10 de junio 2023
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha fracasado en su intento por frenar el incremento de femicidios en Nicaragua, que acumula al menos 34 nuevas víctimas durante el primer semestre de 2023, informó la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir. A esa cifra se suman 12 nicaragüenses asesinadas en el extranjero, que salieron del país empujadas por el agravamiento de la crisis sociopolítica, exponiéndose a cualquier tipo de violencia, según defensoras de las mujeres.
De los 34 femicidios en Nicaragua, doce se registraron en el Caribe Norte del país. El caso más reciente en esa zona sucedió la primera semana de junio: Sara Aguilera, de 18 años y su mamá Rufina Aguilera, de 42 años, fueron asesinadas a machetazos por un sujeto llamado “Sebastián”, que era pareja de Sara, reportaron medios locales.
Según el conteo de la agrupación feminista: ocho mujeres fueron asesinadas en enero; seis en febrero; doce en marzo; diez en abril; ocho en mayo; y dos en lo que va de junio. En este conteo aún no se incluye a Hazel Mejía Traña, de 37 años, quien desapareció la noche del domingo 4 de junio y fue encontrada semienterrada en un lugar conocido como La Montañita, en Sábana Grande, en Managua. La víctima, quien dejó dos hijos en orfandad, fue reconocida por una tía en el Instituto de Medicina Legal (IML), mientras la Policía investiga el caso, detalló La Prensa.
El incremento de femicidios es evidente desde 2018. Según el observatorio Voces, en ese año hubo 71 mujeres asesinadas, esta cifra que es la más alta de la última década, se repitió en 2021 y en 2022, tuvo una leve disminución a 69.
Ante el aumento de la violencia machista, el régimen orteguista ha inaugurado más Comisarías de la Mujer, totalizando 218 hasta mayo de 2023. Y a la vez, lanzó una cartilla informativa para que las mujeres víctimas de violencia conozcan el procedimiento para denunciar a sus agresores. Sin embargo, las feministas calificaron la medida como “una salida de paso”, que no tendría ningún efecto en la práctica.
La feminista María Teresa Blandón considera que el Gobierno “jamás ha intentado frenar la violencia contra las mujeres”. Ese ha sido uno de los reclamos más importantes por parte de las organizaciones feministas, ya que “nunca contamos con una política pública, integral, con recursos y mecanismos para enfrentar un problema que es estructural, multicausal, y un problema que cada día se va agudizando más”.
“Se ha naturalizado esa violencia. Cada vez que las mujeres van a interponer una denuncia, la inmensa mayoría de esas denuncias quedan en nada. La impunidad es el caldo de cultivo para la violencia”, destacó la investigadora.
Las comisarías abiertas por la Policía, en la práctica, no están trabajando, afirmó Blandón. “Lo que dicen las mujeres es que esas Comisarías no están funcionando, que a veces hay gente, que a veces no hay, que no tienen combustibles para ir a investigar las causas (de hechos de violencia), que las causas se archivan”. En ese sentido, “no es cierto que el Gobierno ha hecho algo para intentar frenar la violencia contra las mujeres, todo lo contrario”.
Una fuente de Católicas aseguró bajo anonimato que la violencia machista viene desde las mismas instituciones del Estado, empezando por las Comisarías de la mujer. “Puede abrir mil comisarías en todas las cuadras, pero mientras no exista conciencia sobre esta situación de violencia hacia las mujeres, no va haber solución”, expresó.
Aumento de violencia machista en el Caribe Norte
El Caribe Norte acumula doce mujeres muertas en los primeros seis meses de 2023, alertó Católicas por el Derecho a Decidir. La fuente señaló que desde hace dos años el Caribe ha sido “un territorio que repunta”.
Esa ha sido una tendencia que se mantiene, señala Blandón, debido a que el Estado es más débil en esa zona del país. La Policía no funciona para un “montón de temas” y, por otro lado, las mujeres que viven en las comunidades más alejadas no tienen recursos, ni posibilidad para salir a poner una denuncia.
"Lo más duro y lamentable es que estos criminales, por razón de distancia y no contar con autoridades cerca, les da tiempo en huir”, advirtió la fuente de Católicas.
Agregó que “la impunidad va en crecimiento por falta de voluntad y estrategia firmes que puedan reducir esta problemática de violencia feminicida”. Asimismo, cuestionó que el régimen orteguista siga liberando más reos comunes en un contexto de violación a derechos humanos.
Se calcula que, entre 2018 y 2022, la dictadura liberó a unos 20 000 reos comunes, mientras recrudeció el estado policial de facto y continuó apresando a reos de conciencia, reveló una revisión de CONFIDENCIAL de las notas de prensa del Sistema Penitenciario y los medios de propaganda oficial.
Solo en 2022 hubo 4850 reos liberados en cuatro grupos, y entre ellos, hay violadores de los derechos de las mujeres, han cuestionado las feministas.
El cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil ha provocado también mayores vulnerabilidades de las mujeres, al no contar con una red de apoyo, asistencia jurídica y protección, que era facilitada por estas oenegés.
Al menos 130 organizaciones que brindaban apoyo a víctimas de violencia de género perdieron su personería jurídica, según datos analizados por CONFIDENCIAL.
