6 de junio 2023
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La embestida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia católica ha obligado al menos a 77 líderes religiosos —41 varones y 36 mujeres— a salir de Nicaragua entre 2018 y 2023, de acuerdo con datos recolectados por la investigadora Martha Patricia Molina. De estos, 40 fueron expulsados del territorio nacional, 17 salieron del país por motivos de seguridad personal, a 12 se les negó el reingreso al país y ocho fueron desterrados y despojados de su nacionalidad nicaragüense.
Entre los religiosos varones hay: 33 sacerdotes, tres seminaristas, tres diáconos, un obispo (Silvio José Báez) y un nuncio apostólico (Waldemar Stalislaw Sommertag). La mayoría de ellos son de nacionalidad nicaragüense y algunos extranjeros que tenían varias décadas en Nicaragua.
También fueron expulsadas del país 36 monjas de diferentes congregaciones religiosas. Sin embargo, este dato “es prácticamente simbólico” porque “generalmente las religiosas no denuncian” y existen casos en los que “les han prohibido el ingreso al país, pero han optado por guardar silencio”, aclaró Molina.
“No es como el caso de los sacerdotes, que los están expulsando de uno en uno, sino que (en el caso de las monjas) expulsan a toda la congregación que se encuentra en el país”, subrayó la investigadora.
La expulsión, destierro o exilio de líderes religiosos es parte de la persecución contra la Iglesia. El régimen de Ortega y Murillo, en el último año, suspendió relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano y ha calificado como una “mafia” a los obispos. Estos son algunos de los casos más impactantes registrados en los últimos dos años.
Expulsados del territorio nacional
El miembro de mayor rango dentro de la Iglesia católica expulsado de Nicaragua fue el nuncio apostólico. Sommertag dejó su misión diplomática en el país el domingo 6 de marzo de 2022 de forma intempestiva, bajo una fuerte presión política del régimen.
Cuatro meses después, 18 Misioneras de la Caridad, orden fundada por Madre Teresa de Calcuta, fueron echadas del país el 6 de julio de 2022. De las religiosas, siete son originarias de la India, dos de México, una de España, dos de Guatemala, una de Ecuador, una de Vietnam, dos de Filipinas y dos nicaragüenses.
Otro expulsado del país fue el fraile franciscano, Damián Muratori, el 15 de febrero de 2023, luego que pidió orar por el obispo encarcelado Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel. Muratori era rector del Santuario Franciscano El Tepeyac en San Rafael del Norte, departamento de Jinotega, y vicepostulador de la beatificación del padre Odorico D’Andrea.
También una decena de monjas trapenses se vieron obligadas a salir de Nicaragua el 24 febrero de 2023, después de 22 años de presencia en el país. Su salida ocurrió diez días después que el régimen les confiscó el monasterio que habían construido en San Pedro de Lóvago, Chontales.
El sacerdote panameño Donancio Alarcón fue expulsado de Nicaragua la noche del 3 de abril de 2023 y abandonado por la Policía Nacional en la frontera “El Espino”, con Honduras. El religioso realizaba su misión pastoral en San José de Cusmapa y Las Sabanas, ambos municipios del departamento de Madriz, que forma parte de la Diócesis de Estelí, administrada por monseñor Álvarez.
El régimen también ordenó la expulsión de Nicaragua a tres monjas de la congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, quienes dirigían el asilo de ancianos López Carazo y el colegio Susana López Carazo en la ciudad de Rivas. Las religiosas salieron del país el 12 de abril de 2023.
Tres monjas de la orden Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo fueron expulsadas el 29 de mayo de 2023, luego que la dictadura les confiscó un colegio que dirigían en San Sebastián de Yalí, Jinotega, fundado hace 31 años.
Desterrados de su patria
Otro método de castigo implementado por el régimen es el destierro de sacerdotes, seminaristas y diáconos. Algunos salieron de Nicaragua por motivos personales y a su regreso se les negó la entrada al país y otros que permanecían como presos políticos fueron enviados a Estados Unidos.
Entre los sacerdotes desterrados están: Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la Universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrio Cano; el diácono Raúl Antonio Vega; y los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno; quienes fueron condenados a diez años de prisión por supuesta “conspiración”, luego desterrados y despojados de su nacionalidad nicaragüense.
El exrector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita José Alberto Idiáquez, no pudo regresar a Nicaragua en julio de 2022, después de pasar una temporada en México, atendiéndose problemas de salud, porque las autoridades no le renovaron su pasaporte.
Otro que no pudo volver a su patria fue el vicario de la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, en Managua, el sacerdote nicaragüense, Juan de Dios García, quien el 13 de septiembre de 2022 regresaba de Miami, EE. UU., después de visitar a su familia, pero las autoridades del régimen no le permitieron ingresar a Nicaragua.
Asimismo, el sacerdote Guillermo Blandón, párroco de la Iglesia Santa Lucía, en Boaco; quien regresaba a su patria el 27 de febrero de 2023 después de un viaje por Israel, en un vuelo con escala con Miami, Estados Unidos, pero le negaron el ingreso a Nicaragua.
Exiliados por motivos de seguridad
Mientras tanto, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez, se exilió en abril de 2019 por una solicitud del papa Francisco tras conocerse que había sido víctima de amenazas de muerte.
Entre los religiosos exiliados por razones de seguridad se encuentra el sacerdote Erick Díaz, párroco de la iglesia San José Obrero de El Tuma – La Dalia, en Matagalpa, quien habría salido del país en agosto de 2022.
Otro caso que se conoció a inicios de septiembre de 2022, fue el padre Uriel Vallejos, párroco de la iglesia Divina Misericordia de Sébaco, relató desde Italia que salió del país por veredas para resguardar su vida. Ese mismo día se conoció sobre el exilio de los sacerdotes Vicente Martínez, Sebastián López y Mángel Hernández, todos de la diócesis de Matagalpa.
