19 de abril 2018
Las reformas a la ley de seguridad social tendrán consecuencias a corto plazo para jubilados y cotizantes; y a mediano y largo plazo para las empresas, y para la gobernabilidad del país, por la ruptura del esquema de diálogo entre el Gobierno y el sector privado aglutinado en el Cosep.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), describió el objetivo de la reforma como meramente “recaudatorio”
Mientras la reforma de 2013 aumentaba las cotizaciones en tres puntos porcentuales, en un lapso de cuatro años, la reforma actual comienza a recaudar en 70 días: el primero de julio aumenta la sube en 2.75 puntos porcentuales de manera automática, y otro punto y medio en los siguientes 18 meses.
“Trata de traer al presente la mayor cantidad de plata posible. Estamos hablando de una recaudación que podría andar entre 5,000 a 7,000 millones de córdobas, lo que representa 1.5 % del PIB, y ubica esta medida como una de las grandes reformas tributarias”, aseguró.
Esa medida, que recaudará mucho dinero en muy poco tiempo, tendrá efecto sobre todos los actores de la economía: trabajadores, empresarios, pensionados actuales y futuros.
“Alguien que ganaba 18,000 córdobas por ejemplo, verá reducir su pensión en 15%. Si esta persona gana alrededor del salario mínimo, su pensión se reducirá en 30%”, graficó, explicando que así como hay un “castigo” a los estratos más bajos, también lo hay para los del otro extremo de la escala salarial.
“Para los que ganan más plata, se elimina el techo de los 2,800 dólares”, o sea que si antes se cotizaba al INSS solo sobre una parte de su salario, y el resto quedaba exento, ahora tendrá que cotizar sobre el 100% de sus ingresos.
Adicionalmente, el empleador tendrá que hacer un aporte mayor por ese empleado que gana más de 3,000 dólares por ejemplo, por lo que no duda que quienes tengan posibilidad de escamotear parte de sus ingresos, lo hagan para reducir sus pagos al INSS.
Chamorro relató que un empresario de la construcción le comentaba que el costo de un proyecto de vivienda que desarrolla en este momento subirá en 7%, por lo que calcula que la reacción de ese empresario podría ser despedir personal, paralizar incrementos salariales, o subir los precios, si tiene poder de mercado.
El efecto de subir estos impuestos, es que aumentará el desempleo “y ya ni se diga el que está desempleado, porque ahora será más larga la fila de los que buscan trabajo”, sentenció.
“Los efectos serán en todos los sectores, porque habrá empresas grandes, como las de manufactura, con 400 a 500 empleados, cuyo costo puede rondar los 100,000 dólares por empresa, igual que las que tienen una planilla muy cara de ejecutivos bien pagados, que se verán muy afectados por la eliminación del techo” explicó.
Gran preocupación e incertidumbe entre empresarios
Chamorro explicó que la actuación del Gobierno tomó por sorpresa a los empresarios. Aunque Funides no participa de las negociaciones, muchas veces asesora al Cosep para ayudar a determinar los efectos financieros de determinadas medidas, y por eso sabe que antes “había una especie de ceremonia en la que te sentabas en la mesa con los papeles en blanco y empezaba a intercambiar: hagamos esto o lo otro”.
“En este caso no hubo papel en blanco. Lo que hubo fue un papel impreso, y se dijo: estas son las medidas que pensamos implementar. Eso fue antes de Semana Santa y me parece que la voluntad de diálogo era inexistente porque lo que se presentó en ese momento, fue exactamente lo que se publicó” en La Gaceta.
“Creo que se trató de buscar algo, pero no se retomó nada de las cosas que se habían planteado, como por ejemplo poner sobre la mesa la liquidación de activos no productivos, inmobiliarios que tiene el INSS, que podía resolver el problema; la reducción de los gastos administrativos: nada”, detalló Chamorro.
El economista aseveró que “hay una gran incertidumbre”, porque a la publicación sorpresiva de las reformas a la seguridad social, se le suma la posibilidad de una reforma fiscal, además que la mañana de este miércoles, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional dictaminó la Ley de Lavado de Activos.
En marzo, el Gobierno había aprobado la Ley del Salario Mínimo (como antes había aprobado las leyes canaleras), sin lograr el consenso que Ortega elevó a rango constitucional, por lo que Chamorro opina que “están pasando muchas cosas que van a definir el futuro del diálogo público - privado”.
“Se está creando un precedente que tiene a mucha gente naturalmente preocupada. Vamos a ver qué sale de esto. Espero que se vuelva al canal del diálogo, la cordura, pero esta es una ley de tanta importancia, que no descartaría la hipótesis del parteaguas”, vaticinó.