4 de agosto 2022
AA
Share
El régimen orteguista firmó una nueva declaración internacional de protección ambiental, acto cuestionado por activistas nacionales que denuncian que esta política de suscribir acuerdos y convenios en materia ecológica del orteguismo, solo tiene como único fin acceder a los millonarios recursos establecidos en los denominados “fondos verdes”, destinados para naciones emergentes sin capacidad para financiar políticas amigables con el medio ambiente.
El más recientes acuerdo firmado por el régimen es el respaldo a una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce “el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano universal”.
Nicaragua fue uno de los 161 países que votó a favor de esta resolución, que a la vez establece que el “cambio climático, la gestión y el uso insostenibles de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad” interfieren en el disfrute de este derecho humano universal.
Sin embargo, el activista ambientalista Amaru Ruiz, director de la cancelada Fundación del Río, cuestionó en Twitter el doble rasero del régimen al firmar estos convenios, cuando los reportes de organizaciones ecológicas e investigaciones periodísticas dejan al descubierto la agresiva política de deforestación ambiental promovida desde el orteguismo.
Sabían que hoy la Asamblea General de @ONU_es reconoció el medio ambiente sano, limpio y sostenible como un derecho universal.🌎🌳
Pero lo más irónico es que el régimen de #OrtegaMurillo votó a favor, siendo el que mas ha promovido su destrucción. 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/twyNpG8fiO
— Amaru Ruiz 🐦 (@AmaruRuiz) July 29, 2022
La cacería de los “fondos verdes”
Ruiz, consultado por CONFIDENCIAL, opinó que la firma de convenios, como el de Naciones Unidas, solo sirven para el régimen como una forma de conseguir “fondos verdes” de la cooperación internacional.
“Esta política que tienen de firmar todo, incluyendo el acuerdo de Escazú, que es el más reciente instrumento, y el apoyo a la declaración de Naciones Unidas, no se corresponde con la actuación del régimen, que más bien utiliza ese discurso y esa actitud de firma y apoyo de estos acuerdos, como una condición para solicitar recursos financieros de fondos verdes que están disponibles a nivel mundial para los países en desarrollo”, afirmó Ruiz.
Nicaragua se encuentra actualmente en un proceso de revisión por parte del Mecanismo Independiente de Reparación y del Fondo Verde del Clima, debido a irregularidades en el uso de uno de los componente de estos recursos conseguidos por medio de esta política de firma constante de acuerdos medioambientales internacionales.
Estas entidades realizan una “investigación de cumplimiento” del programa Bio-CLIMA, aprobado en 2020 para Nicaragua, luego de comprobar una queja recibida en junio de 2021, y concluir, tras un primer informe de evaluación de cumplimiento, que “hay evidencia prima facie (a primera vista) de impactos adversos causados o que pueden ser causados por el incumplimiento del proyecto con las políticas y procedimientos operativos”.
La entidad acreditada del proyecto de Bio-CLIMA ante el Fondo Verde del Clima es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la entidad ejecutora es el Gobierno de Nicaragua. El costo total del proyecto es de 116 642 213 dólares, que incluye la financiación del Fondo Verde del Clima y la cofinanciación, con préstamos del BCIE y subvenciones del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.
“Modelo de saqueo medioambiental del orteguismo”
“El régimen ha venido aplicando un modelo neoextractivista de saqueo y despojo de los bienes ambientales en Nicaragua. Este modelo, impuesto en todo el territorio nacional, especialmente en la zona de la Costa Caribe del país, ha generado un impacto mucho mayor en términos medioambientales que los alcanzados en Gobiernos anteriores, incluso más que en la dictadura de Somoza”, añadió Ruiz.
El activista se vio forzado a exiliarse debido a la persecución del régimen, quien lo acusó por medio de la Ley de Ciberdelitos de difundir información falsa debido a sus constantes denuncias de los operativos de deforestación avalados por el orteguismo y la impunidad ante las masacres a indígenas ocurridas en la Costa Caribe del país.
La Fundación del Río, además, forma parte de las más de 1200 organismos civiles que el régimen ha ilegalizado desde 2018, como parte de su cruzada en contra de la sociedad civil organizada.
Reportes de este organismo establecen que el promedio de deforestación anual desde la llegada al poder del régimen de Daniel Ortega es entre 160 y 180 mil hectáreas anuales en Nicaragua.
Esto supera los datos registrados durante los Gobiernos liberales de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, cuyo promedio fue de entre 60 y 70 mil hectáreas anuales. Según Ruiz, durante la dictadura somocista, el promedio de deforestación histórico fue de 100 mil hectáreas anuales.
Una investigación del portal periodístico Divergentes, en conjunto con la plataforma especializada Connectas, reveló recientemente que durante los quince años de régimen orteguista en el poder, la reserva natural de la Cordillera de Dipilto-Jalapa ha perdido el 60% de sus pinares, mientras la región norteña de Las Segovias se queda sin fuentes de agua.
De acuerdo al reporte, desde 2009, el Gobierno de Daniel Ortega ha aprobado 13 decretos para favorecer a empresas madereras que extraen pino y afectan al ecosistema de la zona.
Concesiones mineras en territorios indígenas
“El régimen de Ortega-Murillo y las políticas que promueve como la ganadería extensiva, la minería invasiva y otros monocultivos, han aumentado los procesos de deforestación del país. Por ejemplo, con las concesiones mineras, el régimen es el que más ha concesionado mineras en todo el territorio nacional, más del 23% de todo el territorio. Estamos hablando de 114 concesiones mineras a empresas industriales que promueve el régimen, incluso dentro de áreas protegidas como la reserva de Bosawas y territorios indígenas”, añadió Ruiz.
Según la Fundación del Río, hay cinco concesiones mineras que afectan directamente el territorio de los pueblos chorotegas, una a los matagalpas, seis a los mayangnas, siete a los miskitos y dos a los territorios multiétnicos mayagnas y miskitos.
“Hemos cuantificado 141 concesiones de minería dentro de territorios indígenas y afrodescendientes, 69 concesiones otorgadas y 72 solicitadas; además de 42 lotes que se han declarado áreas de reserva minera. Es decir, un total de 183 lotes de concesiones y áreas de reserva minera se encuentran en territorios indígenas”, detalla informe de esta organización, denominado Nicaragua y su oro perverso.
