2 de julio 2022
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El régimen de Daniel Ortega continúa sometiendo a interrogatorios diarios a los presos políticos, cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, a pesar de que fueron condenados a penas que oscilan entre siete y trece años de prisión.
Para la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, estos interrogatorios “no tienen ninguna explicación lógica” y, más bien, son considerados como “mecanismos de tortura para intimidar y mantener aterrorizados a los presos”, expresó.
Desde que los reos de conciencia fueron arrestados, en la escalada represiva ejecutada meses antes de las votaciones presidenciales, los familiares denunciaron las diversas violaciones contra el proceso, lo que se tradujo en juicios políticos irregulares.
La mayoría de estos procesos fueron basados en acusaciones por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y por “propagación de noticias falsas", tipos penales creados por la dictadura en 2020 con el fin de reprimir.
El abogado Henry Salatiel López explicó que el preso político puede ser sujeto de interrogatorios en el proceso, pero solamente por las autoridades competentes como son el Poder Judicial y el Ministerio Público, y debe ajustarse a las diferentes audiencias, “no significa que de forma automática el acusado va a ser interrogado”, aclaró.
“No cabe técnicamente los interrogatorios que está haciendo la Policía porque ya la parte investigativa ya pasó, fue cuando fueron puestos a la orden del Ministerio público, formularon acusación y luego, a la orden de la autoridad judicial. Ya hubo sentencia”, expresó, López, quien calificó la medida de ilegal.
Buscan atormentar a los reos de conciencia
Núñez considera que las autoridades de El Chipote analizan cuál es la situación emocional de cada preso político y buscan como “atormentarlo” porque cada cuestionamiento es para “profundizar su situación de ansiedad y de inseguridad en la que se encuentran”, sostuvo.
En las últimas resoluciones sobre medidas cautelares otorgadas a presos políticos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que los interrogatorios continúan. Contra unos presos políticos es evidente una mayor saña, ya que los cuestionan varias veces al día, incluida la madrugada, mientras que a otros lo hacen con menor frecuencia.
“El propuesto beneficiario habría sido sometido a interrogatorios constantes durante su detención, pese a ya haber sido condenado”; “los interrogatorios se habrían intensificado y que durarían más tiempo y varias veces al día”, señala la CIDH en sus resoluciones.
Según Núñez, no hay un tema recurrente; a unos les preguntan si continuarán dedicándose a la política, a otros, sobre la situación general del país, sobre las elecciones municipales y en algunos casos hablan de cualquier cosa, no les preguntan hechos concretos. “No tienen características investigativas -los interrogatorios-, sino que definitivamente es solo para atormentarlos, para torturarlos”, señaló.
Hay 28 presos políticos cautivos en El Chipote, quienes forman parte de un grupo de 61 reos de conciencia capturados entre mayo y noviembre de 2021. Son sometidos a completo aislamiento, hambre, frío, una limitada atención médica, además de visitas reguladas de forma antojadiza.
López coincide con Núñez que los interrogatorios en El Chipote son actos de tortura, en los que además se violentan los derechos políticos que cualquier ciudadano tiene al preguntarles sobre su involucramiento en la política.
“Eso indica que el régimen de Daniel Ortega a través de la Policía Nacional sigue ejerciendo actos de represión, actos de discriminación y actos de violación a los derechos humanos que se materializan con la tortura psicológica, por esos constantes interrogatorios”, expresó López.
Abogados siguen incomunicados con presos políticos
Tras los juicios políticos realizados en El Chipote, en que la comunicación entre abogados defensores y reos de conciencia se redujo a minutos, no se han vuelto a ver, en clara violación al artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que señala entre las garantías mínimas de un proceso, que la persona "tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor".
"Esa violación a ese derecho también se continúa dando de manera indefinida, actualmente menos porque acceso a audiencia no hay", expresó el abogado López.
Los defensores han continuado la ruta de justicia en Nicaragua, y apelaron el fallo judicial contra los reos de conciencia al Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), este ha respondido ratificando las sentencias emitidas por la batería de jueces alineados al Frente Sandinista, y actualmente, inician el proceso de casación, que implica la evaluación de la Corte Suprema de Justicia sobre los procesos de los presos políticos.
