9 de mayo 2018
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Tres de los notables que fueron convocados al diálogo nacional, advirtieron al gobierno del riesgo que corre el país si fracasan las conversaciones, y reiteraron el llamado a que cese la represión en contra de los ciudadanos, si de verdad existe voluntad de resolver las cosas en una mesa, y no en el campo de batalla.
Uno de ellos es el académico Ernesto Medina Sandino, rector de la Universidad Americana (UAM), cuyo nombre fue vetado por el Gobierno de la lista que presentaron los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), para integrar la mesa de diálogo, proponiendo en su lugar a Ramona Rodríguez, rectora de la UNAN-Managua.
Eso motivó a los afectados a enviar una carta a los obispos expresando la posición de la sociedad civil, pues consideran que el gobierno “no tiene nada qué decir sobre quién va a representar a la sociedad civil, ni debe tener capacidad de vetar quién puede participar o no del diálogo”, dijo Medina.
“Desconocemos la autoridad que pueda tener el gobierno sobre nuestra representación, y confiamos en que los obispos, que fueron quienes nos invitaron, van a mantener que ellos nos invitaron, y que seguimos siendo parte del diálogo”, añadió el rector.
¿Quién cree en ese montaje?
Medina advirtió al Gobierno de Daniel Ortega que “se está moviendo en un terreno muy delicado, al tomar las acciones que hicieron ayer”, en referencia al montaje con el que quisieron responsabilizar a los jóvenes que se mantienen en la Universidad Politécnica (Upoli), por la quema de un bus de transporte colectivo.
“Este es un momento muy delicado… [el montaje] hizo que se incrementaran las dudas sobre la voluntad de diálogo del Gobierno. Muchos sectores piensan desde el comienzo que no es posible dialogar con el Gobierno, porque se conoce su trayectoria, pero seguimos insistiendo que hay que darle oportunidad al diálogo, y que seamos capaces de resolver nuestras diferencias dialogando”, detalló.
Medina, que conoce cómo negocia la clase política nicaragüense, en especial la que detenta el poder en ese momento, dijo que “el Gobierno se equivoca si cree que, como en ocasiones anteriores, va a llevarnos al borde del precipicio, y que estando ahí, logrará que nos rindamos y que aceptemos cualquier cosa que ellos nos propongan”.
“Esta vez no estamos dispuestos a hacerlo. El gobierno ya lo ha hecho varias veces, y por eso estamos donde estamos. Hay que ponerle fin al uso de esos mecanismos de querer resolver los problemas mediante la presión, la violencia, el terrorismo, el miedo, pero tampoco estamos dispuestos a que el costo sea una mayor cuota de sangre de la juventud nicaragüense”, aseguró.
Gobierno debe ser responsable
Al referirse nuevamente a la quema del bus, a la retirada de las cruces en la rotonda ‘Jean Paúl Genie’, y destruir la imagen de la virgen de Cuapa en la rotonda de Ticuantepe, el docente universitario analizó que ese montaje “pretende criminalizar al movimiento estudiantil”.
Quieren “asociarlos con grupos vandálicos, y azuzar a los muchachos para que no sigan creyendo que el diálogo es posible en Nicaragua. Eso es muy peligroso, porque solo deja como alternativa, la represión y el derramamiento de sangre”, pero “el diálogo es la única salida cívica y pacífica que tiene este país”, declaró.
“Por lo que ha ocurrido, pareciera que el gobierno no cree en el diálogo, o no está interesado en el diálogo, pero nosotros sí, así es que desde aquí le hacemos un llamado al gobierno a ser responsable. Tenemos que exigirle responsabilidad al gobierno. Ellos son los únicos responsables si este diálogo no se da, y le pedimos a los obispos que le lleven este mensaje al gobierno”, refirió.
Que sea una buena solución
Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), clamó por ir al diálogo, y hacerlo bien. “No puede ser que dentro de 30 o 40 años, nuestros descendientes tengan que estar sentados aquí haciendo esto mismo”, rechazó.
Por su parte, Azahálea Solís, coordinadora política del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), opina que debe haber una salida pacífica, recalcando que Daniel Ortega y Rosario Murillo “todavía tienen la oportunidad de salir pacíficamente. Que no sigan ensangrentado la patria. Estamos frente a una situación límite, a la que nos han llevado estos once años de exclusión”.
Por ello demandó que pare la represión, pero también que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para que se sepa la verdad de lo que pasó; para que haya una Comisión de la Verdad, de verdad. Rechazamos ese remedo que quieren hacer, (la comisión parlamentaria de la verdad) que resulta una canallada, frente a lo que ha sufrido el pueblo de Nicaragua esta semana”.
Economía se resiente
Al exigir el cese de la represión, señalando que eso no abona al clima que debe establecerse para poder dialogar, el líder agropecuario dijo que la posibilidad de que el sector privado se vaya a un paro nacional “es un tema que está en la mesa, y lo veremos en la medida en que vayamos caminando por esta situación”.
La razón es que se le contempla como última alternativa porque conlleva un serio daño a la economía.
“Ya hay despidos en ciertas empresas, por la situación que están pasando. Los hoteles de Managua están al 25% de su capacidad, y los de los balnearios andan a 1%. La gente que ha invertido en turismo está siendo afectada”, porque todos tienen deudas con los bancos y obligaciones con sus colaboradores, así que “tenemos que buscar que haya el menor impacto económico. Hay que darle un chance al diálogo”, recalcó.
“Tenemos una oportunidad única en la historia, de solucionar los problemas a través de un diálogo, para recuperar la democracia, lo que implica que haya poderes independientes. No necesitamos arrancar de cero”, dijo en referencia a los informes de las misiones de observación electoral de la OEA, la Unión Europea y algunas organizaciones nacionales, donde se indica “qué podemos comenzar a hacer para democratizar al país”, sugirió.
Healy abogó por “asegurarnos que quien venga a hacer las investigaciones, sea una entidad internacional, como también lo pidió la Unión Europea”.
Cámaras exigen una Comisión de la Verdad que sea independiente
Organizaciones del sector privado han emitido sendos comunicados, en los que se insiste en exigir al Gobierno de Daniel Ortega que destierre de su mente la opción de seguir reprimiendo a la ciudadanía.
La Cámara de Microfinanzas (Asomif) insistió en la importancia de que “el diálogo se active a la mayor brevedad, con actores representativos, para que sus resultados sean creíbles y Nicaragua recupere la paz y armonía, la estabilidad económica y social, la seguridad ciudadana y la democracia para todos, con respeto a las minorías”.
También recalcó en que la administración Ortega debe autorizar de forma urgente la instalación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), “previo al diálogo”.
Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), condenó el uso de la violencia en contra de los pobladores de Niquinohomo, Catarina y Monimbó, exigiendo el cese de la represión, si se quiere “asegurar un ambiente propicio para la instalación inmediata de un verdadero diálogo nacional”.
INDE también demandó la presencia de la CIDH en el país, en especial, porque la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Asamblea Nacional “no cuenta con la independencia necesaria para la realización de una investigación creíble e imparcial”.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que dijo que varias de sus organizaciones participarán de la marcha cívica convocada para este miércoles 9 de mayo, e insistió en la conformación de una comisión “independiente y creíble”, descartando tácitamente, la Comisión que la Asamblea Nacional instalara el pasado domingo.
