5 de julio 2020
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Este sábado 4 de julio, un grupo de 89 nicaragüenses de un total de 1 180 que se encontraban varados en Panamá lograron entrar a territorio nica, aunque originalmente debía ser de 100 personas, pero que debido a trabas impuestas del lado nicaragüense no se pudo completar la repatriación tal cual se esperaba.
El 3 de julio, Migración de Panamá informó en su cuenta de Twitter que finalmente el Gobierno de Nicaragua había autorizado el ingreso al territorio nica de un primer grupo de 100 migrantes, sin embargo, desde entonces se han encontrado diferentes trabas que han limitado, tanto la cantidad de personas como la eficacia de la repatriación.
Entre las limitaciones impuestas por el gobierno nicaragüense se encuentran que priorizarían a niños, mujeres y ancianos, la solicitud de documentación 72 horas antes de que se inicie el viaje o incluso el cierre completo de las fronteras para no permitirles el ingreso sin explicar las razones.
La mayoría de estos nicaragüenses abandonaron Panamá porque perdieron sus trabajos como consecuencia de la pandemia del covid-19. Sin ningún método para subsistir decidieron regresar a su tierra y ahora permanecen en el limbo mientras autoridades de Panamá y Costa Rica les brindan apoyo temporal.
Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo a CONFIDENCIAL que el gobierno de Nicaragua, a pesar de haber llegado a acuerdos con Costa Rica y Panamá para que los migrantes pudieran llegar a sus hogares en suelo nica, el gobierno decidió de forma unilateral que los grupos no entrarían cada 8 horas.
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"Nos decían los organizadores que ellos sienten que no se cumplieron los acuerdos porque a este momento deberían haber 400 ciudadanos nicaragüenses en camino o ingresado a Nicaragua. Nada de eso sucedió y más bien hay información que hasta el lunes se va a reanudar la salida de nicaragüenses hacia Nicaragua", explicó Cuevas.
Los migrantes debieron salir de Panamá desde el viernes por la tarde, sin embargo fue hasta el sábado a las nueve de la mañana que emprendieron su viaje de regreso a casa. Mientras esperaban, Migración de Panamá los trasladó a albergues en la ciudad de Chiriquí donde han permanecido desde el 3 de julio.
Viviendo en los albergues
Desde la cuenta de Twitter de Migración de Panamá se han publicado imágenes en las que los migrantes han participado de jornadas de salud y hasta han recibido ayuda humanitaria mientras han permanecido en territorio panameño.
En total son 1 180 personas las que se encuentran en Chiriquí, algunos de ellos, según informó la directora de Migración de Panamá al medio digital Nicaragua Investiga, abandonaron sus apartamentos para subirse directamente al autobús y viajar hacia Nicaragua, pero al poner trabas el gobierno nica, su situación se complicaba.
https://twitter.com/migracionpanama/status/1279096111978987521
Muchos de ellos permanecían en la terminal de autobús Albrook y las autoridades se encontraban preocupadas porque, dada la situación de pandemia del covid-19, podrían exponerse a contagios.
El miércoles primero de julio ya se había logrado que un primer grupo de migrantes entrara a Nicaragua, pero fueron 50, un número todavía más pequeño que lo propuesto inicialmente.
Nicaragua cerrada para los nicaragüenses
El caso de los varados en Panamá no es el único. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ortega ha negado la entrada a más de 500 nacionales, desde que la pandemia fue decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes permanecen en países vecinos, incluyendo Costa Rica, Panamá, Honduras, islas en el mar Caribe y barcos en altamar.
El Gobierno sostiene que las restricciones al ingreso de los nacionales obedecen a un “modelo ordenado y seguro (…) en estos tiempos de pandemia” y la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que los grupos de migrantes entrarían poco a poco al país una vez que presentaran documentación que avalara que no están contagiados con covid-19.
Tanto la OMS, como la CIDH, han expresado su preocupación por el caso de Nicaragua, de forma reiterada. Las mismas inquietudes han sido exteriorizadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la alta comisionada de Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Con información de EFE
