9 de julio 2019
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Desarmar y desmovilizar a los parapolicías que participaron de la matanza de centenares de personas desde el inicio de la Rebelión de Abril, no es algo que vaya a hacer Daniel Ortega, porque “sería una especie de suicidio”, en opinión de Roberto Cajina, experto en temas defensa y seguridad nacional.
Con el Ejército al margen, y la Policía Nacional subordinada a los intereses del mandatario, el régimen empleó civiles armados para ejecutar la represión y la Operación Limpieza, entre abril y julio del año pasado, que segaron la vida de más de 300 ciudadanos, y causaron heridas a unos 2000.
A pesar que las leyes nacionales señalan tajantemente que no puede haber más cuerpos armados que el Ejército y la Policía, la tarea de desarmar a esa fuerza parapolicial no vendrá de ninguna autoridad presente, y quizás ninguna nacional.
Ese trabajo —para impedir que se conviertan en una fuerza que intente ‘gobernar desde abajo’— será una “gran tarea pendiente” para el gobierno democrático que releve a este régimen, aseguró Cajina al ser entrevistado en el programa Esta Semana, que se transmite en línea.
Ningún artículo de la Constitución Política faculta al Ejército para desarmar a los parapolicías por sí mismo, pero la Constitución y la Ley del Ejército, establecen que en situaciones de grave desorden social, la fuerza armada puede intervenir si el presidente de la república, reunido en Consejo de Ministros y a solicitud de la Policía, le ordena que apoye a esta última.
“Más que una contradicción o una paradoja, sería un absurdo, porque Daniel Ortega no le iba a solicitar al Ejército que apoyara a la Policía, (para proteger a la gente) si es la Policía la que estaba asesinando”, aseguró.
Una nueva mentalidad dirigiendo los hilos del Poder Ejecutivo, podría incluso ordenarle a la fuerza armada que cumpla esa misión, sin descartar la posibilidad de pedir a las Naciones Unidas un contingente de cascos azules para ayudar a mantener la paz.
Cajina vislumbra incluso el involucramiento de la Unión Europea, o naciones como Chile, Argentina y España, países “que tienen mucho interés en la crisis en Nicaragua. Uno de los grandes retos de las nuevas autoridades será garantizar la seguridad pública, para asegurar en alguna medida, la confianza para el retorno de las inversiones al país”, señaló el experto.
Los intereses del Ejército
“Para el 2012 se decía que el Ejército tenía unos 100 millones de dólares invertidos en la Bolsa de Valores de Nueva York y en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Siete años después, esa cantidad debe ser muchísimo mayor, y ese es otro de los elementos que hizo que el Ejército reflexionara para no involucrarse directamente en la masacre, en el genocidio que cometieron la Policía y los parapoliciales”, opina Cajina.
Sin embargo, y a pesar de las buenas relaciones del Ejército de Nicaragua con el Comando Sur de Estados Unidos, eso no impidió que el Poder Ejecutivo de ese país sancionara al general en retiro Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura, y exdirector ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que maneja las inversiones, y el fondo de pensiones del Ejército.
La sanción al alto rango militar implica “un mensaje oculto, no directo”, al resto de la cúpula uniformada, pero es también una comprobación de que “las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua caminan sobre dos rieles: el riel del Departamento de Defensa, y el riel del Departamento de Estado”, precisó.
Desde luego, el mensaje es también para la cúpula del régimen. No solo porque Estados Unidos le está diciendo que puede sancionar a cualquiera de sus colaboradores, sino porque se considera que Mojica estaría vinculado con los negocios privados de Daniel Ortega, lo que entorpece el desarrollo de esos negocios, a la vez que vuelve ‘prescindible’ al propio Mojica.
Suspensión animada
Las versiones de los testigos, y los videos grabados en distintos momentos de la matanza, denuncian que militares vestidos de civil y armamento militar, perteneciente al Ejército de Nicaragua, aparecieron en las filas de los paramilitares en la Operación Limpieza.
Sin embargo, Cajina considera que no hay evidencia comprobable que pruebe que el Ejército se inmiscuyó en los crímenes de lesa humanidad por los que sí se señala a la Policía y paramilitares.
“No se han mostrado pruebas sobre esto. De hecho, circularon dos vídeos a raíz de la masacre del 30 de mayo del año pasado, evidentemente manipulados”, enfatizó.
En vez de ello, Cajina apunta a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), que también tiene el tipo de armamento visto en las calles, por el que se sindica al Ejército: fusiles Dragunov, ametralladoras PKM, lanzagranadas, y una gran cantidad de otro tipo de armamento.
“El Ejército sigue en la posición de no involucrarse directamente en el conflicto, sin embargo, el hecho que no se haya involucrado directamente en la masacre… no es un buen récord” para ellos, analizó.
Según Cajina, la actitud del Ejército se explica por la necesidad de cumplir dos objetivos estratégicos: sobrevivir como institución, y preservar sus intereses multimillonarios invertidos en Estados Unidos.
“Esa estrategia de silencio no le beneficia, porque ha hecho llamados al diálogo, pero no ha habido una condena específica de parte de las autoridades militares hacia la masacre”. El Ejército se encuentra “en una especie de ‘suspensión animada’, y es un laberinto del que tiene que buscar cómo salir”, sentenció.
Esa falta de acción para enfrentar a estos armados, contrasta con la iniciativa mostrada por la entidad castrense al enfrentar a grupos de zonas rurales que se rearmaron por razones políticas, y fueron combatidos y desarmados, sin que se reportara un solo herido en combate… porque todos resultaban muertos.
