11 de marzo 2024
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El ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz y la sandinista disidente Dora María Téllez responsabilizaron a Daniel Ortega, por la cancelación de 64.1 millones de dólares que otorgaría el Fondo Verde para el Clima, que depende de las Naciones Unidas, para las reservas Bosawás e Indio Maíz.
Ruiz, biólogo de profesión y que dirige la ambientalista Fundación del Río, argumentó en un análisis enviado a los medios que el Fondo Verde agotó todas las instancias y que sus mecanismos demostraron el incumplimiento por parte del Gobierno de Ortega a las salvaguardas ambientales y sociales.
Para el ambientalista, que fue desnacionalizado y reside en el exilio, el Fondo Verde tomó en cuenta que "el régimen Ortega-Murillo y sus cómplices del Caribe" de Nicaragua, "son los que más han saqueado y despojado de los recursos naturales (madera, concesiones mineras, ganadería, palma africana, entre otros)".
También que no han velado por los pueblos indígenas y afrodescendientes que habitan en las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua, sino "más bien permite la invasión, el desplazamiento, los asesinatos y persigue a los guardabosques comunitarios. Más bien quiere exterminarlos".
Exguerrillerra: es por la violación a los derechos humanos
En tanto Téllez, que formó parte del primer Gobierno sandinista (1979-1990) y fue excarcelada y desnacionalizada en febrero de 2023, sostuvo por su parte en una declaración que "el Fondo Verde constató que hay una enorme corrupción en la Costa Caribe" de Nicaragua, temieron que el dinero no sería utilizado para los objetivos establecidos, y determinaron que las consultas a indígenas y afrodescendientes "fueron falsas".
"Pero el tiro de gracia lo dio el fraude electoral del domingo pasado en las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua", en la que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó con un 89%, sin la participación del principal partido indígena, Yatama, que fue ilegalizado por las autoridades previo al proceso, anotó la también historiadora y exministra de Salud, que fue expulsada a Estados Unidos.
Por tanto, para la exguerrillera, Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, son los únicos "culpables que Nicaragua no pueda tener acceso a recursos que puedan ser usados para el cuido de las reservas y las comunidades étnicas".
"Los Ortega-Murillo han sido los responsables de que se corte la ayuda internacional a Nicaragua, porque han constituido una dictadura y porque tienen al pueblo nicaragüense sin derecho", alegó Téllez, que advirtió que eso seguirá "pasando mientras ellos sigan manteniendo al pueblo nicaragüense en esa condición".
El Gobierno ha exigido el desembolso
El Fondo Verde explicó el 7 de marzo de 2024 que rescindió el Acuerdo de Actividad Financiada para el proyecto 'Bio-Clima: Clima Integrado acción para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas de Bosawás y Río San Juan', debido al incumplimiento de las políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales.
La decisión fue tomada por la Secretaría del Fondo Verde, que siguió un exhaustivo proceso de investigación y evaluación, y abordó los casos de incumplimientos que constituyeron violaciones legales de los acuerdos legales.
Un día después, el Gobierno de Nicaragua rechazó y repudió la decisión del Fondo Verde de cancelarle el millonario desembolso para el proyecto de bioclima, lo acusó de haber tomado la decisión "a través de procesos y procedimientos no transparentes, no éticos", y exigió el desembolso "de los recursos comprometidos".
El Fondo Verde, establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2010 como uno de los principales mecanismos financieros para apoyar a los países en vías de desarrollo en la implementación de sus políticas frente al cambio climático, no había desembolsado fondos para ese proyecto en Nicaragua.
Ese proyecto contribuiría al desarrollo sostenible con bajas emisiones de CO2 en Nicaragua, mediante la transformación de la ganadería extensiva, la agricultura y la explotación maderera en formas de producción que evitan la deforestación, y que integran la conservación de los servicios ecosistémicos con una producción sostenible, para aumentar la resiliencia de los pueblos indígenas y los medios de vida locales en la Región Caribe de Nicaragua, según la iniciativa.
