdida de sus derechos políticos y la confiscación de sus bienes.
A Ramos no le asusta la amenaza que representa esta propuesta de ley. De hecho, asegura que “este zarpazo a la institución”, lo estaba esperando “en cualquier momento”. Pero advirtió que el MEC “seguirá funcionando en cada casa de las mujeres que están con esta organización”.
Recordó que esa organización atiende a personas trabajadoras de las maquilas, mujeres que reclaman pensión alimenticia para sus hijos y víctimas de violencia. Estas personas “pueden seguir viniendo a nuestras instalaciones y aunque nos clausuren nosotros sabremos indicarles dónde vamos a estar. No somos una organización clandestina, yo no acepto el clandestinaje en un país que he ayudado a construir”, sentenció.
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CenidH), Vilma Núñez, lo sucedido en la oenegé fue “el inicio de la puesta en marcha de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, a pesar que todavía no ha sido aprobada. “No se trata de una agresión más”, alertó.
“No somos una organización terrorista”
El MEC nació hace 25 años “debajo de un palo mango” y sus fundadoras “éramos voluntarias”, rememoró Sandra Ramos. Desde entonces, el organismo se ha dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras y desempleadas. Cerca de 16 000 mujeres acuden cada año a solicitar ayuda a esta ONG.
"Estamos ayudando a este Gobierno a que la gente tenga posibilidades de subsistencia, cuando la responsabilidad del Estado es velar por la gente más pobre. Simplemente protegemos a la pobretería que ellos dicen representar", dijo Ramos, ante los policías que impedían la entrada y salida de las instalaciones
A juicio de Ramos, el asedio policial era algo predecible porque desde 2018 “acuerpamos a las madres de los presos políticos; algo que con mucho orgullo lo hemos hecho, porque son mujeres agredidas por la institución gubernamental que tiene secuestrado a sus hijos”.
Ramos y el movimiento María Elena Cuadra fueron parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que participó en el primer diálogo nacional con el régimen de Daniel Ortega tras el estallido social de abril de 2018, pero abandonaron la organización opositora a finales de agosto de este año, alegando que la Alianza no tuvo capacidad de negociar con ella.
“No somos una organización terrorista, ni nada que se le parezca”, dijo Sandra Ramos. “Somos un cachimbo (muchas) de mujeres que defendemos a otras mujeres”.
La defensora de los derechos de las mujeres enfatizó que el movimiento “no son esas paredes, no son las sillas, no son los escritorios”, sino que “es un espíritu de lucha, de defensa de los derechos de las mujeres y si nos toca estar debajo de un palo mango vamos a continuar”.
ONG en la mira del régimen
Tras el asedio en el MEC, diferentes oenegés y la Coalición Nacional señalaron al régimen de Ortega de haberlos puesto en la mira al pretender calificarlos como “agentes extranjeros” y ejercer más control sobre sus finanzas.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, dijo a periodistas que esa iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, propuesta por diputados orteguistas, tiene como objetivo “perseguirnos”.
Recordó que en 2018 la Asamblea Nacional, a petición del Ejecutivo, canceló la personalidad jurídica a nueve ONG bajo el argumento, según el Ministerio de Gobernación, “de que estos organismos incumplieron los requerimientos legales para su funcionamiento, y que violentaron la naturaleza de sus funciones al haber participado activamente durante el fallido intento de golpe de Estado”.
La abogada Wendy Flores, coordinadora del Colectivo Nicaragua Nunca Más Impunidad, coincidió en que el Ejecutivo mantiene una jornada de “represión” contra organismos defensores de derechos humanos, así como con sus activistas y sus líderes, “por medios de iniciativas legales o acciones a través de la Policía o fuerzas paraestatales”.
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