24 de septiembre 2020
En una casa hecha con láminas de zinc y postes de madera a orillas del Lago Cocibolca vive Fátima Chavarría, madre de tres niños y habitante del barrio el Kilombo, ubicado en Granada, quien hoy sigue esperando que las autoridades de la municipalidad “cumplan” con el censo y la reubiquen, junto con su familia, en una de las 41 viviendas financiadas por el Banco Mundial, contempladas en el proyecto de ampliación de la carretera Malacatoya-Granada.
“No nos quieren entregar las viviendas. Somos tres familias las afectadas. Ya les entregaron a 38 y el Banco Mundial financió 41, donde vamos nosotros, pero ahora la Alcaldía no nos las quieren entregar”, denuncia Chavarría.
Zoraida Abea, concejal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), declaró a CONFIDENCIAL que la situación de las tres familias ocurre por “capricho y corrupción” de los funcionarios de la Alcaldía de Granada, que se han negado a entregar las tres viviendas que fueron donadas por el Banco Mundial (BM), pese a que las tres familias, encabezadas por Chavarría, Rafael Blanco y Belia Calero, aparecen en los censos que fueron levantados meses antes de la entrega del primero de junio.
“El banco no solo donó la ampliación de la carretera sino que donó 41 viviendas y estas tres familias estaban en ese censo, pero los dejaron por fuera… Es capricho de ellos porque les quieren dar a quien ellos quieren y eso no es así, se le da a quien corresponde. En este caso, a estas familias que viven en condiciones precarias y están en la zona afectada por la ampliación de la carretera Malacatoya”, señala Abea.
Cada vivienda que será entregada a los habitantes del Kilombo y Miralagos tiene un valor de nueve mil dólares, según explicó en medios oficialistas la alcaldesa de Granada, Julia Mena.
En total, el proyecto habitacional tuvo un costo de 62 millones de córdobas y fue nombrado como asentamiento Lomas de Granada, según informó la edil en medios oficiales.
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Mena confirmó además, este miércoles en medios oficialistas, que el proyecto habitacional beneficiará a 41 familias, pero no mencionó si se incluyó a las tres familias que desde hace cinco meses piden que cumplan con el censo donde fueron anotadas.
CxL pide auditoría
La concejal Abea señala que la exclusión de las tres familias puede estar ligada a que los funcionarios de la comuna priorizaron a quienes no habitan en la zona afectada, además apunta que los costos del proyecto habitacional son "dudosos", por lo que asegura ha agotado las vías administrativas para que se revise el caso de las tres familias y ha pedido al Banco Mundial que realice una auditoría del proyecto.
Abea explica que ha intentado -por todas las vías administrativas- conseguir una respuesta de los representantes de la Alcaldía para estas tres familias que habitan en el Kilombo y esperan la reubicación, pero “sigo sin recibir una respuesta”.
“La Alcaldía asegura que las familias no viven ahí, pero no es así… Es pura corrupción la de ellos porque se las han entregado a personas que ni siquiera viven ahí y quieren dejar por fuera a estas tres familias”, señala.
Agrega además que el ingeniero Cano “se tomó atributos que no le corresponden porque no estaba encargado del proyecto y le orientó a tres familias que le entregaría, cuando estos no son de los que vivían en esa zona”.
Abea explica que, durante los primeros días de esta semana, ha entregado cartas en el Banco Mundial y el Ministerio de Transporte e Infraestructura, para que revisen en caso de estas tres familias y se les entregue las viviendas que les corresponde.
Por su parte, Chavarría afirma que han conocido que las autoridades de la Alcaldía de Granada no les han entregado sus viviendas porque las han destinado para personas afines al Frente Sandinista.
“Nosotros nos enteramos que las casas están siendo habitadas por un policía de apellido Quiroz y en la otra una maestra. Entonces, no nos las dan porque ya las han donado a personas que no habitan aquí en el barrio”, asegura.
La afectada afirma además que han visitado, las tres familias, la Alcaldía de Granada en más de veinte ocasiones durante estos cinco meses, pero “nada que nos dan una respuesta”.
“Nos han recibido mal, nos han corrido, no nos quieren ni ver y nos han humillado… La alcaldesa nos dijo que ella no sabía nada y solo nos sabe decir que nos aboquemos con Jeniffer (Ruiz), pero ella tampoco nos sabe decir nada”, denuncia.
La demanda de las tres familias es que se les permita tener "una casa digna" y "que se nos entregue lo que nos donó el Banco Mundial". A su vez, la concejal de CxL sentenció que seguirá abogando por las tres familias y, ahora, está a la espera de la respuesta del organismo internacional y de las autoridades del MTI, donde ya ha entregado cartas para que revisen los tres casos.
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