25 de julio 2021
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El abogado “Carlos” acompañó durante dos semanas a seis periodistas que fueron citados para un interrogatorio en el Ministerio Público, en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Entre citatorio y citatorio, su casa empezó a ser vigilada por un motorizado, luego una camioneta rondaba por las noches su hogar. Su teléfono recibía llamadas de números desconocidos; no contestó porque estaba convencido que escucharía amenazas. “Salía a pie a una venta y esa moto me seguía”, relata. Para resguardar a su familia se cambió de vivienda, pero sintió que “no era suficiente”. El defensor tuvo que exiliarse.
“Carlos” es uno de cinco abogados nicaragüenses que se exiliaron recientemente. La oleada represiva contra opositores los alcanzó con persecución y amenazas más intensas, incluido el peligro de cárcel.
El abogado, quien solicitó omitir su identidad por seguridad, no estuvo a cargo de la defensa de ninguno de los últimos 26 presos políticos. Su papel solo fue de acompañamiento y asesoría legal con los periodistas.
Abogados consultados coinciden que el riesgo de la defensa de casos políticos en Nicaragua ha incrementado. En 2018 y 2019 hubo abogados que se exiliaron por amenazas más generalizadas, pero las de este último periodo han sido específicas y más subidas de tono, confió un abogado.
Otro defensor, que también solicitó proteger su identidad, asegura que los defensores enfrentan vigilancia, hostigamientos, amenazas, y también pesa el riesgo de investigaciones penales.
“Todas estas persecuciones, asedio e investigaciones sitúan al abogado en una situación de vulnerabilidad, de desventaja, de peligro en el ejercicio de su profesión”, opina el defensor, que ya ha estado al frente de casos políticos.
“No hay garantías del respeto al ejercicio del derecho de defensa, ni garantías como profesional ni garantías personales”, añade.
Retenciones policiales contra abogados
Elton Ortega era defensor de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, pero fue “amenazado y tuvo que huir del país”, indicó el equipo de prensa de Chamorro, a finales de junio. Su caso se conoció por medio de un comunicado, pero en efecto, otros abogados han partido en sigilo y quienes se han quedado en el país, en su mayoría, hablan bajo anonimato.
El abogado Boanerges Fornos, coordinador de Acción Penal y defensor de presos políticos desde 2018, también conversa con CONFIDENCIAL desde el exilio.
Fornos recuerda que el pasado 11 de junio, William “el Chele” Grigsby, uno de los propagandistas del FSLN, leyó en su programa radial una lista de abogados que defienden a los presos políticos y que reciben honorarios por parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). El locutor no mostró pruebas de sus aseveraciones.
Grigsby anunció la “Operación Danto 2021”, a como el régimen bautizó la nueva cacería emprendida contra opositores y que posteriormente, se materializó en la captura de seis aspirantes presidenciales, diez líderes políticos y cívicos, dos miembros del sector privado, dos dirigentes estudiantiles, dos líderes campesinos, dos extrabajadores de la FVBCh, un periodista y un conductor personal.
Algunos abogados, agrupados en Acción Penal, han sido retenidos por la Policía, agentes vestidos de civil o quizás paraestatales. “No se puede confirmar con certeza”, aclara Fornos. A la par, persiste un mecanismo de seguimiento a cada uno de los abogados que han trabajado en la defensa de los presos políticos.
Hermetismo en manejo de expedientes
En 2018, los abogados defensores de presos políticos se convirtieron en la única vía para conocer la argumentación legal de la Fiscalía contra más de 300 nicaragüenses que fueron juzgados y condenados por terrorismo y otros delitos. También denunciaron las violaciones a los derechos humanos de los acusados.
Una investigación de CONFIDENCIAL demostró que la Fiscalía, la misma que ahora investiga a 26 opositores encarcelados, fabricó acusaciones contra los reos de conciencia encarcelados desde 2018, incluyendo a varios de los más de cien que siguen en prisión tres la Ley de Amnistía de 2019, criticada por estar elaborada a la medida del régimen orteguista.
Cortar esa vía de comunicación que significa el abogado de presos políticos, estiman, es parte de lo que busca la intimidación contra los defensores. “Estamos seguros de que hay una estrategia para reprimir a los abogados, que son los que tienen acceso directo a los presos políticos y también a los expedientes. Quieren obstaculizar eso, para que la información de lo que están haciendo no se filtre”, explica Fornos.
Para otra abogada, que igual solicitó que se omitiera su identidad por seguridad, la razón de intimidar a los defensores es para que ningún abogado los represente y “caigan con la misma red del Gobierno, que sería la Defensoría Pública”.
Bajo esta misma lógica, Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y también abogado exiliado desde 2018, señala que a través de la represión contra los abogados se busca cerrar un círculo: inician con casos inventados en los que participa la Policía Nacional —mediante capturas y allanamientos—, seguido de un juez que no cuestiona la acusación del Ministerio Público, y finalmente, una defensa pública; que a su vez, es subordinada del Poder Judicial, supeditado al Gobierno.
“Al sacar a la defensa técnica, ponerle todos los obstáculos, provocar exilio, provocar miedo a quien quiera meterse. ¿Por qué? Para que no se hable mucho del tema. Que nadie conozca la verdad qué pasó en esa audiencia (de presos políticos)”, expresó Carrión a CONFIDENCIAL.
Un trabajo bajo riesgo
Mynor Curtis defiende a cinco de los 26 opositores arrestados desde finales de mayo pasado. No ha visto a ninguno de sus representados y tampoco ha tenido acceso a sus expedientes judiciales. Curtis, quien ha defendido a otros presos políticos desde 2018 y es parte del equipo jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señala que el bloqueo informativo es particularmente en los 26 casos recientes. Los expedientes no se los han facilitado ni en los Juzgados y tampoco están en el sistema informático de la Corte Suprema de Justicia.
“No acceder a los expedientes está violando ese derecho constitucional que tienen los acusados de que sus abogados tengan acceso a sus expedientes. Al no tener acceso a los expedientes, eso te deja en indefensión y causa nulidades en los procesos”, denuncia Curtis.
Ha solicitado a los jueces que le giren oficio para ver a sus representados, derecho que está contemplado en el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua: “el procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor”, pero siguen sin permitírselo.
Curtis sigue al frente de sus defendidos, pese a que prevalece el hermetismo y la desventaja en los procesos. Reconoce que lo hace en un contexto de amenazas contra sus colegas, en el que los riesgos del ejercicio han aumentado.
De forma particular, nunca ha recibido amenazas, pero ha constatado que personas de civil lo han seguido, particularmente, cuando sale de los Juzgados, estaciones policiales, del Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como “el Nuevo Chipote”.
“Creo que es como una forma de presión o de intimidación”, valora.
Desde su perspectiva los riesgos actuales que enfrentan los defensores no se debe directamente a los 26 casos de presos políticos, sino a la coyuntura general que “se siente más presión o como si hubiera aumentado el peligro”, subraya.
Además de representar a cinco reos de conciencia, Curtis también ha acompañado a 27 periodistas que fueron interrogados por la Fiscalía. No es una labor que cualquier abogado está dispuesto hacer, revela.
Varios de sus colegas consideran que se exponen demasiado al acompañar a un periodista o cualquier otra persona que sea citada por la Fiscalía en el contexto de las investigaciones contra la FVBCh y Funides.
Otros abogados piensan que al llegar a la Fiscalía automáticamente quedan tachados como opositores, pero Curtis considera que es parte del trabajo que se debe desarrollar.
Aclara que en la Fiscalía lo han tratado con respeto y nunca lo han intimidado. Pero no niega que el “hecho que se vaya un abogado por cualquier motivo manda un mensaje a los demás abogados, y ellos dicen: si a este le paso eso, a mí también me puede pasar, mejor no me meto y eso ha complicado un poquito el que tengan defensa”.
Abogados indefensos en Nicaragua
Para “Carlos” en la coyuntura actual del país, representar algún preso político incrementa más la posibilidad de ser amenazado, intimidado, perseguido o incluso, que le abran un proceso judicial injusto.
En Nicaragua hay más de 30 000 abogados inscritos en la Corte Suprema de Justicia, pero solo un grupo menor se ha involucrado en la defensa de los presos políticos desde el estallido social de 2018.
Cuando un abogado empieza a defender a una persona considerada como opositor por el Gobierno le estigmatiza como “golpista” y le bloquean el trabajo. “Te criminalizan porque te impiden ejercer la profesión”, señala “Carlos”.
Para Fornos, el riesgo de la criminalización de los abogados es real y se puede agudizar aún más, a medida que se aproxime el proceso electoral. “El nivel de exposición y de potencialidad —que ocurra un hecho en su contra— lo conoce cada abogado de forma particular. Sabemos que hay un alto nivel de riesgo para nuestros colegas defensores”, alerta.
Uno de los temores en que coinciden los defensores es verse involucrado en un proceso penal. Mientras no haya Estado de derecho en Nicaragua, si hay una orden de que la Policía confeccione un expediente, “te lo van armar, no estás exento como profesional del Derecho”, sostiene el abogado “Carlos”.
