21 de agosto 2021
El Ministerio de Gobernación (Migob) solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica a otras 15 organizaciones no gubernamentales (ONG), elevando a 45 el número de oenegés nacionales e internacionales pulverizadas en el último mes por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según una iniciativa de Decreto de Cancelación de Personerías Jurídicas de las Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro, que fue presentada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez el pasado 18 de agosto, las organizaciones habrían “desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa”, obstaculizando la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob, que es el ente regulador.
En realidad, a partir de 2018, el Gobierno preparó el terreno para cerrar paulatinamente las oenegés. Cuando las organizaciones de la sociedad civil llevaron la documentación requerida al Ministerio, siempre fueron rechazadas. Una de las oenegés consultadas intentó infructuosamente decenas de veces presentar su informe anual. Las organizaciones que trabajan con el empoderamiento de la mujer, la protección del medio ambiente y la participación pública en diferentes ámbitos, han sido las más atacadas por el régimen de Ortega y Murillo.
Las organizaciones que serán despojadas de su personería jurídica son: el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular (INIEP), Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA), Acción Médica Cristiana, Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social (ICIS) y la Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia (CEGODEM).
En la lista también se encuentran: la Federación de Organismos No-Gubernamentales de Nicaragua (ONG-NICARAGUA), Fundación Diakonia Nicaragua, Fundación Entre Volcanes, Fundación Médica Nicaragüense Dra. Concepción Palacios (FUMEDNIC), Fundación Mejía Godoy, Fundación Xochiquetzal, Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social (INGES), Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka - Jalapa (OYANKA) y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RED LOCAL).
Muchas de las organizaciones tienen tres décadas o más haciendo diferentes tipos de trabajo comunitario y educativo en las zonas urbanas y rurales de Nicaragua.
La iniciativa tiene como fundamento un informe que la directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob, Franya Urey Blandón, remitió al titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, en donde indica que las 15 organizaciones se encuentran “acéfalas”, debido a que sus juntas directivas tienen plazos vencidos. Además, los acusa de no haber reportado “desde hace varios años” sus estados financieros “con desgloses detallados”.
“No han presentado los convenios (donante y ONG) sobre sus proyectos y actividades, que definan claramente su fuente de financiamiento, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de la fundación”, se lee en el informe enviado a la Asamblea Nacional.
Además, el Migob reclama a las oenegés los documentos de identidad de todos sus donantes y beneficiarios. “No han entregado los documentos de identidad y origen de sus miembros donantes; nombres y apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta, domicilio y teléfono”, agregan.
Descabezan a organizaciones
El pasado 28 de julio los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) anularon la personalidad jurídica de 24 oenegés, entre ellas 15 asociaciones médicas, integradas por especialistas que han criticado el manejo gubernamental de la pandemia de la covid-19 en Nicaragua.
Luego, el 16 de agosto, Gobernación ordenó la cancelación del registro de seis oenegés originarias de Estados Unidos y Europa, alegando que en su actuar obstaculizaron “el control y vigilancia”, al no reportar sus estados financieros e incumplir otros requisitos legales para la recepción de donaciones.
Se espera que la cancelación de estas 15 oenegés sea aprobada el martes 24 de agosto por la mayoría de diputados sandinista en la Asamblea Nacional, quienes hacen posible que los deseos del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo se conviertan rutinariamente en ley.