14 de octubre 2015
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La súbita preocupación gubernamental por el medio ambiente, esgrimida por la Primera Dama Rosario Murillo como la causa principal para declarar inviable el proyecto de minería de la empresa B2Gold en Rancho Grande, no resulta convincente para investigadores sociales y ambientales, que han seguido proceso de cerca desde hace varios años.
Roberto Stuart, sociólogo matagalpino del Centro de Estudios y Análisis Político (CEAP) y Tania Sosa, oficial de incidencia del Centro Humboldt, no creen que las razones del retroceso oficial sean por el tema ambiental, ya que esas afectaciones se conocían con anterioridad y eran ignoradas por las autoridades, mientras la empresa minera B2Gold activó luz verde para invertir más de tres millones y medio de dólares.
“Lo que ocurrió fue que la presión los desbordó¨, aseguró Stuart en una entrevista en el programa televisivo Esta Noche. Ellos controlan las instituciones, pero la mayoría de la gente tiene un rechazo sostenido (hacia el proyecto minero) y ellos previeron que iba en ascenso y no había manera de detenerlos”, agregó.
Stuart explicó que las movilizaciones no ocurrieron de la noche a la mañana: fue un proceso de cinco a siete años en el que se fueron involucrando organizaciones campesinas de base e instituciones como la iglesia católica que observaron un movimiento popular poderoso.
El éxito de este movimiento es que no tienen una “única cara” que los represente y se organizan por comunidades, indicó Tania Sosa del Centro Humboldo en el mismo programa televisivo.
Rancho Grande es un municipio de pequeños productores dueños de diversas riquezas agroecológicas: áreas de cacao, ganado, café y granos básicos, y su vocación es a favor de una agricultura sostenible.
Aunque la empresa B2Gold invirtió ingentes recursos para persuadir a los líderes locales de las bondades de la minería, Stuart considera que no lograron convencerlos. “Los pobladores de Rancho Grande están concientizados con los impactos que generan los mega proyectos. La gente no es tonta, ellos conocen cómo se desarrolló la minería en Bonanza, que comienzan con empresas y después entran guiriseros que desbaratan alrededor”, indicó.
“EL movimiento campesino fue sumando, atrayendo. Lo que hace el Obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, es apoyar y trasladar el clamor de la población”, agregó.
El investigadora matagalpino dijo que el trabajo político en Rancho Grande ha quedado a cargo de los funcionarios de la Alcaldía, entidades gubernamentales y miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes han impedido las marchas, desautorizado a transportistas, presiones a los líderes y enjuiciado a una activista comunal
“Todo el aparataje mediático y canales de televisión y radio, no dicen una sola palabra sobre la manifestaciones en rechazo. La contramarcha que hubo fue organizada por el secretario departamental del FSLN”.
Para Stuart, este caso también es un “campanazo” para las empresas que creen que bajo el amparo del Gobierno pueden ignorar las leyes y los procedimientos de consulta ciudadana. “Esto da valor a la institucionalidad del país, que las cosas se están haciendo correctamente”.
La advertencia del Centro Humboldt
En enero de este año, un grupo de ciudadanos que se oponen a la explotación minera en Rancho Grande, acompañados por el Centro Humboldt, interpusieron un Recurso de Amparo en el que solicitaron suspender cualquier acción o de explotación minera ante el peligro de sufrir daños graves e irreparables causados por la actividad minera.
Desde el 2004, el Ministerio de Fomento Industria y Fomento (MIFIC) entregó la concesión para la exploración minera en el municipio de Rancho Grande. El actual proyecto de explotación en la Mina Tajo Pavón, solicitada por B2Gold, a través de una subsidiaria “Minerales Nueva Esperanza S.A”, fue el que se declaró inviable.
En el recurso señalaron los potenciales impactos sociales y negativos. Entre los principales destacaron la contaminación de los recursos hídricos, atmosférica y perdida de bosques primarios.
En el documento señalan que los efectos ambientales y sociales se pudieran dar en la fase de exploración y explotación. Otros fuertes impactos que denunciaron fue el consumo de agua, generación de drenajes ácidos y el bombeo de aguas subterráneas.
En el ámbito social, sostuvieron que la actividad minera tendría efectos en la calidad de vida de la población, en particular de las mujeres, ya que se verían forzadas a extender sus jornadas de trabajo en busca de agua saludable, leña y alimentos para el sustento de su familia. Así como daños en la salud humana y otros generados por las explosiones.
Informaron que la veta en Cerro Pavón se extiende de sur a norte, lo cual afectaría las comunidades las Brisas y Yaoska Central, como señaló Marena entre los principlaes perjuicios del proyecto.
“Se verificó la afectación de las aguas río Yaoska en su parte alta y media y la acumulación de sedimentos contaminados en la parte baja”, agrega el escrito. “De autorizarse el permiso, se causaría perjuicios irreparables para las presentes y futuras generaciones ya que todos los metales pesados una vez diluidos y el material inerte drenaran hacia el rio Yaoska”.
En un acto de diálogo con más de cinco mil ciudadanos del poblado y ante la presencia de María González, alcaldesa de Rancho Grande; la viceministra del Ministerio de Energía y Minas (MEM); Miriam Raudez, Ministra del MINED y Sadrach Zeledón, alcalde de Matagalpa, la Ministra del Marena señaló que: “La empresa B2Gold tiene únicamente permiso para explorar, no hay permiso ambiental para explotar Rancho Grande”.
Sin embargo, en un estudio elaborado por el Grupo Estratégico contra la Minería en Matagalpa, el Centro Humboldt y otras organizaciones, se demostró que en la parte de la subcuenca se encontraron evidencias de contaminación de manantiales que fueron perforados en el periodo de exploración.
El 15 de agosto de 2014, la evidencia se entregó en físico a las autoridades del MARENA, MEM y MINED, con una convocatoria a un dialogo.
La respuesta de la Viceministra del MEM fue que “nadie va a venir a un país a invertir más de 10 o 15 millones de dólares en una exploración para la búsqueda de un recurso, y de repente no va a tener derecho a producirlo… les tenemos que garantizar que si ellos encuentran oro, lo pueden producir, para recuperar la inversión”.
Concesión negada no es la única
Tania Sosa, oficial de incidencia del Centro Humboldt, dijo que le parece sorprendente que lo que ahora Marena señala en su resolución es muy parecido a los argumentos del Recurso de Amparo que interpusieron a inicios de año. “En ese momento su respuesta no tiene nada que ver con lo que dicen ahora públicamente”.
Explicó que a partir de 2010, cuando la concesión de exploración fue cedida a B2Gold, comenzó la insistencia de explotar la zona Tajo Pavón.
Sin embargo, la concesión negada por el Gobierno no es la única que existe en el municipio de Rancho Grande. Hay por lo menos cinco concesiones similares en la zona, según Sosa. “Si realmente el interés fuera escuchar al pueblo de Rancho Grande que ha dicho que no quieren minería de ningún tipo”.
“No creemos que sea una victoria completamente para Rancho Grande, ya que a lo mejor como declararon inviable en El Pavón, pueden ir a otras comunidades a explorar”.
Según el MEM, existen 172 concesiones en el país, de ellas 8 son activas, 4 en explotación y el resto están inactivas porque están en procesos de conseguir permisos.
A Sosa le sorprendió que declararan inviable el proyecto, cuando nunca se conoció ni hubo una consulta pública donde presentaran los beneficios e impactos. “El estudio tiene que hacerse público. Eso dice mucho que los procesos de consulta pública para este tipo de proyectos no se están cumpliendo”.
La nueva versión de Marena
Después de una revisión, inspección y análisis, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) determinó que la explotación minera a cielo abierto en Rancho Grande, Matagalpa, tendría impactos y riesgos ambientales directos, según la carta de remisión demla la resolución firmada por la ministra Juana Argeñal.
Según el documento, Marena se basó en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales que establece “principio de precaución ante los impactos que causasen los proyectos, obras y servicios para prevenir daños ambientales y sociales”.
Durante el trámite de revisión, el equipo técnico interinstitucional determinó que el área de emplazamiento del Proyecto de acuerdo a los instrumentos técnicos de medición, “Es un sitio que presenta riesgos a desastres ambientales por deslizamiento con rangos pendientes. Así como también ocasionaría afectaciones ambientales directas a la hidrología superficial de las aguas de los ríos Yaoska y Tuma”.
La resolución indica que por las características del sitio y su cercanía con la reserva natural de Yaoska, tendría impactos negativo a las áreas de transito natural de las especies silvestres en la conectividad biológica con las reservas naturales del macizo de Peñas Blancas y Bosawás.
En la resolución, Argeñal enfatiza que la empresa no puede realizar ningún tipo de actividad, ni puede actuar al margen de la ley o en contra de las disposiciones de Marena, “Lo que constituiría una infracción muy grave”.
El repentino cambio de la decisión gubernamental se produjo diez días después que el pasado sábado 3 de octubre, los pobladores de esa zona expresaran su rechazo al proyecto en una multitudinaria marcha convocada por el obispo Rolando Álvarez, demandando la convocatoria a un referéndum, para decidir sobre la minería en el municipio.
El impacto en el sector empresarial
La decisión gubernamental tomó por sorpresa al sector empresarial. ¨No conocemos la resolución de Marena y qué dice sobre el medio ambiente, pero nos parece que esta es una decisión que más bien intenta responder a las inquietudes sociales de la gente de Rancho Grande¨, dijo una fuente del sector empresarial.
Indicó que los empresarios esperan una clarificación del gobierno sobre qué significa esta decisión y el manejo de las reglas del juego para futuras inversiones.
Por su parte, el General (r) Álvaro Baltodano, Delegado Presidencial para las Inversiones, Baltodano adelantó una respuesta oficial, abogando por “seguir impulsando otros proyectos de minería”, pero en otras zonas del país, tal como el triángulo minero, por ejemplo, a la vez que defendía la pertinencia de ese tipo de proyectos, y la implicación de las empresas mineras con las comunidades en las que están afincadas.
El funcionario dijo que “en esa zona sí hay oro, pero es una rica zona productiva que tiene otros potenciales [agricultura, ganadería], más la dimensión humana”, en referencia a las protestas de miles de ranchograndeños, oponiéndose a la minería en su municipio.
Baltodano relató que “el gobierno ha rechazado otras propuestas mineras”, porque pretendían instalarse en zonas declaradas reservas naturales, o en territorios indígenas.
La Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), emitió una nota de prensa en la que comunicaron su anuencia a reconocer la decisión del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), en el sentido “de considerar inviable el proyecto minero que desarrollaría la empresa Minerales Nueva Esperanza S.A.”.
“Nuestro socio cumplió los trámites y procesos establecidos por la legislación nacional, y estaba a la espera de la notificación oficial con respecto a su posible operación en Rancho Grande por parte del Marena, que por ley otorga el aval para operar. Caminic reconoce las competencias administrativas y valoraciones técnicas de esa institución gubernamental”, añade.
La entidad gremial insiste en su interés de “continuar con la implementación de una minería responsable con el medio ambiente, inclusiva, con beneficios para todos, y que contribuya al bienestar de las comunidades donde operamos, y el de Nicaragua”.
Celebran con cautela en Rancho Grande
En Rancho Grande la población está en calma. Después de conocer la resolución gubernamental, los dirigentes del movimiento Guardianes de Yaoska dicen que están satisfechos con el anuncio, aunque todavía sienten desconfianza.
Carlos Siles es uno de los dirigentes que estuvo al frente de la resistencia contra el proyecto minero en ese municipio, localizado a 214 kilómetros de Managua y a unos ochenta de Matagalpa.
La población recibió con agrado la noticia divulgada el lunes por la vocera gubernamental Rosario Murillo. "Nos satisface que se declarara no viable la explotación minera, pero vemos con desconfianza que todavía no se prohíba", dice el dirigente campesino, vía telefónica.
En los dos años anteriores, la empresa B2Gold había invertido alrededor de 3.5 millones de dólares en exploraciones en Rancho Grande. Y según Siles, "el problema es que aquí las cosas se pueden voltear", por tanto, agregó, "hasta que no tengamos una resolución definitiva, no vamos a estar tranquilos", explicó el lider comunitario.
Comentó que el movimiento cuenta con un respaldo mayoritario de la población de Rancho Grande (estimada en 32 mil habitantes), y aunque prometieron que harían otra marcha en celebración, si triunfaban, por ahora están descansando porque la organización de la movilización de la semana pasada implicó trabajo arduo durante tres meses.
"Hoy solo hubo una misa de acción de gracia en la parroquia municipal", concluyó Siles, quien prometió que estarán vigilantes ante las decisiones posteriores alrededor de la extracción de minerales en su territorio.
*Con la colaboración de Iván Olivares y Álvaro Navarro
