8 de octubre 2015
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El retiro anticipado de Silvia Rucks, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas (ONU) en Nicaragua, tomó por sorpresa a miembros de la sociedad civil y a exfuncionarios gubernamentales ligados a cooperación internacional en administraciones anteriores. La mayoría de los consultados coinciden en que la entidad internacional y el gobierno del comandante Daniel Ortega deberían esclarecer las verdaderas razones por las que la diplomática dejará su cargo de forma intempestiva este viernes 9 de Octubre.
En un comunicado oficial publicado a inicios de semana, la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó que “en el contexto de una nueva política de gestión de la cooperación internacional (del gobierno de Nicaragua)”, se consideró pertinente un cambio en el liderazgo dentro de la entidad, para “facilitar la transición a un programa ONU que responda al modelo de cooperación recientemente adoptado por el país”.
Violeta Granera, directora del Movimiento por Nicaragua, lamentó el retro de Rucks asegurando que el liderazgo de la diplomática pudo haber desempeñado un papel importante en la nación. “Era una mujer conciliadora, de amplitud de mente y capacidad de escucha en un contexto en el que resulta difícil trabajar para organismos internacionales porque hay mucho control por parte del gobierno”, declaró.
Una fuente cercana al ámbito diplomático aseguró que el retiro de Silvia Rucks está relacionado con el apoyo que el PNUD brinda a ONGs y a la percepción que existe en el gobierno sobre la uruguaya por ser ella “una persona muy independiente, que no es sí señor, no señor, en cuanto al tema de las oenegé. Es un asunto de fuerzas”, indicó.
Extraoficialmente se conoce que el cierre de siete programas del PNUD por órdenes del gobierno, y la reducción de operaciones provocó el cese de Rucks.
Para Franscico Aguirre Sacasa, excanciller de la República, la salida de la diplomática es un completo misterio, tomando en cuenta que sólo fungió en el país durante quince meses para un cargo que dura cuatro años. “A mí me dejó perplejo el comunicado del PNUD que leí antier por la mañana. Para mí fue muy crítica la nota de Naciones Unidas. No comprendí las declaraciones del PNUD y tampoco qué pudo haber precipitado la salida de Rucks”, explicó.
Urge transparencia gubernamental
Una fuente gubernamental, consultada por Confidencial, negó que el gobierno hubiese solicitado a las Naciones Unidas el retiro de Rucks, pero confirmó que el Estado quiere hacerse cargo de las iniciativas de cooperación externa de forma directa, sin intermediarios. “Resulta irracional que se consigan fondos externos para que sean ejecutados por terceros, si el gobierno cuenta con unidades ejecutoras que lo pueden hacer bien o mejor”, resumió.
Esta política, citada por el PNUD en su comunicado, pretende centralizar el manejo oficial de la cooperación externa, para alinearla a la estrategia política y económica del gobierno. En una reunión sostenida con cooperantes bilaterales y multilaterales a finales de Septiembre, la administración de Ortega justificó la medida alegando que al ser Nicaragua un país de ingreso medio, toda las gestiones de esta índole y la implementación de proyectos se realizarían sin ninguna clase de intermediarios.
El economista Mario Arana, empresario y ex presidente del Banco Central manifestó que los órganos de cooperación de cada país deberán analizar si el Estado tiene la suficiente madurez y las capacidades necesarias para administrar los recursos de esta manera. El exfuncionario del gobierno de Enrique Bolaños, advirtió que la transparencia es vital para garantizar el éxito de dicho modelo. También recordó que el poco acceso que existe a información clave, principalmente económica, ha generado preocupación a nivel gremial.
“Cualquier país necesita transparencia o rendición de cuentas, sino te exponés a todo tipo de problemas. Primero, porque el mercado pierde Norte sobre lo que está ocurriendo en el país y eso es fundamental para que una economía de mercado funcione y se creen las condiciones idóneas para que haya inversión. Si Nicaragua quiere aumentar su crecimiento económico, debe crear condiciones institucionales y reglas de juego estables que permitan el desarrollo de la inversión”, dijo.
Un asunto de voluntad política e institucionalidad
Mauricio Díaz, diputado al Parlacén por el Partido Liberal Independiente (PLI), indicó que si el gobierno desea transparentar la cooperación, puede hacerlo por medio de SysONG, un sistema de consulta que formaba parte del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y que en administraciones anteriores usaban para presentar todos los detalles de la inversión que el Estado hacía con los fondos de la cooperación. Esta era una condición que los donantes establecían para trabajar con el país.
Para Díaz, la aplicación de un modelo sin intermediarios es un asunto de voluntad política e institucionalidad. “¿Por qué hasta ahora deciden abrir esa “caja”, después de que lo manejaron como un secreto de Estado, sin rendirle cuentas al país, como ha sucedido con la cooperación venezolana? Sólo tenemos estimados, sabemos que son casi cuatro mil millones de dólares. ¿Dónde están? Esa es la pregunta que todos nos hacemos (…) Esto podría ser una manera de intentar demostrar al mundo que las cuentas se manejarán de forma transparente, pero ya corrió demasiada agua sobre ese puente”, lamentó.
Por su parte, el excanciller Norman Caldera explicó que este modelo podría traer ventajas para el país, porque permitiría manejar más eficientemente los proyectos que haciéndolo a través de varios intermediarios. “Pero el problema, de nuevo, radica en la transparencia (…) Para que esto se dé, los donantes requieren de transparencia absoluta en el manejo de los fondos, y es allí donde difícilmente se podrá implementar en Nicaragua. Hemos visto lo poco transparentes que han sido (el gobierno) en el manejo de la cooperación venezonala”, criticó.
Caldera coincide con Díaz en que el Estado tendría que volver a un programa de transparencia como el SysONG. Explican que como resultado de esta metodología, entre 2003 y 2005, el Estado logró que la cooperación dirigiera sus fondos al Presupuesto General de la República, sin necesitar de agencias intermediarias. Mario Arana asegura que, en ese entonces, los cooperantes asignaban sus recursos de acuerdo a una estrategia de país, con prioridades definidas y cuyos proyectos se administraban a través del presupuesto.
Lo anterior, según Arana, permitía evitar el encarecimiento de proyectos de cooperación porque no necesitarían del trabajo de agencias de cooperación. “Ciertamente, al país le viene bien moverse hacia apoyo presupuestario, y que sea vía presupuesto que se dé la asignación de los recursos. Pero no sé de qué se trata esto (el modelo de cooperación citado por el PNUD), porque ya no se da este tipo de apoyo, que estaba vinculado a aspectos de gobernabilidad”, expresó.
Mario Arana y Violeta Granera coinciden en que la promoción de proyectos ligados a gobernabilidad no permitió el consenso entre los donantes y el gobierno de Daniel Ortega, lo que provocó que la modalidad de apoyo presupuestario se suspendiera entre 2008 y 2009. “La cooperación fue saliendo del país a raíz de los fraudes electorales. Lo peligroso de esto es que no estamos frente a un gobierno transparente. Considero que la cooperación debe tener problemas con esta política”, advirtió Granera.
