26 de febrero 2019
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El coletazo de la crisis política, desatada por la masacre del régimen de Daniel Ortega, amenaza con provocar una crisis energética en la medida en que las sanciones al binomio Pdvsa-Albanisa se vayan haciendo más efectivas, según el abogado César Aróstegui, experto en legislación energética, que observa cómo esas sanciones (y la amenaza de su aplicación) ya está deteriorando el sistema.
“Deben estar en problemas muy serios”, advierte, en referencia a Petróleos de Nicaragua S.A., (Petronic, empresa estatal dueña del 49% de las acciones de la sancionada Albanisa), que posee el monopolio de importaciones de petróleo.
Los informes oficiales del Ministerio de Energía y Minas, hasta noviembre de 2018, muestran un desglose en el que Albanisa y DNP importaban juntas un poco más de 4.9 millones de barriles de petróleo y derivados (40.8% del total acumulado hasta ese momento), pero en realidad, todo pasa por las manos de Petronic, que hace las importaciones en nombre de los demás, explica el experto.
En 2017, Nicaragua importó casi 13.2 millones de barriles de petróleo y derivados, lo que equivale a unos 36 077 barriles diarios. Esa cantidad disminuyó en 2018, hasta quedar en un poco más de doce millones de barriles (los datos oficiales están cortados hasta noviembre), lo que representaría un consumo superior a los 33 000 barriles diarios.
En ese contexto, explica Aróstegui, “la refinería —que es manejada por la Puma— tiene una capacidad muy limitada (unos 18 000 barriles diarios, de forma óptima, si se considera que tiene más de 50 años de vida), y requiere un crudo especial, no el ‘pesado’ crudo venezolano”.
Los expertos señalan que la refinería nicaragüense no está en capacidad de procesar el pesado petróleo venezolano, que no se parece al líquido viscoso que la gente ha visto en televisión, sino a una especie de ‘lodo’ que requiere de un procesamiento especial, aditivos incluidos, para obtener combustibles y otros derivados.
Ante esa limitación técnica, y para cumplir sus compromisos internacionales, la también sancionada Pdvsa pone a disposición de Petronic una determinada cantidad de barriles de crudo, que Nicaragua intercambia en el mercado internacional por un tipo de petróleo que sí puede procesar la refinería para producir gasolina y bunker, y satisfacer el mercado interno.
“Sed” por el bunker
La mayor parte del bunker que se consume en el país está destinado a la generación de electricidad. Según el Centro Nacional de Despacho de Carga —una entidad que es parte de la estatal Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel)— hasta el 21 de febrero, el 30.9% de la electricidad consumida en el país, se generó quemando bunker o diésel.
Esos porcentajes varían con el cambio de estaciones del año. Así, si en este momento, la producción de energía eólica es significativa, y la hidroeléctrica apenas una anécdota, esa correlación se revierte en la medida en que comienzan las lluvias y cesan los fuertes vientos que son característicos en esta temporada del año.
Esa dependencia de los hidrocarburos —a pesar de años de inversiones para diversificar la matriz productiva, aumentando la generación eólica, geotérmica y con biomasa— opera ahora en contra de la Administración de Daniel Ortega, que se ve cercada por las sanciones estadounidenses.
El golpe es mayor para las empresas del Alba, dada su alta concentración en la generación con bunker, lo que aumenta su vulnerabilidad en el contexto actual.
“Son obvias las dificultades que tiene el Gobierno de Ortega para conseguir divisas, lo que es evidente, por ejemplo, en la forma limitada en que opera el sistema financiero. El único que tiene dinero es el BanCorp, pero ese banco no tiene posibilidad de operar en el mercado internacional, por las sanciones”, afirma el experto.
Si se cierra la vía financiera, y Petronic no puede proveer el tipo de crudo que sí puede procesar la refinería, esta no puede producir el bunker que se necesita, aunque “siempre hay opciones de comprarlo, o hacer triangulaciones, lo que es normal en este mercado, pero encarece la operación”, explica Aróstegui.
Dicho de otra forma: si la deriva autoritaria del Gobierno se mantiene igual, y se mantiene el mismo nivel de sanciones, un resultado posible es que Petronic tenga más dificultades para proporcionar crudo. “Si Petronic ya no puede garantizar el bunker a las generadoras, caeremos en una muy alta posibilidad de que estas puedan dejar de trabajar a toda capacidad”, insiste.
Esa advertencia pesa mucho más cuando se recuerda que “esta es la primera etapa de las sanciones. Todavía no hay sanciones directas contra Nicaragua. Todavía no se sienten los efectos de la Nica Act, pero el cerco puede irse cerrando más”, tal como lo grafica el experto.
¿Disnorte y Dissur están a salvo?
En las actuales circunstancias, el sector energético siente sobre sí la amenaza constante de la espada de Damocles, porque nadie puede asegurar con total certeza que Estados Unidos no sancionará a Disnorte o Dissur, siendo que las empresas distribuidoras de electricidad necesitan comprar la producción de Alba Generación para surtir la red nacional.
“Veo poco probable la posibilidad de una sanción a Disnorte o Dissur, porque eso paralizaría el sistema eléctrico. En todo caso, las sanciones sí podrían venir por otra vía: afectando a los verdaderos dueños, para detener un posible escape de activos, que estos pudieran aplicar como mecanismo para salvar activos sancionados”, adelantó.
Aunque formalmente, Disnorte y Dissur pertenecen al consorcio TMI, conformado por las empresas TSK y Melfosur Internacional, hay evidencias de que la empresa en realidad es un mecanismo para disfrazar la identidad del verdadero dueño de la empresa, que no sería otro que Albanisa —con la que Gas Natural, el anterior dueño de Disnorte y Dissur, tenía una deuda millonaria—. Así, esta se convertiría en juez y parte en el negocio de generación, distribución y comercialización de electricidad en el país.
Consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos, aplicando un “efecto contagio” sancione a Disnorte Dissur por tener relaciones comerciales con la sancionada Albanisa, el administrador de una empresa de generación eléctrica dijo a CONFIDENCIAL que “Disnorte y Dissur no están sancionados y todos los bancos están trabajando con las distribuidoras. Por ahí hoy no hay problema”, lo que no implica que no pueda haberlos en el futuro.
Pero eso no blinda a las térmicas, que representan cerca del 65% de la capacidad de generación, y podrían entrar en crisis, ya sea porque no tengan suficiente bunker para operar; porque la aplicación de nuevas sanciones las convierta en los nuevos parias financieros del país; o por una razón más prosaica, como es, que se queden sin dólares para cubrir los gastos de mantenimiento.
“No sabemos si Disnorte y Dissur están pagando en córdobas o en dólares, pero sí que muchos de los gastos de las generadoras se pagan en dólares”, lo que ya no afectaría únicamente a las plantas térmicas, sino a todas las existentes, siendo que, como dice Aróstegui “hasta el último tornillo de repuesto de esas plantas se compra en dólares”.
A renglón seguido, aclara que “Disnorte y Dissur privilegian el pago de las generadoras privadas, porque con las de ENEL y Albanisa se entienden bastante bien, siendo que tienen los mismos intereses, porque prácticamente son del mismo dueño, pero eso repercute en la liquidez de esas generadoras, que necesitan recibir el pago por el producto que venden”.
