“Si no hay justicia hoy, habrá justicia mañana” en Nicaragua

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas expresó en un pronunciamiento “su profunda preocupación” por la reforma total a la Constitución “que otorga al Gobierno del presidente Daniel Ortega un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación”.

El abogado constitucionalista Reed Brody, nombrado en septiembre de 2024 como nuevo miembro del GHREN, que integran su presidente Jan-Michael Simon y la jurista Ariela Peralta, considera que “aparte de unas monarquías absolutas, yo no creo haber visto una Constitución que concentra tanto el poder en manos del Ejecutivo”.

En una entrevista con Esta Semana, que se transmite en el canal de YouTube de Confidencial debido a la censura televisiva en Nicaragua, Brody resaltó que la independencia del Poder Judicial en Nicaragua ya estaba vulnerada, pero “el hecho de limitar el Poder Judicial en la Constitución para mí es lo más grave”.

Conocido como el “cazador de dictadores”, Brody inició su carrera internacional como defensor de derechos humanos en Nicaragua hace 40 años, cuando en 1984 investigó las atrocidades de la contrarrevolución armada contra la población civil, y ahora tiene la misión de investigar los crímenes de lesa humanidad atribuidos a Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la cadena de mando de la represión, que han sido señalados en los informes del GHREN.

Brody participó en la investigación del genocidio en Ruanda, y llevó ante la justicia internacional al dictador de Chad, Hissène Habré. Además, participó en la investigación y documentación de crímenes cometidos por los dictadores Augusto Pinochet, en Chile, y Jean-Claude Duvalier, en Haití.

Durante 20 años fue consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch. Ha encabezado misiones de la ONU en la República Democrática del Congo y El Salvador. Representó a mujeres exiliadas del Tibet en la conferencia de la ONU en Pekín, y desde hace algunos años anda detrás del exdictador de Gambia, Yahya Jammeh, que está exiliado en Guinea Ecuatorial.

El abogado norteamericano, nacido en Hungría, destaca que la misión del GHREN no es provocar un cambio de régimen en Nicaragua. “No son los casos (judiciales) en algunos países, o en La Haya, los que van a cambiar el régimen. Pero son una forma de dar justicia a las víctimas, de permitir que las víctimas hablen y presenten cuando puedan los hechos, de dignificar a las personas, de hablar de sus sufrimientos, de documentar. Y yo creo que es muy importante tanto para nuestro Grupo como para las oenegés y la sociedad civil documentar, porque eso nunca se pierde. Y si no hay justicia hoy, habrá justicia mañana”.

Esta semana el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua emitió un pronunciamiento en el que expresan su profunda preocupación con la reforma total a la Constitución de Nicaragua, que le otorga al régimen Ortega Murillo “un poder ilimitado sobre la población”. ¿Qué implicaciones tiene esta nueva Constitución para los derechos humanos en Nicaragua, que ya habían sido arrasados por las vías de hecho en los últimos seis años?

Justamente, con esa reforma a la Constitución el Gobierno actual parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones.

Como dijo el Alto Comisionado de Derechos Humanos (de la ONU) Volker Türk, esos cambios podrían marcar el fin de las libertades y del Estado de derecho en Nicaragua. Erosionan aún más los ya frágiles contrapesos restantes al Poder Ejecutivo.

Yo soy abogado constitucionalista. Me ha tocado, en otro momento de mi vida, trabajar para Naciones Unidas consultando a países que elaboran sus constituciones. Y la verdad es que aparte de unas monarquías absolutas, yo no creo haber visto una Constitución que concentra tanto el poder en manos del Ejecutivo.

Una buena Constitución moderna es una Constitución de poderes limitados. Evidentemente, hay distintas formas de organizar el poder, hay sistemas parlamentarios, hay sistemas presidenciales, hay monarquías constitucionales y eso corresponde a un Estado, a su pueblo, decidir. Pero lo peligroso es la incidencia en los derechos humanos, sobre todo la falta de independencia del Poder Judicial. En cualquier sistema el Estado de derecho tiene que ser defendido por un Poder Judicial independiente.

Y aunque de facto esto ya se viene vulnerando desde mucho tiempo, el hecho de limitar el Poder Judicial en la Constitución para mí es lo más grave. Por ejemplo, en la reforma presentada se quita la prohibición de la tortura expresa en la Constitución, pero Nicaragua sigue siendo parte de la Convención contra la Tortura de distintos tratados y la reforma habla de los instrumentos internacionales. Pero si no hay un Poder Judicial independiente para castigar la tortura, ¿cómo se va a aplicar?. Eso para mí sería lo más grave, rebajar el nivel del Poder Judicial.

En el comunicado que emitió el Grupo de Expertos hacen un llamamiento a la comunidad internacional sobre esta reforma que pretende legalizar una dictadura totalitaria que ya existe en Nicaragua. Pero a excepción de la ONU, y de un tweet de un subsecretario de Estado de Estados Unidos, y del Secretario General de la OEA, de la cual Nicaragua ya no es parte, no hay ninguna reacción de algún país de América Latina o de la Unión Europea. ¿Acaso hay una normalización de la dictadura de Nicaragua en la comunidad internacional?

Tal vez. Las medidas del Gobierno vienen una tras otra y tan rápido, que a muchos les cuesta estar al tanto de todo lo que pasa. Yo creo que todo el mundo tiene conciencia de lo grave de la situación en Nicaragua. Y están buscando cómo pueden incidir en la situación, pero es cierto que ha habido, fuera de la OEA y Naciones Unidas, una ausencia notable de censura a esas medidas.

Cuando el Gobierno elimina los derechos individuales que anteriormente estaban protegidos en la Constitución, es como que un violador de derechos humanos se está auto incriminando de manera directa. ¿Eso tiene alguna alguna repercusión para la investigación que se hace en Nicaragua?

Una situación de facto, se convierte en una situación de iure y eso eventualmente ayuda a demostrar una intencionalidad, una cadena de mando, o sea que las violaciones no son producto de mandos medios, de personas puntuales. Y el hecho de que se ponga en la Constitución como una política de Estado, (demuestra) que viene de las personas que promulgan esas normativas.

En los informes que ha presentado el Grupo de Expertos han identificado, en efecto, una cadena de mando de altos funcionarios que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, como posibles responsables de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué hace falta para judicializar esas responsabilidades individuales? ¿Hasta dónde llega el trabajo de la Comisión?

Nuestra comisión tiene como mandato investigar e identificar a los responsables y ya en los informes anteriores el Grupo ha señalado la responsabilidad posible del presidente y de la vicepresidenta, y ha informado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Pero corresponde a los Estados encontrar medidas para judicializar las cuestiones. Hay varias posibilidades de las que se ha hablado ya en los informes y de que se habla gente en general. Hay un procedimiento ahora en la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, por violación al derecho de asociación. En Argentina, hay casos individuales bajo el régimen de la competencia universal. Pero también existe la posibilidad de que algunos Estados hagan demandas contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia por falta de cumplimiento de sus distintos tratados, como la Convención contra la Tortura o también la Convención de 1961, para la reducción de casos de apatridia.

Evidentemente, la apatridia es un problema mundial. Pero los casos en otros países vienen a raíz de situaciones de refugiados, guerras, o personas, puntualmente, que pierden la nacionalidad por acusaciones de terrorismo. Por lo que yo he visto y estudiado, no hay ningún país en que tantas personas han sido despojadas de su nacionalidad. Tú bien lo sabes, como en Nicaragua, Desde febrero del año pasado al menos 456 nicaragüenses han sido formalmente despojados de su nacionalidad. Y después hay otro informe recién que dice que por lo menos 111 nicaragüenses han sido, de facto, despojados de su nacionalidad, cuando ellos fueron a renovar su pasaporte.

Entonces, la cuestión de la apatridia es la violación que más caracteriza a Nicaragua frente a todos los otros países del mundo. Y sería muy interesante que hubiera un Estado que tuviera el coraje o el interés en buscar judicializar esa cuestión.

No son los casos (judiciales) en otros países, o en La Haya, los que van a cambiar el régimen. Pero son una forma de dar justicia a las víctimas, de permitir que las víctimas hablen y presenten cuando puedan los hechos, de dignificar a las personas, de hablar de sus sufrimientos, de documentar.

A la par de la aprobación de esta nueva Constitución dictatorial, en esta misma semana se ha llevado a cabo una nueva redada de detenciones en Nicaragua. Hay por lo menos 30 personas que están desaparecidas pero bajo el estado de miedo que hay en Nicaragua, ni siquiera las familias se atreven a denunciar y a presentar sus nombres. ¿Qué alternativa pueden tener en esta condición de indefensión?

Es muy difícil, primero para ellos y segundo para nosotros. Nosotros hacemos el trabajo desde fuera. Y tampoco queremos poner en riesgo las vidas o la integridad física de las personas. Entonces, me interpela esa idea de encontrar formas de hacer denuncias con más seguridad.

Es claro que hoy día en Nicaragua quien hace una denuncia pone en riesgo su vida, su integridad física. Entonces, tenemos que encontrar mejores maneras de que la gente pueda desde Nicaragua o, desde fuera, denunciar y darnos hechos concretos.

Basado en tu propia experiencia investigando crímenes de lesa humanidad en otros países, ¿de qué depende la esperanza de justicia en Nicaragua? Alguna gente dice —primero tiene que haber un cambio político para que se pueda avanzar a la Justicia. ¿O acaso las iniciativas de justicia internacional también pueden abrir caminos para esos cambios políticos?

Los dos. Evidentemente, no se va a cambiar, no se pretende, y tampoco es el trabajo de nuestro Grupo, cambiar el régimen. Pero, las iniciativas judiciales son una manera de proyectar una luz sobre una situación para debilitar la legitimidad de violaciones que se cometen.

Cuando estuvimos en Londres en 1998, en el caso de (Augusto) Pinochet, en la Cámara de los Lores, un miembro de nuestro equipo jurídico era Roberto Garretón, que había sido el jefe jurídico de la Tutela Legal de la Iglesia católica en Santiago. Y él me decía: —En aquel momento bajo Pinochet, nosotros hemos interpuesto miles de habeas corpus. Nosotros hemos documentado todo y yo me preguntaba por qué estoy haciendo todo eso, pero hoy con Pinochet detenido en Londres, con las audiencias sobre su inmunidad aquí en la Cámara de los Lore, yo entiendo por qué lo hacía.

Y yo creo que es muy importante tanto para nuestro Grupo como para las oenegés y la sociedad civil documentar, porque eso nunca se pierde. Y si no hay justicia hoy, habrá justicia mañana.

Ustedes están en este momento recabando evidencias, testimonios ¿De qué manera? Las víctimas o informantes, ¿cómo pueden tener una comunicación segura con el Grupo de Expertos y brindarles su testimonio, o información? Reed Brody.

Si van a nuestro sitio web, del Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, en el GHREN, ahí hay unos enlaces para hacer denuncias de forma confidencial. Escríbanmos a ghren@un.org, instamos a las personas a emprender esa vía.