28 de mayo 2022
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Un año ha transcurrido desde el inicio del agravamiento de la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que —entre el 28 de mayo y el 25 de junio de 2021— ejecutó 21 detenciones arbitrarias por razones políticas. En todos esos casos, los procesos judiciales siguieron el mismo patrón: comenzaron con la desaparición temporal de los reos por casi noventa días y terminaron con la imposición de condenas que van de 9 a 13 años de prisión o, como en el caso de Hugo Torres, con la muerte estando en custodia del Estado.
A propósito de este aniversario en prisión, CONFIDENCIAL analizó los primeros 21 casos de presos políticos capturados en el contexto de las votaciones generales de 2021, en las que Ortega se reeligió sin competencia política en un proceso ilegítimo. Estos casos dejan al descubierto las razones del régimen para ejecutar las capturas, la repetición de la misma secuencia de violaciones a derechos humanos y la nula intención de liberarlos.
Luego de convocar a las elecciones generales, el 6 de mayo de 2021, el régimen de Ortega y Murillo —que aspiraba a reelegirse para un cuarto periodo consecutivo— inició una “cacería” contra partidos políticos opositores, organizaciones gremiales, medios de comunicación y movimientos políticos surgidos tras las protestas masivas de 2018.
Primero, el 20 de mayo de 2021, el régimen ejecutó el segundo allanamiento ilegal contra CONFIDENCIAL y Esta Semana, y tras el primero de decenas de interrogatorios en el Ministerio Público, ordenó el secuestro de dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh): Marcos Fletes y Walter Gómez, el viernes 28 de mayo.
Las detenciones continuaron el 2 de junio con Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la FVBCh y aspirante a la candidatura presidencial al momento de ser puesta en arresto domiciliario. Tres días después, el 5 de junio, fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Managua el catedrático y también aspirante presidencial, Arturo Cruz Sequeira.
El martes 8 de junio, el régimen orteguista arrestó a cuatro opositores en menos de 12 horas. Fueron detenidos los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro; la integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza Cívica, José Adán Aguerri. Al día siguiente la cacería continuó con el arresto del abogado constitucionalista y exdiputado, José Pallais.
El arresto de Tamara Dávila, del Consejo Político de la UNAB y la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes MRS, la noche del 12 de junio, fue el preludio de otra cacería. Al día siguiente, el 13 de junio, fueron capturados: la comandante guerrillera y fundadora del MRS, Dora María Téllez; la integrante de Unamos y la UNAB, Ana Margarita Vijil; la presidenta de Unamos y miembro de la UNAB, Suyen Barahona; el exguerrillero sandinista y vicecanciller en los años ochenta, Víctor Hugo Tinoco; y el general de brigada en retiro, Hugo Torres, fallecido en prisión el 12 de febrero de 2022.
Otros presos políticos que entre finales de mayo y mediados de junio arriban a su primer año en prisión son: el expresidente ejecutivo del Banpro y CEO regional del Grupo Promérica, Luis Rivas Anduray; y el conductor personal de Cristiana Chamorro Barrios, Pedro Vásquez; ambos capturados el 15 de junio de 2021. También, el precandidato presidencial y periodista, Miguel Mora, capturado el 20 de junio; el cronista deportivo Miguel Mendoza y la exdiputada y exprimera dama, María Fernanda Flores de Alemán, arrestados el 21 de junio. Además, el exdiputado liberal y miembro del partido Ciudadanos por la Libertad, Pedro Joaquín Chamorro, fue capturado el 25 de junio.
Walter Gómez (izquierda) y Marcos Fletes (derecha), extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Desaparecidos por 90 días
Nadie sabía el paradero de Marcos Fletes y Walter Gómez. Ni sus familiares, ni sus compañeros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), ni sus abogados. Ambos estuvieron cerca de 90 días desaparecidos desde la noche del viernes 28 de mayo de 2021, cuando fueron secuestrados por agentes policiales.
Fletes, quien trabajaba como contador de la FVBCh, y Gómez, como financiero, supuestamente eran “investigados” por la Fiscalía por lavado de dinero, pero a sus familiares —que todos los días preguntaban por ellos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote— nunca les respondieron si estos se encontraban en ese lugar, tampoco les permitieron verlos ni hablar con ellos.
Al día siguiente de la captura, el Poder Judicial informó que la jueza Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Gloria Saavedra, había ampliado de 48 horas a 90 días el plazo para investigarlos. Durante ese periodo ambos, al igual que el resto de presos políticos, permanecieron “desaparecidos”.
Según una nota de prensa del Poder Judicial, Fletes y Gómez fueron puestos a la orden del Juzgado Décimo Penal de Audiencias el 29 de mayo de 2021 para una “audiencia especial de tutela de garantías constitucionales”, de la que no dio más detalles y habría ocurrido a puerta cerrada.
María Consuelo Céspedes, esposa de Gómez, relató que los primeros tres meses que su esposo estuvo desaparecido “fueron los más negros” debido a la incertidumbre que sufría por no saber nada de él. “Nosotros no tuvimos ningún contacto con él, no sabíamos cómo estaba y él tampoco tenía noticias de nosotros. La incomunicación es una tortura espantosa”, comentó.
Este proceso “ha sido muy duro”, expresó Céspedes. “Es duro porque él (Gómez) es inocente. Es algo que no debió ser nunca, él solamente hacía su trabajo y Walter es un hombre muy ético, ha trabajado en un sinnúmero de lugares y él nunca iba a permitir que lo involucraran en algo que considerara incorrecto”, agregó.
También un familiar de Marcos Fletes señaló que desde que su pariente fue detenido sus vidas se transformaron “en un caos”. Al principio “íbamos dos o tres veces al día” a El Chipote a preguntar si estaba encerrado ahí y “a dejarle una botella de agua”, pero las autoridades no las recibían, lamentó.
Los exprecandidatos opositores encarcelados: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Foto/Confidencial
Encerrados, incomunicados y sin derechos
El caso de Miguel Mendoza es otra muestra del patrón de desapariciones temporales y las torturas en prisión que viven los presos políticos. Ocurrió de forma casi idéntica con las integrantes de Unamos y de la UNAB, Suyen Barahona; Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil.
Mendoza fue detenido la noche del 21 de junio de 2021 tras un allanamiento a su vivienda en Managua. No se supo su paradero hasta 90 días después y durante el tiempo que lleva en prisión ha permanecido aislado, mal alimentado, sin exposición solar, permanece con luces encendidas o apagadas durante las 24 horas del día y es interrogado constantemente.
Este año que Mendoza ha estado encarcelado ha sido “difícil” para la familia. Predominan los “días llenos de angustia y desesperación”, relata su esposa Margin Pozo. Primero “pasaron tres meses desde la detención en que ella (la hija de ambos) me preguntaba dónde estaba su papá y yo no sabía qué responder” y ahora, que ya se sabe dónde está prisionero, las autoridades “no permiten que ella lo vea o que (los familiares) le llevemos a él una fotografía”.
Los estragos de la mala alimentación y los malos tratos en la cárcel se perciben en el cuerpo de Suyen Barahona, quien al momento de su captura, el 13 de junio de 2021, pesaba 145 libras aproximadamente y un año después, su esposo César Dubois estima que, apenas llega a las 110 libras. Su semblante es pálido, pero ella “intenta mostrarse optimista” cada vez que su familia la visita.
“Al principio vivimos una gran angustia por no saber nada de ella”, recuerda Dubois. “Cuando finalmente logramos verla fue una gran alegría”, pero las condiciones en que se encuentra encerrada son “duras”. La Policía “no permite que llevemos alimentos sólidos” y aunque “nosotros vamos todos los días a El Chipote a dejarle una botella de agua y dos bebidas nutricionales”, con el tiempo “nos hemos enterado que ella solo recibe —quizá— tres bebidas nutricionales a la semana”, agregó.
En el caso de Tamara Dávila “el aislamiento es extremo” ya que se encuentra en una celda totalmente clausurada y solo recibe aire a través de una hendija en la puerta. No tiene cobijas para abrigarse por las noches, ni materiales de lectura, ni fotografías, ni nada que la conecte con el exterior y los oficiales la torturan diciéndole constantemente que es “una mala madre”, según denuncias de su hermana, Ana Lucía Álvarez.
Durante este año en prisión, la mayoría de los presos políticos han experimentado una abrupta pérdida de peso y han desarrollado enfermedades que no padecían antes. Quienes sí tenían enfermedades crónicas también han sufrido graves complicaciones de salud, como le ocurrió al general de brigada en retiro, Hugo Torres Jiménez, quien falleció estando en custodia del Estado.
Tras la muerte de Hugo Torres, el régimen Ortega-Murillo se vio obligado a cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar a los presos políticos: Arturo Cruz, de 68 años; José Pallais Arana, de 68; Pedro Joaquín Chamorro Barrios, de 70; y Víctor Hugo Tinoco, de 69. Bajo esta medida cautelar también se encuentran: Cristiana Chamorro Barrios y María Fernanda Flores. Y presos políticos de los meses posteriores, como los exdiplomáticos Mauricio Díaz y Edgard Parrales, también están ahora bajo arresto domiciliar, ante el grave deterioro de su salud y su avanzada edad.
Intentan quebrantarles la voluntad
Para Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, todas las arbitrariedades cometidas por las autoridades del régimen contra los más de 180 presos políticos, son la continuación de una sistemática represión en la que se han cometido graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Existen “características comunes” en el trato hacia las personas presas políticas, “como las detenciones arbitrarias y el sometimiento a procesos judiciales arbitrarios, con inventos de acusaciones y falsos delitos”, precisó Carrión. Pero valora que a este grupo de presos, que son mediáticamente más conocidos, porque fueron detenidos en el contexto electoral y porque varios son precandidatos de la oposición, “lo han tratado con mucha saña”.
El trato “particular” a este grupo de presos políticos ha consistido en: “desaparición temporal, aislamiento prolongado, encierros inhumanos, hacerlos sufrir con luces permanentes u oscuridad permanente, con poco sol, falta de alimentación hasta deteriorar su salud física y mental o hasta casi matarlos de hambre. Incluye también interrogatorios después de estar condenados”, enfatizó el defensor de derechos humanos.
Según el artículo 33 de la Constitución Política de Nicaragua, una persona solo puede ser detenida en virtud del mandato de un juez competente o en caso de flagrante delito. Si ese fuere el caso, todo detenido tiene derecho —entre otras cosas— a ser informado de las causas de su detención y de la acusación en su contra, a informar a su familia y a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Las detenciones con fines políticos “no siguen el legal y debido proceso”, advirtió Carrión. En estos casos los detenidos “están en completa indefensión, no hay derecho a ser oído y tampoco hay derecho a guardar silencio, porque cuando hay torturas, cuando hay sometimiento contra la integridad de la persona, tanto tormento está dirigido a quebrantar su voluntad, su integridad personal y moral para que digan todo lo que el torturador quiere que digan”, subrayó.
El defensor de derechos humanos también valoró que las torturas y tratos crueles a los presos políticos obedecen a “una política de Estado” dirigida a hacerlos sufrir y criminalizarlos. “Hay un empeño del régimen de causarles el máximo daño y ahí exhibe una maldad enorme, como pasó con Hugo Torres, quien murió por las condiciones de encierro en que lo tenían”, comentó Carrión.
Por otro lado, el propósito del régimen al privar de derechos tan fundamentales a ese tipo de personas, que son muy conocidas y con prestigio, es “enviar el mensaje a la población, para infundir terror, para silenciar, para desmovilizar”, destacó el defensor de derechos humanos.
Juzgados en El Chipote
“Mi esposo fue condenado a 13 años en prisión siendo inocente” y actualmente “no tiene acceso a sus abogados”, denuncia Victoria Cárdenas, esposa del preso político Juan Sebastián Chamorro. “La indefensión en que se encuentra él y todas estas violaciones al debido proceso, estas violaciones a sus derechos como ser humano, son sumamente preocupante”, continúa.
El caso de Chamorro es igual al resto de presos políticos capturados en el contexto electoral de 2021, quienes fueron juzgados en la cárcel El Chipote. Las audiencias fueron realizadas a puertas cerradas y no de forma oral y pública como manda la ley. Finalmente la justicia orteguista los condenó por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y los sentenció a penas que van de nueve a 13 años de cárcel.
Para Carrión, los juicios en la cárcel de El Chipote constituyen “una brutalidad que se sale de cualquier valoración jurídica” y que resume una cadena de abusos de poder que dañan la integridad de la persona en sus derechos. “El problema es que son sentenciados, condenados a condenas infames y en absoluta indefensión, hasta podríamos decir que la idea es que sean juicios en la completa soledad”, comentó.
En estos simulacros de juicios en la cárcel “no se respetan los principios de legalidad, presunción de inocencia, respeto a la dignidad de la persona, la proporcionalidad. No todas las personas acusadas tienen que ir a prisión y aquí es generalizado, hay personas valetudinarias presas y su integridad está en riesgo”, argumentó el defensor de derechos humanos.
Mientras tanto, Cárdenas relata que este año que su esposo lleva en prisión ha sido “traumático”, ya que ni ella ni su hija han tenido comunicación directa con él. Situación que califica como “una tortura” que “obviamente se hace con la intención de quebrarlo a él y a nosotros, porque no cumplen con las reglas básicas de los sistemas penitenciarios”.
Siete visitas en un año
Las visitas familiares a los reos políticos en El Chipote también son administradas de forma arbitraria. En estos casos no existe un calendario establecido como en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), sino que dependen de las órdenes que reciben los funcionarios a cargo. Es así que durante el año que este grupo de reos de conciencia llevan en prisión solamente han tenido siete visitas, en las que sus parientes pudieron constatar las duras condiciones de su encierro.
“La primera visita fue muy breve y solamente me permitieron entrar a mí, que soy su mamá”, recuerda María Josefina Gurdián, conocida cariñosamente como Pinita, quien es madre de la presa política Ana Margarita Vijil.
Desde ese primer encuentro, las visitas han sido esporádicas y no cada tres semanas como ocurre en el SPN. “Hay veces que pasamos 43 días, casi dos meses, entre visita y visita”, apuntó Pinita, mientras lamenta haber perdido una de las visitas a su hija debido a que tuvo que realizarse dos cirugías de emergencia para tratar el cáncer que padece.
“Fue una situación de mucha gravedad, fueron dos cirugías seguidas y en la segunda me tuvieron que intubar. Desgraciadamente ese día tocaba visita y Ana Margarita se quedó con el terrible dolor de que yo me moría porque no había forma de avisarle que solo había estado intubada 36 horas y que ya estaba fuera de peligro. Ella pasó sufriendo hasta la siguiente visita”, relató Pinita.
También un pariente de la excomandante guerrillera y actual presa política, Dora María Téllez, comentó que las difíciles condiciones en la prisión no han variado desde el primer día y a lo largo de este año han percibido “un deterioro paulatino” en la salud de su familiar aunque “ella es una mujer sana que hace ejercicio, pero el deterioro físico se le nota”.
El familiar de Téllez expresó, además, que se siente “impotente por no poder ayudarla”. Mientras, “el abogado hace lo que puede y no lo que la ley le permite y lo que puede hacer realmente es muy poco porque todas esas detenciones obedecen a una decisión política, todos esos juicios obedecen a una decisión política; entonces, ahí el marco de acción es muy poco”, concluyó.
Los familiares de los presos políticos también han realizado las gestiones necesarias para solicitar un cambio de medida cautelar, de prisión preventiva a casa por cárcel, principalmente para los reos enfermos y de mayor edad, pero los jueces a cargo no han respondido a todas las solicitudes.
CIDH urge garantizar contacto con sus familias
En la antesala de este primer aniversario en prisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el pasado 13 de mayo al Estado de Nicaragua que garantice a las personas presas políticas en El Chipote, la comunicación y contacto con sus familiares, hijas e hijos “en condiciones dignas, seguras y conforme a los estándares internacionales y la legislación nacional”.
Según el organismo regional, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la CIDH, recibió información “sobre la persistencia de deplorables condiciones de detención, de hechos de maltrato, aislamiento, incomunicación y la falta de acceso a atención médica oportuna, adecuada y especializada de las personas detenidas en El Chipote; muchas de ellas beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH y medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Asimismo, la CIDH está al tanto de la negativa de las autoridades para garantizar la comunicación de los presos políticos con sus hijos, debido a la restricción absoluta de visitas por parte de personas menores de edad. Por lo que recuerda al Estado de Nicaragua que —conforme al artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos— los privados de libertad tienen derecho a recibir y enviar correspondencia y a mantener contacto personal y directo, mediante visitas periódicas, con sus familiares, representantes legales, y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas parejas.
