Régimen duplica los secuestros de opositores en abril de 2023

Durante los primeros 21 días de abril de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha secuestrado a 39 opositores, más del doble de los que encerró en todo ese mes de 2022: 14 ciudadanos. De los recientes detenidos, 30 siguen en prisión, sin ser presentados ante las autoridades judiciales, sin acceso a una defensa e incomunicados con sus familiares; los restantes nueve fueron liberados.

Este abril ha sido “más intenso” en comparación con el año pasado, comenta una fuente del Monitoreo Azul y Blanco, quien “no descarta que la situación empeore” al finalizar este mes.

De acuerdo con la organización, el total de incidentes relacionados a las violaciones de derechos humanos en abril 2022 fueron 253 casos –hostigamientos, amenazas, agresiones, control territorial-; sin embargo, en este año el ritmo ha sido más acelerado y ya registran 195.

La fuente advierte que si la represión continúa al ritmo marcado por Semana Santa, los datos de abril de 2022 “podrían superarse con facilidad”.

La tarea de sistematización y verificación no es nada fácil en un país donde impera un estado policial de facto y el temor se percibe en la población, que rehúye denunciar por su propia seguridad. Esto indudablemente provoca que el subregistro de casos de detenciones o cualquier otro tipo de agresión crezca, indica la fuente. Prevalece un “nivel de terror impresionante” entre la población, agrega.

Desde la escalada represiva de 2021, cuando la Policía ejecutó una oleada de secuestros de líderes sociales, políticos y gremiales, ahora desterrados en Estados Unidos y convertidos en “apátridas”, es más difícil acceder a información en los territorios, señala el Monitoreo. Para este año ese desafío creció, porque la mayoría de detenidos no pertenecían a movimientos o asociaciones conectadas entre redes de apoyo, sino que están ligados a la Iglesia católica, actualmente perseguida por la dictadura. En cada abril, desde la protestas cívicas de 2018, el régimen recrudece la persecución contra la población civil, especialmente familiares de víctimas, excarcelados, opositores y líderes sociales.

Iglesia católica bajo la mira de Ortega

Desde 2018, Ortega ha acusado sin pruebas a la Iglesia y sus obispos de ser cómplices de un supuesto fallido golpe de Estado, nunca había dirigido su maquinaria represiva contra la feligresía, sacerdotes y jerarcas católicos. Eso ocurrió este 2023, cuando sometió a los católicos a vivir una Semana Santa sin procesiones, con visitas de jefes policiales a párrocos y con patrullaje constante afuera de los templos.

Durante la Semana Mayor, primera de abril, se registraron casi la mitad de los secuestros contabilizados por el Monitoreo Azul y Blanco. El departamento con más casos es Masaya, con doce detenidos; seguido de Chinandega con cuatro; y Granada con tres.

La fuente revela que la mayoría de los capturados cumplen con un perfil religioso, ya sea que desafiaron a la Policía participando en alguna actividad que estaba prohibida o simplemente ejercieron su derecho a la libertad de culto de otra forma, como el caso de una persona que supuestamente elevó una plegaria por la libertad del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, y trasladado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, Tipitapa, tras negarse a ser desterrado junto a 222 exreos políticos en febrero pasado.

También hay otro grupo de personas que no están asociadas a nada político. El Monitoreo las clasifica como “autoconvocadas” porque no están directamente ligadas a ninguna organización o movimiento opositor al Gobierno, sino que fueron criminalizadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, señala la fuente. En menor número también están detenidos líderes territoriales, excarcelados, familiares de víctimas, un periodista y rostros de abril, que tuvieron algún rol protagónico en las protestas cívicas.

Gran parte de los recién encarcelados permanecen en el Distrito III de la Policía, donde las autoridades los han sometido a incomunicación e indefensión. Sus familias solamente han podido entregar artículos de higiene personal y comida, pero no los han visto. Se desconoce en qué condiciones se encuentran, y de qué les acusan. Están “volviendo al patrón de silencio, desinformación y ocultamiento”, refirió la fuente. Esa situación ya había pasado con los presos políticos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, sometiéndolos a un total aislamiento por varios meses.

Para el Monitoreo es “alarmante” que los detenidos en Semana Santa sigan en la cárcel porque, creían que sus secuestros serían de “tipo exprés”, como una especie de amenaza. Por otro lado, también señalan que el régimen persiste con el control territorial, ya que confirmaron la presencia de policías, paramilitares, turbas o simpatizantes del Frente Sandinista apostados en sitios icónicos de la lucha cívica en diferentes departamentos del país y en atrios de parroquias. “Es un mecanismo para mantener controlada a la población”, destaca la fuente.

¿Quiénes son los presos políticos más recientes?

Debido al temor impuesto por el régimen orteguista, la mayoría de parientes de presos políticos recientes temen hablar con la prensa independiente. Sin embargo, CONFIDENCIAL logró hablar con dos fuentes ligadas a dos reos de conciencia para conocer un poco más de ellos.

Jasson Noel Salazar Rugama, 26 años: Fue detenido por la Policía el 4 de abril a las 8:13 a. m. En el operativo participaron alrededor de 20 agentes y allanaron el lugar. Informaron, sin presentar una orden judicial, que el joven era requerido para una entrevista en el Distrito III de la Policía, que regresaría ese mismo día.

Salazar fue presentado a una audiencia especial el 5 de abril, pero aún no hay una acusación formulada en su contra. El 11 de abril se interpuso un recurso de exhibición personal, pero el Tribunal de Apelaciones lo declaró improcedente.

El joven es el vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de abril (MU19A) y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El líder estudiantil cursaba la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la confiscada Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) —y bastión de la lucha cívica—, donde se destacó como el mejor alumno de toda la institución educativa. Su involucramiento en las protestas y su liderazgo estudiantil lo convirtió en víctima de persecución policial, temiendo en varias ocasiones ser apresado, señaló el MU19A.

Olesia Muñoz: Tras su excarcelación en 2019 mediante una Ley de Amnistía, fabricada a medida del régimen, Muñoz se apartó de cualquier movimiento cívico y político. Volvió a congregarse en grupos parroquiales y su voz de soprano resonó nuevamente en los templos católicos. Se ganaba la vida con un camioncito de acarreo, que fue confiscado por la Policía el Sábado de Gloria, tres días después que un contingente policial la sacó de su casa con la excusa que necesitaban entrevistarla, señaló una fuente familiar bajo anonimato.

Muñoz llevaba una vida relativamente normal en comparación con otros excarcelados políticos, que siempre estuvieron bajo hostigamiento del régimen, y tuvieron que exiliarse. Al no estar involucrada en grupos de oposición, Muñoz se sentía a salvo. Sin embargo, con la arremetida del régimen contra la Iglesia, la soprano volvió a estar en la mira de la Policía. El Miércoles Santo había ensayado con un grupo de personas para unas actividades religiosas, y probablemente, ese fue el detonante de su detención, indicó la fuente. Múltiples personas ligadas a la Iglesia han señalado que la Policía ha criminalizado la reunión de grupos de oración, pastorales y demás, indicando que no deben de realizarse y amenazando a sus líderes.

La fuente señaló que Muñoz permanece en el Distrito III de Managua. La ciudadana fue condenada a 30 años de cárcel en 2018 por varios delitos.

Algunos detenidos conocidos públicamente son:

• La joven Anielka García, originaria de Chichigalpa, Chinandega
• José Ángel Cerrato García, reconocido opositor de Nindirí, Masaya
• Tres jóvenes que protestaron por la prohibición policial de que no saliera la tradición de Los Cirineos, en Nindirí, Masaya
• Víctor Ticay, periodista de canal 10,
• Cándido Sánchez López, Luis José Ruiz Sánchez y una tercera persona, todos miembros del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL)
• Jimmy Bonilla y Enmanuel Gutiérrez, originarios de Nandaime
• Abdul Montoya, excarcelado político.
• Juan Bruno Centeno Espinoza, originario de El Jocote, Somoto