9 de diciembre 2020
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El Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe del Caribe (CCRIF, por sus siglas en inglés) informó que el Gobierno de Nicaragua recibió, hasta el nueve de diciembre, un pago de 30.6 millones de dólares por los daños provocados por el paso de los huracanes Eta y Iota, que impactaron en la Costa Caribe Norte del país el tres y 16 de noviembre, respectivamente.
La entidad informó además que dichos desembolsos se fueron entregando en los 14 días posteriores al impacto de los ciclones.
En 2015, Nicaragua se convirtió en uno de los primeros países centroamericanos en unirse al CCRIF, entidad que tiene como objetivo “proporcionar liquidez rápida a los gobiernos inmediatamente después de un desastre natural, lo que les permite abordar las necesidades más inmediatas”.
El CCRIF —desde su inicio en 2007— ha realizado un total de 48 pagos a 14 de sus Gobiernos miembros por un total de aproximadamente 194 millones de dólares.
Según la evaluación de este fondo regional, los 14 Gobiernos miembros han utilizado más del 65 por ciento de los pagos para “abordar las necesidades de alimentos, agua, medicamentos y refugio de sus ciudadanos más vulnerables después de un desastre natural”.
Sin embargo, hasta el momento no hay detalle del cómo y en qué está usando este fondo el régimen de Daniel Ortega.
Los daños provocados por Eta y Iota
El régimen de Daniel Ortega, a través de un informe preliminar divulgado a finales de noviembre pasado, estimó que que las pérdidas económicas ocasionadas por el paso de los huracanes Eta y Iota, ascienden a más de 742 millones de dólares.
En su informe de “daños materiales” el Gobierno señala que al menos tres millones de personas estuvieron expuestas a los fenómenos y 56 municipios reportan daños materiales.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, también indicó en noviembre pasado que el impacto económico al Producto Interno Bruto (PIB), tras el paso del huracán Iota, ascendió de 1.5 a 6 puntos porcentuales del PIB.
Ambos fenómenos naturales provocaron que 5800 viviendas quedaran destruidas y unas 38 000 propiedades con daños parciales. Además, las instituciones del Estado reportan daños en centros hospitalarios, carreteras, pozos de agua, escuelas, caminos y pérdidas en producciones agrícolas.
